RESERVAS INTERNACIONALES

 

Las reservas internacionales son depósitos de capital controlados por lo bancos centrales y las autoridades monetarias de cada país. Están compuestas por oro, Derechos Especiales de Giro (DEG) y divisas extranjeras, en su mayor parte dólares.

Como activos externos, las reservas disponibles sirven para financiar las necesidades de la balanza de pagos, intervenir sobre el tipo de cambio y mantener la confianza en la propia moneda.

El indicador económico de las reseras mide la capacidad del país para hacer frente a sus pasivos u obligaciones generadas por las compras en el extranjero.

Observamos en el gráfico la evolución favorable de las reservas internacionales españolas, que alcanzaban al final de 2020 la cifra de 81 billones de dólares americanos (810.000 millones en versión europea).

La financiación internacional constituye para muchos países uno de los pilares centrales para poder abordar planes de inversión a largo plazo, unos proyectos que generen rentas futuras con las que atender los compromisos adquiridos.

Para paliar los efectos en las reservas internacionales de la crisis sanitaria del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) por valor de 650.000 millones de dólares

El DEG es la unidad de cambio del FMI, respaldada por una cesta de monedas: dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes. Los DEG serán repartidos entre los paises miembros de acuerdo con sus participaciones en la institución, en función del PIB y de otros factores.  

Fue en 1969 cuando se creó el DEG como una reserva internacional complementaria en el contexto de paridades fijas de los acuerdos de Bretton Woods. Las asignaciones de los DEG pueden desempeñar un papel crucial al proporcionar liquidez y complementar las reservas oficiales de los países miembros, como ocurrió en medio de la crisis financiera de 2008.

El DEG, que es utilizado como unidad de cuenta por el FMI y otros organismos internacionales, no es ni una moneda ni un crédito frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso. El DEG, que equivale en torno a 1,20 euros, se puede canjear por dólares, euros y otras monedas.

Hay situaciones en las que un país cae en impago de manera prolongada, dejando de satisfacer los intereses o el principal de la deuda. La consecuencia inmediata suele ser el endurecimiento de las condiciones de financiación.

A veces se llega a excluir de la financiación internacional al pais moroso, o bien, se abre un proceso de reestructuración de la deuda entre deudor y acreedor, que merma la confianza en el país.

Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que despues de la crisis de diciembre de 2001, tardó 14 años en poder acceder de nuevo a los mercados internacionales. Los acreedores extranjeros no le prestaban dinero al Gobierno argentino, con lo que el país se encontró con menor capacidad de gasto y de inversión, que afectó al  nivel de vida de sus ciudadanos.

POBLACIÓN Y NIVEL DE RENTA

 Las variaciones de la población afectan tanto al consumo de un país como a su capacidad productiva y a su crecimiento. Cada nueva persona representa una unidad potencial de factor trabajo, pero como intervienen otros factores de producción, el incremento de personas no aporta una cantidad mayor de esos otros factores (el capital, por ejemplo), sino que reduce su cantidad per cápita.

Sabemos que la disponibilidad de capital físico resulta necesaria para realizar cualquier trabajo y, en la mayor parte de las actividades económicas, el trabajador que cuente con más recurso productivos de capital es capaz de producir más.

Por tanto, las diferencias de capital por trabajador entre los países explican, en parte, las divergencias de renta entre las naciones del mundo. Las mediciones realizadas hace unas décadas señalaban que el capital disponible en forma de instrumentos productivos de un trabajador chino, por ejemplo, no llegaba al 8% del que podía utilizar un norteamericano, y el de un operario nigeriano no alcanzaba más allá el 3%. 

El despegue de la tasa de crecimiento no se dio hasta los últimos doscientos años. En el siglo XIX la población mundial creció a una tasa media anual del 0,6%; en la primera mitad del XX, un 0,9%, y en la segunda mitad, un 1,8%

El número total de habitantes del planeta Tierra, hoy día de 7.800 millones, de cumplirse las previsiones, podría estar cerca de 10.000 millones en 2050. Cabe mencionar que más de un 50% de la población mundial se encuentra en Asia, seguida de África con algo más de un 17%. 

