PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO (PPA)

El poder adquisitivo se refiere en general a la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con cierta cantidad de dinero. Es la relación entre el dinero que se posee y el precio que se paga por los productos y servicios.

Esa relación está afectada por la inflación o alteración generalizada de los precios, que condiciona el valor adquisitivo de la moneda.

La inflación actúa como un impuesto regresivo. Tiene mayor impacto cuanto menor sea la renta disponible de la familia, puesto que la dedicación al consumo es proporcionalmente mayor al descender la renta.

En el contexto internacional, la paridad del poder adquisitivo compara los precios de los productos que son similares en varios países y, corrigiéndolos con sus respectivas inflaciones, trata de establecer el poder de compra de los ciudadanos.

El análisis económico de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) afirma que el precio de un mismo bien en dos países debe ser igual al intercambiarse sus monedas. Sirve para comparar la productividad y el nivel de vida medio en las naciones.

Se fundamenta en la ley del precio único. Si no hay costes de transacción ni barreras comerciales, los tipos de cambio a largo plazo deberían hacer que los mismos bienes tengan precios similares.

Para medir el poder adquisitivo de dos divisas diferentes apareció en 1986 el “Indice Big Mac”. creado por la revista británica The Economist, que determina los tipos de cambio de una manera más simple que el cálculo a través de una cesta de bienes y servicios con productos adquiridos regularmente por una familia media.

La hamburguesa Big Mac resulta útil para establecer comparaciones entre las monedas, dado que es un producto estandar disponible en una amplia variedad de países.

El cálculo se realiza dividiendo el precio de una hamburguesa Big Mac en un país entre el precio del mismo tipo de hamburguesa en otro país con moneda distinta. El valor obtenido se compara con la cotización del tipo de cambio entre esas dos monedas y, si es menor al tipo de cambio de mercado, significa que la primera divisa está infravalorada, en tanto que si es superior, estará sobrevalorada.

Por ejemplo, el precio de un Big Mac en EE.UU es de 5,81 dólares y en la Eurozona de 4,8 euros. La relación (5,81/4,8) es equivalente a 1 euro = 1,21 dólares. Si el euro se cotiza en el mercado a 1,17 dólares, quiere decir que el euro está infravalorado respecto del dólar. Cabría esperar que se revalorice a largo plazo.

La Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) suele servir para eliminar el efecto de las oscilaciones del tipo de cambio de las monedas, que reflejan, entre otros factores, las diferencias de nivel de precios entre países.

El PIB en paridad del poder adquisitivo de todos los países se calcula convirtiendo sus monedas en dólares internacionales. Un dólar internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PIB que el que posee el dólar de los Estados Unidos en ese país.

 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

      Estimado abril 2022

                                                  

El cuadro muestra los seis principales países del mundo, ordenados según su PIB a valores de PPA. Es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por el país en un año, valorados a precios de dólares internacionales (USD).

Como puede observarse, la producción de China supera ya a la de EE.UU, una vez corregido el efecto de los precios. España ocupa el puesto 16 en este ranking, con un valor de PIB(PPA) de 2.209.419 millones de dólares, que representa un valor de 46.612 dólares por habitante.

ANALISIS DE LA DESIGUALDAD

 

Los estudios publicados por el economista francés Thomas Piketty en los últimos años han permitido profundizar en la evolución histórica de las desigualdades. En su ultimo libro “Capital e ideología”, con la figura de tipo elefante ofrece una imagen del crecimiento de la renta media por adulto entre 1980 y 2018 para cada decil en la economía mundial.

Observamos la curva dividida en tres tramos: el primero, que recoge el 50% de la población de menor renta, creció en los 38 años en torno al 80%, lo que supone un 1,56% de aumento medio anual acumulado. Se encuentran en este apartado los países emergentes (China, India, Brasil, Mexico...)

