ECONOMÍA DE ESTADO ESTACIONARIO

 

En los últimos dos siglos, una parte de la humanidad ha superado la situación de pobreza y la esperanza de vida en Europa ha rebasado los 80 años. La vida de las personas se ha transformado, dotándose de mayores capacidades. Y todo ello ha sucedido en un contexto de crecimiento económico.

Pero las mejoras conseguidas se han repartiendo de modo muy desigual entre los países y también dentro de los países. Además, la situación ecológica se ha vuelto insostenible, con un cambio climático visible, deforestación excesiva, degradación de suelos fértiles y contaminación de aguas, poniendo en peligro muchos ecosistemas y la propia vida humana.

Desde el siglo XVIII a la actualidad la población se ha multiplicado por 10, pasando de unos 800 a cerca de 8.000 millones, lo cual ha supuesto extender el nivel de consumo, que ha impactado de modo negativo sobre el medio natural.

En este contexto resulta necesario reconsiderar el objetivo del crecimiento económico y tratar de reorientar la economía para evitar los demoledores pronósticos que anuncian los científicos, debatiendo conceptos como economía de estado estacionario y decrecimiento.

El profesor de la Universidad de Maryland Herman Daly, considerado como el principal defensor mundial de la economía de estado estacionario, la define como “una economía con existencias constantes de personas y cosas (productos) que se mantienen a un nivel deseado de suficiencia con una tasa baja de flujo de mantenimiento, es decir, el flujo de materia y energía más bajo posible desde la primera etapa de Producción a la última etapa de consumo”.

En el siguiente grafico el punto K* representa la situación de estado estacionario, en la que coinciden la inversión y la depreciación.

En una economía estacionaria existe un stock constante de riqueza física (capital productivo) y un tamaño de población constante. No crece en el transcurso del tiempo, con lo que es la única economía sostenible a largo plazo. Satisface las necesidades de las personas sin socavar los servicios de soporte vital del planeta.

La economía de estado estacionario no debe confundirse con el estancamiento económico: mientras que una economía de estado estacionario se establece como el resultado de una acción política deliberada, el estancamiento económico es el fracaso inesperado e inoportuno de una economía en crecimiento.

No cabe duda de que el objetivo del modelo de crecimiento económico resulta inviable y no es compatible con las reestructuraciones económicas que se requieren para superar la crisis de recursos que hay que afrontar, por lo que será necesario avanzar hacia los principios basados en la estabilidad.

Esos principios se pueden resumir en cuatro reglas: 1) mantener la salud de los ecosistemas; 2) extraer los recursos renovables a velocidad no mayor que la que pueden regenerarse; 3) consumir recursos no renovables a velocidad no mayor de la que pueden ser reemplazados por descubrimiento de sustitutos; y 4) depositar los desechos en el medio ambiente a velocidad no mayor a la que pueden asimilarse de manera segura.

EFICIENCIA Y EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS

 

Los impuestos son el recurso básico para financiar los gastos que hacen posible la existencia de los servicios públicos, a fin de atender las necesidades de los ciudadanos, tales como sanidad, pensiones, educación y servicios sociales. La fiscalidad es necesaria para reconocer y defender los derechos recogidos en las constituciones de los países. Hay quien afirma que la fiscalidad representa “el coste de los derechos”

Los impuestos afectan en mayor o menor grado a los incentivos económicos, y pueden alterar el comportamiento de los productores, consumidores y trabajadores, reduciendo la eficiencia, por lo que cualquier sistema tributario debería tratar de minimizar tal efecto negativo.

El gráfico siguiente, basado en la oferta y demanda de un producto, puede ayudar a observar la relación entre los impuestos y la eficiencia.

