AYUDAS EUROPEAS

En la presentación del Informe Anual del Banco de España en la Comisión de Economía del Congreso, el Gobernador ha afirmado que la recuperación económica de España está siendo frágil, parcial y desigual, añadiendo que la estimación de la caída del PIB este año se situará entre el 10,5% y el 12% y el paro puede rozar el 20% en 2022. 

Las ayudas europeas para la reconstrucción económica que se han anunciado, cuantificadas para España en 140.000 millones de euros entre transferencias directas y préstamos, además de recuperar el nivel de actividad económica, han de servir para revisar el modelo productivo, orientándolo hacia la digitalización y la sostenibilidad. 

Bruselas prevé que el 70% de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estén comprometidos para 2021-2022 y el 30% para 2023. Los proyectos tendrán que ejecutarse antes de agosto de 2026 y el último pago ha de realizarse antes de diciembre de ese año. 

Invertir los fondos asignados en seis años supone un auténtico reto, teniendo en cuenta que en el período presupuestario 2014-2020 España ha utilizado sólo 19.000 millones de los 56.000 millones de fondos de cohesión que le correspondían. 

Como observamos en el gráfico, países como Francia, Portugal y Países Bajos han utilizado más del 50% de los fondos europeos disponibles, en tanto que España se ha quedado en el 34%. 

Harán falta mejoras organizativas y reformas de los procesos de ejecución y seguimiento de los proyectos para poder aprovechar el cuantioso volumen disponible para el 2021-2027. Los proyectos que se presenten a Bruselas deben estar alineados con la agenda europea para los próximos años, o bien, enfocados en sanidad, educación o cohesión territorial y social. 

Para aplicar en los primeros tres años 72.700 millones de euros, la parte no reembolsable de las ayudas, España tiene que activar reformas sustanciales. En la agenda ya esbozada se plantean poner en marcha ocho paquetes de medidas, incluidas las referidas al sistema de pensiones y a la revisión del mercado laboral. 

Se anuncian también cambios en el marco normativo, a fin de agilizar los procesos de asignación de los proyectos. Así, la modificación de la ley que rige la contratación del sector público ayudará a que, sin perder garantías, se consiga movilizar también inversión privada. 

La colaboración público-privada es una combinación que se utiliza poco en España, pero que va a hacer falta en la ejecución de los nuevos proyectos. Con los objetivos de generar empleo a corto y largo plazo, modernizar y fortalecer el sistema productivo, desde la patronal CEOE afirman que la participación de dinero de empresas privadas puede ser una garantía de que los planes presentados sean eficientes y sostenibles. 

A falta de concretarse aun las fechas en las que se podrá ir accediendo a los fondos, debería asegurarse la cooperación entre las administraciones central, autonómica y local, con la finalidad de facilitar el tránsito ágil por vías que permitan hacer llegar los fondos a los beneficiarios. 

CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA

La desigualdad de rentas en España es considerada como una de las más elevadas de Europa. Tras la pasada crisis financiera, período 2008-2013, en el que continuaron aumentando las diferencias de ingresos, los indicadores de pobreza relativa han mostrado cierta resistencia al descenso en el último quinquenio, pese a incrementos del PIB del orden del 2%-3% anuales 

Además del alto desempleo y la precariedad laboral, la explicación de la persistencia en la desigualdad puede ser la reducida capacidad redistributiva o menguado efecto igualador del sistema de las prestaciones sociales y de los impuestos en España, que no consigue reducir las desigualdades que se producen en la distribución de las rentas primarias (antes de aplicar impuestos y subvenciones). 

En el siguiente gráfico del Observatorio Social de “la Caixa”, tenemos las desigualdades de las rentas primarias y las rentas disponibles en diversos países 

Observamos que la desigualdad en España antes de aplicar los impuestos y las prestaciones sociales, medida a través del indice de Gini (0 máxima igualdad, 1 mínima igualdad) es en torno a 0,54, similar a la que se da, por ejemplo, en Francia y Alemania. En cambio, la que se mide por la renta disponible (una vez aplicados los impuestos y las subvenciones) indica una mayor desigualdad que en el resto de países. 

Entre las prestaciones sociales monetarias, el principal instrumento para reducir las diferencias de renta en España son las pensiones contributivas. El efecto redistributivo se produce desde los trabajadores con mayores salarios a los que tienen remuneraciones más bajas y períodos de cotización más cortos, por medio del sistema de pensiones mínimas y máximas, que estrechan las diferencias en las rentas percibidas al jubilarse. 