En el segundo tramo, con la población de los deciles de 50 a 90, las rentas crecieron en torno al 40%, que equivale al aumento anual medio acumulado del 0,89% En este grupo están los países desarrollados (EE.UU. Unión Europea y otros). En el tercer bloque se muestran las rentas más elevadas, sobre todo el correspondiente al 1% más rico, que capturó un 27% del crecimiento total mundial, cuando el 50% de la población de menor renta no capturó más del 12%

La categoría de regímen desigualitario más antigua y frecuente es la que se denomina “sociedad ternaria o trifuncional”, constituida por tres grupos: el clero, la nobleza y el tercer estado. El clero era la clase religiosa encargada de la dirección espiritual, que proporcionaba las normas y referencias morales. La nobleza era la clase militar, que aportaba seguridad y evitaba el bandolerismo generalizado.

El tercer estado lo constituía la clase laboriosa y plebeya, que agrupaba al resto de la sociedad, Incluía a campesinos, artesanos y comerciantes, que mediante su trabajo permitían al conjunto de la sociedad alimentarse, vestirse y reproducirse.

El clero y la nobleza eran los estamentos dominantes en Europa antes de la Revolución Francesa y concentraban una parte considerable de la riqueza, al tiempo que ejercían funciones señoriales y jurisdiccionales vinculadas a sus propiedades. Era una sociedad enormemente desigual. En Francia, por ejemplo, el 10% más rico de la población ostentaba más del 80% del total de la propiedad privada, y en España, hacia mediados del siglo XVIII, la Iglesia poseía entre el 25 y el 30% del total de las propiedades.

Con la Revolución Francesa cayó el Antiguo Régimen y se introdujeron cambios políticos importantes, pero solo se modificó ligeramente la concentración de la propiedad. El Estado asumió el monopolio de lo poderes soberanos y quedó establecido un derecho absoluto a la propiedad privada.

La segunda mitad del siglo XIX, con la gran industria y las inversiones financieras internacionales, fue el primer período de globalización financiera y comercial en el mundo. Se consolidó el capitalismo y la desigualdad alcanzó su nivel más elevado.

Las dos guerras mundiales del siglo XX llevaron al colapso a la propiedad privada. Las destrucciones materiales, junto a las nacionalizaciones, afectaron significativamente al valor y a la concentración de la propiedad.

El concepto de propiedad evolucionó hacia un carácter más social y la fiscalidad progresiva llegó a niveles elevados a mediados del siglo pasado en Europa. Al mismo tiempo, las nacionalizaciones reforzaron el papel del Estado, con un gasto público que financió sectores como la educación y la sanidad, iniciando la transformación de las sociedades propietaristas en socialdemócratas.

Piketty considera el período 1950-1980 como la edad de oro de la socialdemocracia, con un crecimiento rápido de la renta por habitante en Europa y la desigualdad anclada en niveles inferiores a los períodos anteriores. Los tipos impositivos alcanzaron valores elevados tanto en EE.UU como en el Reino Unido.

Consecuencia de la orientación conservadora de Reagan y Thatcher, que introduce la política de liberalización comercial, desregulaciones y privatizaciones, en las décadas de 1980 y 1990 se produjo un descenso de la progresividad fiscal, con aumento de la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad

En el siglo actual prevalece una ideología conservadora, “hipercapitalismo neopropietarista” en palabras de Piketty, que proclama la autorregulación del mercado, trata de limitar el poder del Estado y cuestiona la progresividad fiscal.

PACTO DE RENTAS

 

La política de rentas se fundamenta en un pacto para contener la inflación renunciando a indexar salarios y precios, es decir, no aumentarlos automáticamente con el Indice de Precios de Consumo (IPC), lo cual supone aceptar una pérdida de poder adquisitivo.

En el pacto se suele aceptar que los incrementos salariales serán inferiores a la inflación y, por tanto, perderán capacidad de compra. Los sindicatos se encargan de reflejar el acuerdo en los convenio colectivos.