Si no hay impuesto sobre el producto, el precio y la cantidad de equilibrio se encontrarán en la intersección de las líneas de demanda y oferta. La cantidad de compraventa será Q2

El efecto que provoca un impuesto sobre el producto es una brecha entre el precio que paga el demandante (P2) y el que cobra de modo efectivo el oferente (P1), porque la Hacienda Pública se queda con la diferencia (P2-P1) en cada unidad de producto y recauda los ingresos del rectángulo en trazo oscuro. Observamos también que el impuesto produce un segundo efecto: reduce la cantidad de la compraventa hasta Q1, con lo que los ingresos serian (P2xQ1).

Por lo tanto, una subida del impuesto reduce la base impositiva. Cuando los impuestos son más altos, se realizan menos transacciones entre compradores y vendedores. El efecto disuasorio que tiene el impuesto es una ineficiencia, puesto que frustra los deseos de los grupos interesados en el producto.

Los aumentos recaudatorios no son proporcionales a las subidas de los tipos impositivos. Se puede llegar a que una subida impositiva no aumente la recaudación tributaria al ser anulada con creces por el descenso de la base impositiva

El segundo aspecto de un sistema impositivo es la equidad. Establece que las personas deben aportar a la Hacienda Pública según su capacidad contributiva, lo cual implica que los individuos deben estar sujetos a una carga tributaria acorde con su condición económica.

En la equidad impositiva existen dos componentes: la equidad horizontal, según la cual se debe imponer la misma carga contributiva a las personas que tienen una capacidad económica similar, y la equidad vertical, estableciendo que, cuanto mejor sea la condición económica del individuo, mayor sea la tasa de impuesto que debe pagar.

Al sistema fiscal se le pide que ayude a corregir las desigualdades que se producen como consecuencia del funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y factores productivos. Aplicando criterios de progresividad, se distribuyen las cargas tributarias bajo el principio de la capacidad de pago en los servicios públicos que resultan difíciles de individualizarse.

LOS METALES EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 

Las tecnologías con bajo contenido de gases de efecto invernadero, que incluyen las energías renovables, los vehículos eléctricos y el hidrógeno, requieren más metales que las basadas en combustibles fósiles. Cabe pensar, por tanto, en un aumento sustancial en la demanda de metales como cobre, níquel, cobalto y litio en los próximos años.

Por ejemplo, un automóvil eléctrico requiere seis veces los insumos minerales de un automóvil convencional y una planta eólica terrestre precisa de nueve veces más recursos minerales que una planta de gas. Desde 2010, la cantidad promedio de minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado en un 50% a medida que ha subido la participación de las energías renovables en las nuevas inversiones.

La Agencia Internacional de la Energía considera que estos metales serán los más afectados por la transición energética. El cobre y el níquel vienen comercializándose desde hace más de un siglo, utilizándose en tecnologías bajas en carbono. En cambio, el litio y el cobalto entraron en las bolsas de metales en la década de 2010, principalmente por usarse en baterías.

Aunque la demanda de estos metales podría dispararse en las próximos décadas, la oferta irá reaccionando lentamente a las señales de los precios. Como el litio se extrae de manantiales minerales y salmuera, las nuevas instalaciones pueden entrar en servicio en un plazo corto.

En cambio, el cobre, el níquel y el cobalto se extraen en minas, que requieren inversiones intensivas en capital, con lo que podrían requerir hasta 20 años en construirse. En consecuencia, la oferta sería bastante inelástica a corto plazo y más elástica a muy largo plazo.

Como se observa en el gráfico, la oferta de metales (en porcentajes) está bastante concentrada, con lo que los mayores productores (Pr) son también los que poseen las reservas (R) más importantes

La República Democrática de Congo (COD) representa en torno al 70% de la producción mundial de cobalto y el 50% de las reservas. Destacan Australia (AUS) para litio, cobalto y níquel; Chile (CHL) para cobre y litio, con otros países en menor medida.

Si se adoptase el escenario de cero emisiones netas, el incremento de la demanda podría llevar a que el conjunto de los cuatro metales alcanzasen en las próximas dos décadas un valor acumulado de 13 billones de dólares, que supondría igualar al montante estimado de la producción de petróleo. Se convertirían así en macro relevantes para la producción, la inflación y el comercio.