En su famosa obra “Ensayo sobre el principio de la población” (1798), Thomas Malthus, erudito y clérigo inglés, estableció que la población humana crece según una progresión geométrica, en tanto que la capacidad de aprovechar los recursos del planeta aumenta al ritmo de una progresión aritmética, mucho más lentamente

Este demógrafo de finales de silo XIX fue quien mejor explicó la evolución histórica de la población. Decía que, si se dan las debidas condiciones, los seres humanos pueden reproducirse a ritmo elevado. Sólo la cantidad limitada de recursos, especialmente de tierra, frenaba la fecundidad potencial.

A menor población, el bienestar es mayor, lo que acelera el crecimiento poblacional, que disminuye los recursos disponibles para cada habitante y la población es más pobre. El proceso se va repitiendo hasta que, al final, la sociedad alcanza un nivel de vida acorde con una población determinada. Cuando se ha producido una mejora del entorno productivo, un aumento de productividad, por ejemplo, con la introducción del riego o de un nuevo cultivo, ha aumentado el nivel de vida. A este nivel le sigue un nuevo proceso antes indicado y la población llega a un nuevo estado estacionario (sin crecimiento), más numeroso, pero el nivel de renta por habitante apenas ha variado.

En el modelo de Malthus, la innovación tecnológica o el aumento de la tierra cultivable no mejora las condiciones de vida, sino que se limita a aumentar la población. Se suelen citar dos ejemplos ilustrativos: China e Irlanda.

Al final del primer milenio, China era el país más avanzado del mundo desde el punto de vista tecnológico, pero con su elevada población, el pueblo chino vivía en el mismo nivel que la atrasada Europa: en el nivel de subsistencia.

A mediados del siglo XVIII se introdujo en Irlanda la patata, que podía alimentar a más del doble de personas que un trigal similar, y se convirtió en el principal producto alimenticio, aumentando significativamente la producción agrícola del país. La población se triplicó y, como había predicho Malthus, apenas mejoró el nivel de vida de los irlandeses.

Según el clérigo británico, la prevención de la natalidad es la única manera de que una sociedad pueda aumentar su nivel de vida, porque tendrá en el estado estacionario una población menor, con un nivel de renta por habitante más alto. En palabras de Malthus, “Al observar que por las leyes de la naturaleza no podríamos procurar alimentos a la población, nuestro siguiente intento sería lógicamente ajustar la población a los alimentos”. 

El modelo malthusiano, que explicaba el comportamiento poblacional del pasado, dejó de funcionar casi en la misma época en la que fue desarrollado, a principios del siglo XIX. Por un lado, el progreso de la ciencia y la tecnología han sido suficientemente rápidos como para compensar la disminución de los recursos naturales por habitante, y por otro, en Europa occidental al menos, el crecimiento de la población ha ido disminuyendo.

LIMITACIONES DEL MERCADO

 

Aunque el sistema de economía de mercado es capaz de gestionar en general la fijación de los precios de bienes y servicios, existen situaciones en las que no logra la asignación eficiente de los recursos.

En muchos casos, la mano invisible inventada por Adam Smith para explicar el funcionamiento de los mercados conduce a situaciones indeseables, tales como las desigualdades sociales o la contaminación del medio ambiente. Estos efectos negativos se denominan “fallos del mercado”.

Se suelen citar entre los principales fallos las externalidades negativas, que hacen recaer el coste económico sobre colectivos diferentes a los que realizan la actividad; la existencia de bienes públicos, no rentables para el inversor particular, pero sí para el país; la competencia imperfecta, con prácticas restrictivas del libre funcionamiento, y la distribución desigual de la renta, tanto personal como geográfica.

El alumbrado general sería un ejemplo de bien público, puesto que todos pueden servirse del mismo sin necesidad de pagarlo directamente.