La contrapartida empresarial que se pacta suele ser la congelación o limitación de los dividendos que se pagan a los dueños del capital, pero puede que no suponga una pérdida de poder adquisitivo. Los beneficios no repartidos se acumulan en la empresa y se pueden convertir en inversiones o dedicarse a la compra de activos financieros, que darán rendimientos distribuibles en el futuro.

A veces se habla de reducir los márgenes empresariales, pero esta medida exigiría una mayor capacidad de control sobre las empresas. La acción sobre los salarios es posible por los convenios colectivos, pero la decisión sobre el precio está de modo individual en cada empresa.

La alternativa del pacto de rentas formal entre sindicatos y empresarios es la situación de hechos consumados que se está dando en los últimos meses. Los convenios recogen la caída de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las empresas no pueden trasladar todo el aumento de costes a los consumidores, lo que implica que soportan parte de la inflación.

La cercanía actual a una inflación del 10% anual en marzo parece abocarnos a un pacto de rentas. Las dificultades de suministros y los precios de la energía, que se hicieron evidentes cuando empezamos a salir de la pandemia, son los principales causantes.

Es cierto que las tendencias inflacionarias iban en aumento debido a la escasez de combustibles fósiles, recursos no renovables, que se están agotando, sin que surjan sustitutos viables, en el proceso de transición energética.

El encarecimiento de la energía se transmite prácticamente a todos los productos y servicios. Solamente el transporte de los productos agrícolas requiere el consumo de importantes cantidades de combustible diésel. Como los alimentos intervienen en las cadenas de producción de muchos bienes y servicios, impulsan el incremento generalizado de precios.

Vemos en el gráfico la caída de la capacidad de compra de los salarios del 3,6% en 2021 y la previsión para este año: descenso del 4,5%.

El efecto inmediato de las subidas de precios es, por tanto, la disminución del poder de compra de las familias, lo cual reduce el consumo y la demanda agregada. Al mismo tiempo pierden competitividad las empresas, reduciéndose también las exportaciones.

La inversión privada se verá afectada por la incertidumbre de un futuro en el que las ventas caen y los costes de producción crecen. Será difícil que esta situación lleve a los empresarios a endeudarse o a dedicar mayores recursos propios a nuevos proyectos.

El sector público tampoco está en situación de expandir el presupuesto, por lo que el Gobierno español ha planteado en el Congreso de los Diputados un plan nacional de respuesta al impacto de la guerra, que incluiría el impulso de un pacto de rentas, pero los sindicatos se muestran escépticos en poder llegar a un acuerdo a corto plazo.

Este acuerdo, según apuntan desde el Ejecutivo, proporcionaría estabilidad desde la perspectiva de los costes sociales y los beneficios empresariales, la protección de las familias más vulnerables y de los sectores afectados, como el turístico y el agrícola, así como medidas para profundizar en la transición energética.

En definitiva, el reto es repartir las facturas de la guerra, la energía y las materias primas, así como las consecuencias de la crisis sanitaria, aceptando el compromiso empresarial de reducir dividendos y compartir beneficios, al tiempo que las pérdidas reales de salarios se vean compensadas en los próximos años.

RESULTADOS EDUCATIVOS

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del Bachillerato. Amplía de tres a cinco las ramas educativas a escoger en los últimos años y, para los estudiantes que no tengan una orientación definida, añade un Bachillerato General que permitirá dirigirse a diferentes titulaciones universitarias.

El próximo curso se ofrecerán nuevas asignaturas, como Emprendimiento Empresarial, Cultura Audiovisual e Historia de la Filosofía, esta última será obligatoria en segundo curso.

Se propone entre los objetivos transformar los Centros docentes en organizaciones digitalmente competentes, facilitando al profesorado actividades formativas certificadas para acreditar la competencia digital.