Además, como las pensiones no se financian con las cotizaciones anteriores sino con las actuales (sistema de reparto), las mejoras en los niveles retributivos vienen a producir una transferencia de renta de las generaciones actuales a las pasadas. Las prestaciones por desempleo han tenido mayor efecto sobre la distribución de ingresos que en otros países, pero su influencia se ha reducido por el descenso de la tasa de cobertura. 

El sistema de garantía de ingresos en España es muy limitado, porque no hay una única red, sino que las prestaciones para familias de necesidades similares son cambiantes según el territorio de residencia, con cuantías en general muy bajas respecto al umbral de pobreza. Y el gasto en prestaciones familiares respecto del PIB es uno de los más reducidos de Europa, sin apenas capacidad redistributiva. 

Respecto a las prestaciones sociales en especie, el gasto sanitario es el que tiene mayor efecto redistributivo, aunque se redujo en la crisis financiera. Los estudios sobre la incidencia redistributiva del gasto en educación, clave para reducir la desigualdad de oportunidades, confirman su carácter redistributivo en España, aunque algunos gastos no se consideran progresivos, tales como los destinados a centros concertados y educación universitaria. 

En cuanto al efecto de los impuestos, se considera que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el segundo instrumento más redistributivo después de las pensiones, aunque su capacidad correctora de las desigualdades se ha ido reduciendo por la caída de los tipos impositivos. 

Al igual que sucede en otros países, la imposición indirecta tiene cada vez mayor importancia en España, sobre todo el regresivo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con gran impacto sobre la renta de las familias. Las cotizaciones sociales tienen también un efecto negativo sobre la distribución de la renta y los impuesto sobre el patrimonio neto o riqueza apenas contribuyen a la redistribución. 

Sobre la distribución territorial de la renta, un estudio de Fedea muestra que entre la Comunidad Autónoma más rica (en 1955 era el País Vasco y en 2018 Madrid) y la más pobre (Extremadura, en ambos casos), la diferencia de ingresos se redujo a la mitad. El estudio destaca que fueron las productividades territoriales las que contribuyeron positivamente a la convergencia, en tanto que el desempleo y el retroceso de la tasa de ocupación ralentizaron la disminución de las desigualdades. 

Las situaciones de pobreza y desigualdad que perduran en España y el incremento de la vulnerabilidad económica de la pandemia han impulsado la puesta en funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que ha de mejorar la capacidad redistributiva, para facilitar la transición de las personas en exclusión social por falta de recursos hacia un modo de vida más integrado en la sociedad. 

CRIPTOMONEDAS Y MONEDAS SOCIALES

En el intercambio de bienes y servicios, además del efectivo utilizamos como medios de pago otras alternativas que cumplen la función del dinero físico. Así, la tarjeta de crédito o débito y la transferencia, asociadas a una cuenta bancaria, son recursos de dinero digital, una forma de pago cada vez más utilizada, que viene a ser un dinero real expresado en la Web (Internet). En la actualidad, el efectivo físico no supera el 8% del dinero total que usamos. 

En los medios de comunicación aparecen cada vez con mayor frecuencia las monedas virtuales, un tipo de dinero sin presencia física, que cuando está relativamente aceptado, se puede utilizar para el intercambio de bienes y servicios. 

La primera moneda virtual totalmente implementada es el Bitcoin, una criptomoneda que surgió en 2009 con la idea de establecer un sistema de pago electrónico, independiente y descentralizado, basado en formulación cuantitativa y en criptografía, es decir, con procedimientos que precisan claves secretas para su descifrado. Entre las criptomonedas más populares del mercado hoy día se encuentran Bitcoin, Etheeum, Ripple XRP y Litecoin. 

La singularidad más relevante de las criptomonedas es que no están sometidas a ningún instituto regulador ni pertenecen a ningún país determinado. No tienen que pasar por ningún banco y pueden intercambiarse entre usuarios libremente. Al no existir autoridad central para ellas, el poder es descentralizado 

Las criptomonedas utilizan el sistema blockchain, una cadena de bloques de datos vinculados que se organizan en orden cronológico. Es una tecnología específica para registrar información, una especie de libro digital y descentralizado, similar a un libro contable mayor de papel, en el que se registran las transacciones. 