En la situación de pandemia se ha podido observar que el libre mercado de las empresas de servicios carece de incentivo para paralizar la actividad con el objetivo de evitar los contagios del virus. Es un fallo de mercado del tipo de externalidad negativa, en el que el ejercicio de ciertas actividades perjudica a la población.

También el sistema eléctrico español necesita ser mejor regulado para corregir sus ineficiencias, subsanando los fallos de mercado que castigan con un sobrecoste a los usuarios y bendicen con dividendos extraordinarios a las grandes empresas suministradoras.

Aunque desde la década de 1980 se ha venido propagando la idea de que el mercado es sinónimo de eficiencia y el sector público se asemeja a la ineficiencia, lo evidente es que la libertad económica debe tener limitaciones.

La eficiencia del mercado se ha ido desvaneciendo en la situación pandémica y los ciudadanos han necesitado acogerse a las soluciones aportadas por el sector público, que ha tenido que suspender la libertad de empresa y cerrar los servicios no esenciales para evitar la propagación del virus.

La sanidad pública ha asumido la protección de la salud de los afectados  por el coronavirus y se ha tenido que ocupar de que el material sanitario llegue a los hospitales, con una planificación centralizada.

La Seguridad Social se ha hecho cargo del pago a quienes la economía de mercado ha dejado sin ingresos, con ERTEs subvencionados, prestaciones por desempleo y rentas básicas.

Ha sido en la pandemia cuando ha aflorado la relevancia del sector público y la necesidad de equilibrar las actividades públicas y privadas en una economía mixta como la española, aumentando la dotación económica de lo público en sectores sensibles como sanidad, educación, investigación y dependencia.

SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL

 

El Sistema Monetario Internacional es el conjunto de instituciones, normas, acuerdos e instrumentos que hacen posible la existencia de relaciones monetarias entre países. Resulta imprescindible para la realización de cobros y pagos en diferentes monedas.

En 1944 tuvo lugar en Bretton Woods la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, tras las consecuencias políticas y económicas de dos guerras mundiales.

Las monedas de los países industrializados ya no estaban bien acopladas al valor del oro, como consecuencia de la alta inflación y de haber tenido que financiar los conflictos bélicos emitiendo moneda.

El patrón oro clásico del siglo XIX se fundamentaba en fijar en términos de oro el valor de cada unidad monetaria, de tal modo que el banco central emisor de la divisa garantizaba que los billetes y monedas estaban respaldadas con ese metal.

El precio entre dos monedas era el resultado de comparar las cantidades de oro que los bancos centrales de ambas monedas habían prometido entregar a su poseedor. Por ejemplo, si el dólar tenía una promesa de entregar 23 gramos de oro y la libra una promesa de entregar 113 gramos de oro, el tipo de cambio entre ambas monedas sería de 4,9 dólares por libra.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el patrón oro clásico fue sustituido por el patrón dólar-oro. Los acuerdos de Bretton Woods establecieron que todas las monedas estarían vinculadas al dólar. Esta divisa quedaba a su vez atada a un precio fijo en oro y sólo los bancos centrales tenían el derecho de convertir sus tenencias de dólares en lingotes de oro, a razón de 35 dólares la onza (28,35 gramos)

Pero en 1971 colapsó el sistema de Bretton Woods. En medio de las dificultades económicas producidas por la guerra de Vietnam, Estados Unidos decretó la inconvertibilidad, anulando la posibilidad de cambiar dólares por oro a los bancos centrales del resto del mundo.

(En la imagen, Bretton Woods, en New Hampshire (EE.UU). El hotel Mount Washington, donde 44 países aliados acordaron el funcionamiento del sistema financiero)

Fue una quiebra encubierta de EE.UU, que se atribuyó el derecho de imprimir cuantos billetes considerara necesarios, cubriendo con dólares sus déficit fiscales e inundando con su dinero el sistema financiero. Se calcula que en la actualidad el 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales están en dólares.

Los tipos de cambio entre divisas se convirtieron en flotantes, con lo que no eran necesarios los controles de capital establecidos en el sistema de Bretton Woods. La extinción de los controles ha permitido en estas últimas décadas un gran incremento de los flujos de capital, lo cual ha hecho ganar espacio al sector financiero, relegando al capital productivo.  