Pero existe elevada incertidumbre en el escenario de la demanda, dado que resultan difíciles de predecir tanto el cambio tecnológico como la velocidad y la dirección de la transición energética, condicionadas siempre a las decisiones políticas.

Esta incertidumbre puede dificultar la inversión minera y favorecer los altos precios de los metales, con lo que se estaría obstaculizando la transición hacía una energía limpia.

DESAJUSTES LABORALES

 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de personas ocupadas en el tercer trimestre de este año en España ha aumentado en 359.300, rebasando los 20 millones, una cifra que no se había alcanzado desde finales de 2008. En términos desestacionalizados (eliminados los efectos estacionales y de calendario), el empleo ha crecido en 854.100 personas (4,45%) en los últimos 12 meses.

Al mismo tiempo, el desempleo ha descendido en el trimestre en 127.100 personas y la cifra acumulada de parados es de 3.416.700. Con datos desestacionalizados, la reducción en los últimos doce meses ha sido de 306.200 personas (-8,23%). La tasa de desempleo se sitúa en 14,57%.

Ha sido la campaña de verano la que ha impulsado el mercado de trabajo. El sector servicios ha generado 377.200 empleos en el trimestre. La industria ha dado ocupación a 63.000 más y el empleo ha descendido en la construcción en 31.300. El sector privado generó la mayor parte del nuevo empleo, con 314.800 puestos, frente a los 44.500 creados en el sector público.

Aunque parece que la actividad creciente continuará en los próximos meses, los retrasos en el transporte y la falta de algunos componentes, unido al incremento del coste de la energía, podrían ralentizar la recuperación económica.

En el mercado laboral está aflorando otro elemento que va a ocasionar dificultades al crecimiento económico: el desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, que aumentó durante 2020. El nivel de vacantes alcanzó cerca de 120.000 en el segundo trimestre de 2021.

Como vemos en el cuadro del INE, la escasez de oferta de trabajo afecta sobre todo al sector Servicios, con 105.605 vacantes, pero tampoco se cubren las necesidades de las empresas en los sectores Industria y Construcción.

Aunque las vacantes son en España muy inferiores a las de otros países europeos, la cifra llama la atención porque nuestro país tiene uno de las mayores tasas de desempleo de las economías desarrolladas.

Resulta habitual que se produzcan ciertos niveles simultáneos de paro y vacantes, debido a que se requiere un período de búsqueda para conseguir un empleo y llegar a cubrir la vacante. A lo largo del ciclo económico se puede observar la relación inversa entre paro y vacantes. Así, en una recesión aumenta el número de personas buscando empleo y existen menos vacantes disponibles.

Pero el desajuste del mercado laboral se debe en buena medida al desfase que existe entre la formación de los demandantes de empleo y los perfiles que necesitan las empresas. Los responsables de algunas empresas advierten de la dificultad para encontrar personal adecuado para algunas ramas del sector terciario (información y comunicación, transporte y hostelería) y la construcción. En los próximos años puede incrementarse el desajuste, porque se requerirán especialistas en logística, análisis de datos y otros perfiles técnicos que están aflorando.

El mejor remedio para ajustar las demandas y ofertas de empleo es mejorar la empleabilidad de los trabajadores, haciendo un esfuerzo para orientar la oferta académica a las necesidades cambiantes de las empresas. También son importantes las políticas activas de empleo, un conjunto de servicios y programas de orientación y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, fomentando el espíritu empresarial y la economía social.

Según se ha avanzado en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la partida de las políticas activas de empleo superará los 7.648 millones de euros, un 3,3% más que este año, y será cada Comunidad Autónoma la que apruebe y desarrolle los cursos de formación para desempleados y las acciones personalizadas de orientación laboral.