Así como los libros de contabilidad tradicionales están centralizados en una sola entidad, el blockchain es un sistema distribuido, mantenido con el trabajo colectivo de muchos usuarios por todo el mundo, que participan en el proceso de validación de las transacciones, siempre de acuerdo con las reglas del sistema. 

Tras el anuncio del posible lanzamiento de otras criptomonedas, como Libra, de Facebook, y la soportada por el Banco Popular Chino, las autoridades monetarias de la Eurozona han advertido que cada moneda virtual debería estar respaldada por una real, con los activos de reserva depositados en una entidad reconocida y autorizada y con posibilidad de que el público pueda canjearla por moneda de curso legal, como el euro. 

El propio BCE ha publicado recientemente un informe en el que desvela estar avanzando en la creación de un euro digital, una forma electrónica de dinero de banco central que los ciudadanos y empresas podrían utilizar como los billetes para realizar pagos corrientes de manera rápida, fácil y segura. Más que sustituir al efectivo, el BCE pretendería complementarlo. 

Hay que poner de relieve que el sistema monetario convencional tiene hoy día una economía paralela que funciona con “monedas sociales”, físicas o digitales, llamadas también “monedas locales”, que son herramientas creadas y utilizas por comunidades, colectivos y particulares, basadas en acuerdos dentro de una comunidad para usar algo como medio de intercambio de bienes y servicios. 

El concepto de "moneda social y complementaria" se acuña por primera vez en Europa en el "Informe Lietaer" de la Comisión Europea, señalando que con este sistema complementario se pretende contrarrestar los valores propios del sistema monetario convencional (autoridad central, jerarquía, competencia, etc.) con otros valores más sociales como la confianza mutua, la igualdad y la cooperación. Existen alrededor de 5.000 monedas sociales en todo el mundo. 

Las monedas sociales tratan de revertir la alta concentración de dinero en los mercado financieros, que suelen olvidar que es un instrumento de intercambio necesario para la economía real. El dinero sirve a su creador y hoy día es creado desde la nada por lo bancos privados al conceder créditos, convirtiendo un medio para intercambios en una finalidad muy distinta: la acumulación de riqueza. 

En cambio, las monedas sociales, que no son dinero de curso legal, vienen a ser sistemas monetarios de vecindad, basados en la confianza y en la reciprocidad. Se crean a partir de los servicios, con moneda “tiempo”, o de productos con moneda social propia. En ambos casos son monedas de “crédito mutuo” 

Hay monedas sociales soportadas por euros cuyo objetivo es el apoyo al comercio local de proximidad. Como ejemplo, podemos citar el caso de la moneda “Puma”, de un barrio sevillano, que nació en 2012 para apoyar a los comercios y profesionales locales, además de financiar proyectos de interés comunitario. El “Puma” es una moneda complementaria al euro (un euro equivale a un puma) gestionada por personas que conforman la red de interesados, en comunidad, de manera asamblearia y transparente. 

A medida que con la crisis del coronavirus se tiende a utilizar menos dinero en efectivo, aumentan los debates sobre los medios digitales. Ya sabemos que en toda crisis surgen oportunidades, por lo que ésta del coronavirus podría servir para dar una mayor visibilidad al formato de monedas digitales. 

INCREMENTO DEL AHORRO

Los planes vacacionales y de viajes de muchas familias españolas se han visto alterados este año. Ha prevalecido la prudencia ante el riesgo de contagio por el virus y la complicada situación económica. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya señalaba que dos tercios de los españoles habían renunciado a irse fuera de casa, como consecuencia del miedo por la incertidumbre. 

En el siguiente gráfico de las Cuentas Trimestrales no financieras del Instituto Nacional de Estadística (INE) vemos que el ahorro de las familias, que había comenzado a incrementar a finales del pasado año, crece de modo significativo con la pandemia 

En el primer trimestre de 2020 el ahorro familiar sobre la renta disponible, corregido de efectos estacionales y de calendario, subió al 10,2% y se duplicó en el trimestre segundo, hasta alcanzar el 22,5%, cuando en igual período de 2019 se había situado en el 7,4%. A su vez, la inversión de los hogares en activos reales (viviendas y otras propiedades), que fue del 5,6% en el segundo trimestre, desciende hasta el 4,2% de su renta disponible en 2020. 