Continua el debate entre los profesionales de la enseñanza que dan más importancia a los conocimientos diciplinares en el desarrollo de los alumnos y los que defienden que educar es algo más que instruir y que en el proceso educativo los jóvenes interiorizan valores, además de adquirir conocimientos y habilidades.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa 38 Estados, remarca que la educación es un activo no solo por su valor intrínseco, sino también porque proporciona habilidades. Como resultado, la inversión en educación produce altos rendimiento en el futuro.

Actualmente se considera que la segunda etapa de educación secundaria (15-17 años) es el nivel mínimo para abordar con éxito el acceso al mercado de trabajo y es también requisito para acceder a la educación superior.

El fortalecimiento de este nivel medio educativo, tanto en su ámbito general como en el profesional, puede hacer más atractiva esta etapa para estudiantes con inclinaciones diferentes. Los programas de formación profesional pueden tener alicientes para estudiantes que buscan empleos más prácticos o que desean incorporarse antes al mercado de trabajo.

La tasa de graduación en España en la segunda etapa de educación secundaria es del 74,7 %, inferior a las de la OCDE (80,3 %) y a la de la UE22 (80,6 %), aunque ha crecido 8,5 puntos porcentuales en el período 2013 y 2019

El gasto en educación es mayoritariamente público (75%), pero las diferencias regionales son importantes. La heterogeneidad se da en las tasas de matriculación en los niveles no obligatorios, así como en el peso de los centros privados y en la importancia de la educación concertada

Influye también el entorno socioeconómico de los alumnos. En las Comunidades Autónomas con mayor renta es mas alto el gasto de las familias en educación. Los abandonos tempranos de los estudios son más frecuentes y las tasas de matriculación en niveles no obligatorios más reducidas en territorios de rentas bajas.

España tiene una de las tasas de abandono escolar temprano más altas de la Unión Europea, aunque ha logrado reducirla a la mitad en la última década, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La diferencia de género es importante. El abandono en los hombres ha caído del 31% al 16,7% y en las mujeres, del 21,5% al 9,7%.

No cabe duda de que el coste de oportunidad ha tenido influencia en esta mejora de la escolaridad. Si no se va a conseguir un empleo o el que se encuentre no va a tener buenas perspectivas, es preferible seguir estudiando. La crisis financiera y la más reciente de la pandemia han provocado la caída en la demanda de personal poco cualificado.

El Parlamento Europeo propuso a las autoridades educativas de los paises extender la educación obligatoria hasta que se alcance la mayoría de edad como medio para mejora la cualificación de los jóvenes, y lo están llevando a la práctica países como Alemania, Holanda, Bélgica y Portugal.

La propuesta de extender la educación obligatoria para los alumnos desde los 16 hasta los 18 años aparece de forma recurrente en el debate educativo. Ampliar hasta los 18 años la enseñanza obligatoria quizás sea una medida que ayude a superar la lacra del abandono escolar temprano.

EFCTOS DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

La política económica es el conjunto de medidas que adoptan los países para facilitar estabilidad y crecimiento económico, fijando directrices que lleven a un buen funcionamiento.

Entre sus objetivos se encuentran los de carácter coyuntural o de corto plazo, tales como el pleno empleo, la estabilidad de precios y la mejora en la balanza de pagos.

Otros objetivos son de carácter más estructural o de largo plazo, como el crecimiento del producto del país y la equitativa distribución de la renta y la riqueza.

En la política económica se distinguen dos disciplinas: la política fiscal, que recauda los impuestos y gestiona el gasto público, y la política monetaria, encargada de controlar la masa monetaria y los tipos de interés, para facilitar la estabilidad de los precios.

El crecimiento económico es quizás el resultado a largo plazo que buscan con mayor empeño las medidas económicas, y se mide por las variaciones porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) entre dos períodos.

En el proceso de crecimiento es relevante la productividad de los trabajadores, que puede aumentarse ampliando la inversión por trabajador y aplicando el avance tecnológico.