EL PROCESO ECONÓMICO

 

La dependencia de España del turismo internacional y la excesiva temporalidad han hecho que fuese en 2020 uno de los países europeos más afectados por la crisis económica de la pandemia, la mayor sufrida en tiempos de paz.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) atenuaron la destrucción de empleo, pero no pudieron evitar que la renta disponible de las familias cayera un 3,3% a lo largo del pasado año, como podemos observar en el siguiente gráfico:

Estos datos provienen de la contabilidad nacional, que es donde se elaboran a partir del registro de los flujos y fondos originados entre las unidades económicas del país, y entre éstas y el exterior.

El indicador más utilizado es el Producto Interior Bruto (PIB), que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final (sin incluir productos intermedios, para evitar la doble contabilización) durante un período determinado.

El PIB es el resultado de una multiplicación, en la que participan dos grandes factores: uno real, formado por las unidades físicas de bienes y servicios; otro, monetario, integrado por sus precios.

En las comparaciones intertemporales se recurre al PIB en términos reales, que excluye las modificaciones ocasionadas por los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base.

Para hallar el PIB real es suficiente dividir el PIB nominal del año por un índice conocido como “deflactor del PIB”, que refleja las variaciones de precios de los artículos producidos dentro del país, sin tener en cuenta la variación de precios en los artículos importados.

La valoración puede ser a precios de mercado, incluyendo los impuestos indirectos (IVA y otros) y las subvenciones a las empresas (fomento de investigación y creación de puestos de trabajo), y a coste de los factores, sin incluir ambos conceptos. La forma habitual de presentar los datos del PIB es a precios de mercado.

Un segundo indicador macroeconómico es la renta nacional, que está compuesta por todos los ingresos que reciben los factores productivos nacionales (tierra, trabajo y capital) durante un período, descontando los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos.

Para calcular la renta nacional neta a partir del PIB se resta la depreciación, denominada “consumo de capital fijo”, y dado el carácter interno del PIB, se suman las rentas recibidas desde el exterior por los residentes y se restan las obtenidas en el país por extranjeros.

Para conocer la parte de la renta nacional que llega a las familias se tienen que deducir los beneficios no distribuidos de las empresas (reservas). Y para hallar la renta disponible, que será consumida o ahorrada, se restan los impuestos directos a pagar (IRPF y otros) y se suman las transferencias que se reciben de las Administraciones Públicas (pensiones, subsidios de desempleo y otras prestaciones sociales).

Como resultado del proceso económico, la renta disponible neta media por persona en 2020, según el INE, quedó en 12.292 euros. Dado que el PIB por habitante a precios corrientes o de mercado fue de 23.670 euros, la renta que llegó a las familias para consumir o ahorrar representaba el 52% del producto bruto generado en el año

PRESIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD

 

En las últimas décadas se han ido modificando los resultados del pacto de bienestar más igualitario alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial, con políticas dirigidas a revertir la distribución de la renta, en un intento de legitimar un aumento constante de las diferencias de ingresos.

La desigualdad económica se presenta frecuentemente como algo natural, rechazando cualquier propuesta de reforma, hasta conseguir que sea aceptada socialmente, justificando muchas veces con argumentos basados en la meritocracia y el crecimiento económico.

La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus ha añadido cierta presión sobre la desigualdad salarial, a la que ha respondido la Administración Pública española con transferencias a los trabajadores en programas ERTE y a desempleados, que lograron amortiguar la caída de los ingresos de muchos trabajadores.

El gráfico de CaixaBank Research muestra la reducción de desigualdad, según el Indice de Gini (0 a 100, menos a más desigualdad). Puede observarse que de marzo a mayo de 2020, los meses más duros de la pandemia, es cuando las prestaciones sociales reducen más el nivel de desigualdad. Las ayudas sociales consiguieron que descendiera el incremento de desigualdad del 11% al 2,3%, es decir, un 80%

Aunque la desigualdad de ingresos se centra muchas veces en la dispersión en los niveles salariales, lo cierto es que depende también de la intensidad en el empleo, la regularidad con la que se está trabajando. Es el extremo caso español, con una tasa de temporalidad en torno al 25% y una proliferación de contratos laborales con duración reducida.