Sin recurrir a correcciones estacionales, la tasa de ahorro observada del segundo trimestre de 2020 llegó al 31,1% de la renta disponible, frente al 17,4% del mismo trimestre de 2019. 

En el segundo trimestre de 2020 la renta disponible bruta de las familias disminuyó un 8,8% . La evolución de los ahorros se deriva de la caída en el gasto en consumo final del 23,9% respecto al mismo trimestre del año pasado. 

Ya sabemos que ahorrar es bueno para una familia. Significa que tiene ingresos más que suficientes para atender sus necesidades de consumo. Pero si las familias incrementan el ahorro, la economía del país puede ralentizarse por la disminución del consumo, que reduce las ventas de las empresas. 

El ahorro permite defender a las familias de contingencias inesperadas, acceder a la compra de vivienda, devolver créditos y garantizar cierto nivel de consumo a lo largo de la vida. Además del nivel de renta, en el volumen de ahorro influye la incertidumbre sobre la evolución económica futura. A mayor incertidumbre, más alta propensión al ahorro. 

El ahorro es una variable que enlaza el pasado, el presente y el futuro. El nivel de capital acumulado que se dispone en la actualidad es consecuencia del ahorro del pasado y determina la capacidad productiva. Las decisiones de ahorro que vayamos tomando marcarán el proceso de formación de capital y los niveles de producción en el futuro. 

Pero no se debe caer en la “falacia de la composición”: confundir la parte con el todo. Lo que es bueno para la familia no tiene por qué serlo para el conjunto del país. 

La decisión de ahorro es también relevante a nivel macroeconómico. La contabilidad nacional señala que la inversión total de un país es igual a la suma del ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, el ahorro público y la entrada neta de capitales del extranjero. Por tanto, los tres tipos de ahorros internos o nacionales del país, junto con los fondos procedentes de otros países, permiten financiar la inversión productiva, que promueve la productividad y el crecimiento económico del país. 

Por tanto, el incremento de ahorro familiar vendría bien si las empresas lo invirtieran en la producción de bienes y servicios, pero no es fácil que se impulsen nuevos proyectos empresariales cuando desciende la demanda de consumo. Es más probable que este aumento del ahorro se oriente hacia inversiones de tipo financiero.

POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL

La política monetaria y la política fiscal son dos instrumentos de política económica que se utilizan para influir en la evolución de los países. La política monetaria, decidida por el Banco Central, se basa en las tasas de interés y las inyecciones de dinero, y la política fiscal, ejecutada por el Gobierno, se sirve de los impuestos y los gastos públicos. 

En períodos recesivos, cuando disminuye el nivel de actividad y sube el desempleo, el incremento de gasto público es una forma de estimular la economía. La reducción de impuestos, siempre que el saldo presupuestario lo aconseje, supone aumentar la renta disponible de las familias, para favorecer la demanda agregada. 

A la inversa, durante una expansión económica el Gobierno puede subir los impuestos, reduciendo la renta disponible neta de los consumidores, generalmente con el objetivo de evitar el avance del proceso inflacionista. 

En política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado un conjunto de medidas de emergencia, que pueden agruparse en dos tipos: a) ampliar las compras de bonos del Estado y de las empresas para mejorar sus condiciones de financiación, y b) facilitar a los bancos el acceso a la liquidez, tanto en volumen como en coste. 

En el gráfico observamos la evolución de los balances en los dos Bancos Centrales más importantes, que han multiplicado los activos por más de seis en las últimas dos décadas, consecuencia de las inyecciones de dinero a las economías. 

Las compras del BCE se realizan con gran flexibilidad en tipos de activos y vencimientos, cuidando de que los bonos públicos se distribuyan adecuadamente en la Eurozona, a fin de transmitir correctamente la política monetaria única a todos los países, eliminando riesgos de fragmentación financiera. 

Estas medidas han aliviado las tensiones financieras provocadas por la crisis sanitaria, contribuyendo a mejorar el flujo de créditos a las empresas, con coste reducido. 

La política fiscal, que cuenta con mejores instrumentos para tratar las situaciones de crisis, se ha beneficiado del reducido coste de interés por la expansión monetaria impulsada por el BCE. En consecuencia, el aumento de la deuda pública que va a acarrear el incremento del gasto fiscal no va a sufrir recargos importantes por coste financiero. 