En el crecimiento influye también el nivel de demanda. Hace que se incremente la producción de las empresas y crea puestos de trabajo.

La observación de los resultados de las dos últimas crisis muestra que en la pandemia ha habido una caída del PIB mucho mayor (“V”acentada) que la provocada por la crisis financiera. Sin embargo, en la recesión de la pandemia el tiempo de recuperación ha sido la cuarta parte de la que hizo falta en la crisis anterior.

Parece que se ha aprendido de la crisis financiera. Ante la recesión de la pandemia, la política económica ha apoyado la demanda interna, incrementando el gasto social, con resultados mejores para el conjunto de la economía. La ideología conservadora de la corriente económica preponderante ha tenido que ceder ante una realidad contrastada.

En la crisis última han prevalecido los apoyos públicos a trabajadores y empresas, huyendo de las restricciones presupuestaria y recortes de gastos que condicionaron la salida de recesión anterior.

En estos momentos, la preocupante evolución de la inflación alimenta las tesis que piden la subida de los tipos de interés. Aunque la inflación está durando más de los esperado, incluso con alzas que se acercan los dos dígitos, la subida de los tipos por el Banco Central Europeo podría tener efectos muy nocivos en economías tan endeudadas como la española.

Pero Holanda y otros países del norte europeo no dejan de observar con suspicacia a los países sureños del continente. Insisten en la necesidad de reglas fiscales austeras, volviendo a las restricciones de déficit y deuda pública vigentes antes de la suspensión decretada, hasta finales de este año, por las autoridades europeas.

LAS CRISIS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

 

La Guerra Civil produjo en España la mayor contracción económica de la historia moderna del país. En 1936, el Producto Interior Bruto (PIB) español cayó un 26,8% y otro 7,4% en el año siguiente La consecuencia del conflicto bélico fue la pérdida de la tercera parte de la producción.

En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el PIB del país descendió de nuevo un 8,1%, en esta ocasión por la debilidad del socio alemán y el establecimiento de una autarquía con la intención de proteger la industria nacional. Pero un férreo intervencionismo estatal lo que trajo fue mercado negro y racionamiento.

En la década de los 70, la decisión de los países árabes de no vender petróleo a los que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur provocó subidas del precio del crudo, dando comienzo a la denominada crisis del petróleo.

La inflación se disparó y el desempleo aumentó. El país sufrió una crisis industrial y energética, que se agravó por la tardanza en reaccionar, ante el ocaso de la dictadura. Por fin, en 1977 se afrontó la situación con la firma de los Pactos de la Moncloa, con medidas para controlar la inflación y el déficit público.

Entre 1992 y 1995, tras los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla, con las Administraciones Públicas y empresas muy endeudadas, fueron necesarias cuatro devaluaciones de la peseta, la moneda nacional en la época, para afrontar la crisis de competitividad a consecuencia de la inflación, que se saldó con una caída del 1,1% en el producto del país.

Con el derrumbe de las hipotecas “subprime” y la caída de Lehman Brothers estalló en 2008 la conocida como Gran Recesión. Al reventar la burbuja financiera, los mercados entraron en pánico, cerrando el acceso a la liquidez.

Bajo la creencia asentada de que el precio de la vivienda siempre iría subiendo, los españoles se habían endeudado con el extranjero en cantidades elevadas a través de la banca. La entrada de dinero extranjero en abundancia encareció el país. La pérdida de competitividad hizo que se aumentara le compra de bienes y servicios del exterior. En las crisis anteriores, la evaluación de la moneda servía de correctivo, pero con el euro no era posible la devaluación. Empezaron los ajustes y la destrucción de empleo.

Como se consumía mucho más de lo que se producía, en plena burbuja inmobiliaria, en 2007, se necesitaron 100.000 millones de euros para financiar las cuentas públicas. El endeudamiento fue posible por la garantía que daba el euro. En el verano de 2012 se tuvo que pedir fondos a la Unión Europea para financiar el rescate de la banca.