El aumento de la desigualdad durante la crisis financiera de 2008 se debió en España en un 89% a la caída del empleo y en un 20% a una mayor dispersión de lo salarios entre los trabajadores, unas cifras opuestas al promedio de los países de la OCDE, donde el 18% del aumento de desigualdad del período se explica por cambios en el empleo y el 82% por la mayor dispersión.

La evolución de la desigualdad durante la pandemia volvió a estar condicionada por los vaivenes en el empleo. Entre febrero y abril de 2020, el 90% del incremento de desigualdad salarial (antes de las transferencias públicas) fue debido a la caída del empleo. Resulta evidente, por tanto, que para corregir la desigualdad hace falta revisar las dinámicas del empleo.

Según los estudios, a comienzos de la pandemia, a partir de marzo de 2020, la probabilidad de continuar empleado se redujo de forma notable sobre todo en los trabajadores con menores ingresos salariales. En el 20% de los salarios más bajos, la probabilidad se redujo en un 38%, en tanto que en el 20% superior de la escala salarial, le reducción fue del 15%.

Por edades, los jóvenes han sido el colectivo más afectado por la pandemia en el mercado laboral. La probabilidad de estar empleado también se redujo más para los trabajadores nacidos en el extranjero que para los nacidos en España.

El incremento de la desigualdad respecto al nivel de la prepandemia es todavía considerable. La mejora en la empleabilidad de los trabajadores y el aumento de la intensidad en el empleo continuarán siendo las dos herramientas clave para ir corrigiendo la desigualdad.

RETIRADA DESGLOBALIZADORA

 

Tras la caída de actividad por la pandemia, el proceso globalizador está emitiendo señales preocupantes. Plantas de automóviles paradas por falta de semiconductores y barcos cargados de contenedores haciendo cola en puertos comerciales importantes evidencian una crisis en las cadenas mundiales de suministro de materiales.

La pandemia ha quebrado la exitosa logística de las últimas décadas, poniendo de relieve la arriesgada dependencia que los países occidentales tienen de algunos fabricantes asiáticos, especialmente de China.

Vemos en el gráfico de Bloomberg que se ha duplicado el porcentaje de contenedores en el tráfico marítimo mundial que llegan con retraso a su destino (64%)

Se están interrumpiendo las cadenas globales de suministro, que han permitido fabricar a bajo coste con piezas hechas en diferentes países. Hay dificultades para el tránsito de personas en algunas fronteras y el volumen de turismo ha descendido.

En una encuesta a 300 empresas, el 75% contestan que tuvieron retrasos en el suministro de materiales. El retraso medio en recibir maquinaria y vehículos fue de 90 días; electrodomésticos, 70 días, y aluminio, 60 días. Además, el precio medio de materiales como cobre, hierro y acero subió entre un 50% y un 60%. Escasez y aumento de precios van concatenados.

La lógica de las deslocalizaciones está cediendo paso a la necesidad de garantizar cierta soberanía. Francia anuncia un proceso reindustrializador, con apoyo decidido a la innovación, y muchos países plantean el autoabastecimiento en áreas esenciales como sanidad.

La extensión de la globalización había provocado la interdependencia de las economías, un proceso que se aceleró en la última década del siglo pasado. Este fenómeno, que ha contribuido al crecimiento económico, mejoró el nivel de vida y redujo la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero fomentó también el debilitamiento del tejido industrial en las naciones desarrollados.

La pandemia del Covid-19 ha reducido el comercio internacional, el motor de la globalización, que tardará en alcanzar los niveles previos a la pandemia.

No parece que el coronavirus vaya a quebrar la tendencia globalizadora, sino que se transforme, eliminando eslabones en las cadenas globales de valor y produciendo determinados bienes dentro de las fronteras nacionales o en países cercanos.

Quizás sea más acertado hablar de una ralentización que de vuelta atrás de la globalización. Intentar producir en el propio país todos los bienes y servicios que se necesitan puede provocar el encarecimiento de los productos, que llevaría a bajas retribuciones y un estancamiento económico.