Desde la pérdida de la convertibilidad en oro, las monedas no están vinculadas a ningún metal y se han convertido en monedas fiduciarias, basadas solamente en la confianza en cada país emisor, fluctuando sus valores sobre todo con la demanda y la oferta en el mercado de divisas. Evidentemente, influyen la política monetaria y la estabilidad económica.

EL EURO DIGITAL

 

Los responsables del euro, tanto el Banco Central Europeo (BCE) como los bancos centrales del Eurosistema, vienen proporcionando dinero líquido de dos maneras: emitiendo billetes y monedas y transfiriendo depósitos electrónicos a lo bancos y a otras instituciones financieras.

Después de nueve meses de análisis previos, al no haberse identificado obstáculos técnicos, el BCE ha decidido aprobar de forma definitiva una investigación sobre el euro en forma de divisa digital, que durará dos años, en los que se definirán aspectos claves como el diseño y la distribución

Un euro digital sería una forma electrónica de dinero de banco central que todos los ciudadanos y empresas podrían utilizar —como los billetes y monedas, pero en formato digital— para realizar sus pagos diarios de manera rápida, fácil y segura.

Sería una moneda accesible a través de monederos virtuales y serviría para realizar todo tipo de transacciones, como complemento del efectivo, no un sustituto. Tampoco reemplazaría al dinero bancario

Tiene menos riesgo que el dinero fiduciario (papel moneda) pues al ser digital se puede seguir el rastro y es más seguro. 

 

Mientras las criptomonedas se basan en protocolos descentralizados, el euro digital será un sistema con base en el Banco Central Europeo. Pero la propia institución apunta la posibilidad de utilizar arquitecturas con elementos centralizados y descentralizados.

Los precios de las criptomonedas suelen ser volátiles, lo que dificulta su uso como medio de pago o unidad de cuenta, sin que haya ninguna institución pública que los respalde. En cambio, como argumenta el BCE, el euro digital tendrá el mismo nivel de confianza que el dinero efectivo, puesto que ambos estarán respaldados por el mismo banco central.

En el diseño del euro digital será importante el impacto medioambiental de su infraestructura. Según los experimentos previos, para las arquitecturas que se probaron, la energía utilizada ha sido insignificante en comparación con el consumo de una criptomoneda como bitcoin

El BCE continuará la investigación en torno al euro digital hasta 2023. Será entonces cuando tomará la decisión de iniciar su desarrollo e implementar las posibles soluciones, trabajando junto a bancos y empresas.

La apertura de esta investigación no prejuzga la decisión sobre si definitivamente se lanzará al mercado el euro digital. Una vez finalizado el proceso, el organismo tendrá que decidir de nuevo si se implementa o no. En cualquier caso, este método de pago no estará operativo antes de 2026

FISCALIDAD MÁS JUSTA

 

Parece que las grandes economías están decididas a dejar a un lado la competencia fiscal entre países y poner remedio a la existencia de paraísos de baja tributación.

El pacto histórico que acaban de firmar establece un impuesto  de sociedades mínimo del 15% y la obligación a las empresas “más grandes y rentables” de tributar el 20% en aquellos países donde sus beneficios superen el 10% de la facturación.

Como afirmaba un dirigente alemán: “Es una buena noticia para la justicia fiscal y para la solidaridad, y una mala noticia para los paraísos fiscales del mundo”

Quizás el importante gasto público que han tenido que realizar los países para afrontar las consecuencias de la pandemia ha acelerado los debates que venían produciéndose en los últimos años. El punto de mira es ahora alcanzar un sistema fiscal más justo y eficaz en la era de la economía digital.

Entre los propios ciudadanos es bastante frecuente encontrarnos con quienes sienten un rechazo casi visceral a pagar impuestos, argumentando que tampoco pagan otros la parte que les corresponde. Lamentan que la evasión fiscal de algunos aumente la carga de otros y que se pierda capacidad para proveer servicios públicos.