La crisis de la pandemia Covid-19 ha sido otro mazazo para la economía española, que en 2020 se desplomó un 11% a causa de las restricciones que impusieron las autoridades para controlar la expansión del coronavirus.

El sector de servicios y la hostelería han sido los más castigados. Junto al sector exterior, ha caído la demanda interna y se ha desplomado la inversión. El sector público ha podido compensar una parte de la caída de las rentas de familias y empresas con la financiación del Banco Central Europeo.

La crisis de la pandemia ha supuesto una desviación de la senda de crecimiento que se había iniciado tras superar la crisis financiera. Esperemos que el conflicto bélico ucraniano que ahora nos preocupa no impida la reanudación de una nueva fase de crecimiento sostenible.

LA REFORMAFISCAL

 

El Gobierno español tiene en material fiscal, al menos, dos compromisos para este año: la reforma fiscal y un nuevo modelo de financiación autonómica, ambos considerados por muchos como auténticas “cajas de truenos”.

En el caso de la reforma fiscal, según el proyecto presupuestario enviado a la Comisión Europea el año pasado, se trata de acercarnos al nivel tributario de los países europeos. Con este objetivo, el Ministerio de Hacienda ha establecido diversas medidas tributarias. Algunas afectan a la fiscalidad medioambiental y otras a la economía digitalizada. La finalidad es garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar.

La capacidad recaudatoria del sistema fiscal español era escasa durante la dictadura franquista y no se pudo aprovechar el crecimiento económico de los años sesenta para introducir reformas fiscales que acercaran los niveles de recaudación a la media europea.

Fue durante los primeros años de la democracia cuando el país pasó de un sistema dependiente de la imposición indirecta a lograr un mayor peso en la imposición directa, con la introducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Teniendo en cuenta los impuestos recaudados como porcentaje de la renta total, a pesar del aumento de la tributación en los años ochenta y noventa, la progresividad del sistema fiscal español fue mejorando, pero no dejó de ser limitada. Los tipos efectivos apenas crecieron con el nivel de renta, debido a la evasión de las rentas más altas

La progresividad aumentó respecto a la transición durante el período 2013-2017, aunque los cambios metodológicos dificultan la comparación. Harán falta nuevos estudios para analizar los efectos distributivos de los sistemas impositivos a largo plazo.

Vemos en el cuadro la evolución de los principales impuestos en los últimos años. El IRPF entre los impuestos directos, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) entre los indirectos, los que más recaudan, crecieron en el año pasado hasta 92 y 71 miles de millones, respectivamente.

El comité de expertos para la reforma fiscal ha entregado recientemente al Gobierno sus conclusiones para modificar el sistema tributario español. Ha recomendado subir el IVA, imponer un mínimo para los impuestos de sucesiones y patrimonio e incrementar la fiscalidad de los hidrocarburos.

El diagnóstico es que hay necesidad de financiación en los servicios públicos para cubrir el déficit y afrontar otros retos, como el envejecimiento y el cambio tecnológico, por lo que los expertos creen que resulta imprescindible ampliar las bases tributarias, y una de las palancas para subir la recaudación es el IVA.

Es en la fiscalidad verde donde a España, según los expertos, le queda más margen para aumentar su recaudación, especialmente en lo que se refiere directa o indirectamente a los impuestos que gravan la circulación de coches.

El documento de propuestas también está a favor de una de las medidas en las que está trabajando el Gobierno: los peajes. Tanto en vías de gran capacidad como en urbanas, se gravará en las autovías en relación con la distancia recorrida, a través de dispositivos electrónicos.

Los expertos son partidarios de reducir los impuestos a la electricidad y gravar el queroseno, el combustible para la aviación exento hasta ahora, e introducir un impuesto a los billetes de avión para desincentivar el uso de este medio de transporte, cuyas emisiones se han incrementado mucho en los últimos años.