Hay un análisis coste-beneficio individual, comparando la aportación realizada a la Hacienda Pública con los bienes y servicios públicos recibidos, que se mezcla con el papel redistributivo que deben cumplir los impuestos.

El nivel de impuestos de un país se mide con la presión fiscal, que es el cociente entre la recaudación y el PIB. Se recauda poco en España porque las bases imponibles son reducidas. El sistema impositivo tiene muchas deducciones y exenciones, que hacen descender tanto los ingresos por IVA como por rentas de capital.

Como vemos en el gráfico, en 2019 la presión fiscal en la Eurozona era del 41,6%; en el conjunto de la Unión Europea alcanzaba el 41,1%, y en España no pasaba del 35,4%

Aunque la presion fiscal española está por debajo de la media de la Unión Europea, el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes está entre los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El esfuerzo o sacrificio fiscal, utilizado por algunos analistas, es alto porque pone la presión fiscal en términos per cápita.

Este indicador, que se debate entre analistas, al conceder mayor peso al nivel de renta, afecta más fiscalmente a un país como España, con alto nivel de paro, contrataciones temporales y trabajadores en situación precaria.

La equidad horizontal exige incrementar las bases imponibles, corrigiendo las abundantes deducciones y exenciones fiscales de los impuestos más importantes. Podría ocurrir que aumente la presión fiscal, al crecer la recaudación sobre el PIB, pero se reduzca el esfuerzo fiscal, como consecuencia de un incremento mayor del PIB real por habitante.

COSTE DE LA CRISIS BANCARIA

 

La “Sociedad de Gestion de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria” (Sareb) es una empresa creada en 2012 que forma parte del esquema planteado por el Estado para recapitalizar las entidades financieras tras la Gran Recesión de 2008. Aunque no es un banco, se le conoce como el “banco malo”, porque ha absorbido los activos deteriorados de las entidades financieras.

Sareb se constituyó con un esquema de 45% de capital público y el 55% de capital privado, con la intención de que la aportación del Estado no computara como deuda pública. Las entidades financieras transfirieron a esta sociedad activos deteriorados por valor de 50.781 millones de euros, entre préstamos malos y solares e inmuebles devaluados, aplicando un descuento del 53%.

Los bancos recibieron a cambio bonos emitidos por la Sareb, que podían descontarse en el Banco Central Europeo (BCE) y tenían el aval del Estado. Por tanto, aunque la Sareb era una sociedad privada, todo el riesgo recaía sobre el Estado.

Aunque los gestores de la entidad afirmaban que la empresa tendría beneficios con la venta de sus bienes, lo cierto es que en todos los ejercicios (2013 a 2020) ha habido pérdidas, hasta un total de 5.075 millones de euros. A pesar de los descuentos aplicados, los inmuebles y los préstamos seguían sobrevalorados.

El Banco de España había cifrado en 42.561 millones de euros las pérdidas que las medidas de la Sareb habían provocado a los contribuyentes españoles en el período 2009-2018 teniendo en cuenta los recursos movilizados y las recuperaciones.

La inclusión de la Sareb en el perímetro de las administraciones públicas, exigida por Eurostat ante las cuantiosas pérdidas acumuladas, ha subido el coste de la crisis bancaria en 9.891 millones de euro, que incrementa el déficit público de 2020.

Como observamos en el gráfico, el coste de la crisis bancaria suponía un 5,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020

Como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), creada en 2009 para rescatar a las entidades financieras y facilitar las fusiones, tenía participación en Bankia, al desaparecer ésta por fusión con La Caixa debe valorar su participación como valor de mercado. Con esta corrección a la baja, la factura total de la crisis bancaria, entre e los resultados del FROB y de la SAREB, a soportar por los contribuyentes españoles se estima que va a ascender a 58.000 millones de euros.

Por el momento, el valor de mercado de las acciones en Caixabank sigue siendo menor del estimado por el FROB como valor recuperable. Por tanto, habrá que observar la evolución del nuevo banco para saber si se incrementará en el futuro el coste de la crisis bancaria.