La opinión generalizada es que la política fiscal apoye la recuperación, aunque ello suponga un incremento de gasto fiscal y un mayor endeudamiento. No es momento de recurrir a la subida de impuestos, puesto que reducirían el consumo privado y, dadas las dificultades de la exportación por la debilidad del comercio internacional, acabaría en reducción de la demanda agregada, con nueva caída del producto del país. 

Si la Gran Recesión de los años treinta removió el pensamiento económico dominante, esta crisis también esta modificando la ortodoxia vigente en las últimas décadas, ampliando los márgenes de actuación de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, dirigida a facilitar la financiación de los Estados. 

Esperemos que no se caiga en el error de 1937 en Estados Unidos. Los responsables del banco central norteamericano (Fed), estimaron que, tras la crisis de 1929, la economía no necesitaba ya una atención especial, y se eliminaron las políticas de apoyo fiscal y monetario. El resultado fue una importante recaída del PIB en 1938, la llamada “segunda Gran Depresión”. 

Ante la profundidad de la crisis, las autoridades monetarias y fiscales han reconocido que estamos frente a un shock global y que, dejando a un lado el “riesgo moral”(acciones de riesgo sin soportar consecuencias), se tiene que hacer todo lo que sea necesario para superar la crisis. 

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Las autoridades monetarias están siendo contundentes, aplicando en la Eurozona políticas expansivas con la magnitud necesaria para hacer frente al impacto del coronavirus en las economías de los países. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas sobre la garantía de liquidez, la facilidad de préstamos y la extensión de la compra de activos para mantener con holgura las condiciones financieras, asegurando el apoyo a los países en función de sus necesidades. 

Las normas de sostenibilidad fiscal están suspendidas por el momento. Se quiere que las medidas de apoyo duren hasta que se superen los efectos del virus. Pero no dejan de advertir que ya volverá el momento de atender de nuevo a la situación de las finanzas públicas y se retomarán los procesos de ajuste necesarios. 

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del gasto público en España desde 2012 

Como vemos en el gráfico, tras los recortes presupuestarios de la segunda parte de la crisis financiera iniciada en 2008, el gasto no financiero de las Administraciones Públicas fue incrementándose cada año, hasta alcanzar en 2018 el volumen de 2012, cuando se iniciaron los recortes auspiciados por la política de austeridad. 

El gasto público español puede subir desde el 41,9% del PIB en 2019 al 51% en 2020, según cálculos de BBVA Research, en parte por la contracción del propio PIB, y por los compromisos para atender a los graves efectos del coronavirus en los sectores productivos. 

En el siguiente gráfico tenemos la estructura del gasto público español, en porcentaje del PIB 

Los principales destinos del gasto son la función de protección social, que incluye desempleo y pensiones (16,5%), la salud (6%), los servicios público generales (5,5% ) y la educación (4%).

El consumo y la inversión de las Administraciones Públicas tiene un efecto impulsor en la economía y los estabilizadores automáticos, especialmente el seguro de desempleo, ayudan a mantener la renta disponible de las familias en las recesiones, lo que permite sostener el consumo privado. 

La transferencia de 17.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, dirigido a reforzar los gastos de sanidad y educación, junto a las prestaciones hacia colectivos vulnerables y coberturas para mantener el empleo (ERTES) han supuesto un importante incremento de gasto público discrecional. 

La recuperación económica en la segunda parte del año podría haber hecho posible la reducción en el nivel de gasto fiscal, pero los elevados rebrotes de virus están prolongando la necesidad de apoyo en sectores importantes para la economía, como el turismo y la hostelería, con lo que se va a mantener el elevado gasto público en el segundo semestre. 

La economía española tiene dos retos de cierta urgencia en el horizonte: aprobar los presupuestos públicos, en los que habrá de constar el proceso de reducción del déficit público a medio plazo, y construir proyectos con capacidad para encauzar las aportaciones del fondo de recuperación europeo, que apuntan a impulsar un modelo productivo más sostenible y digital. 

LENTA RECUPERACIÓN

Las medidas de emergencia sanitaria para tratar de controlar los brotes de virus están sumergiendo a las economías de algunos países en aguas turbulentas. La caída del consumo, el cierre temporal de fronteras y la casi desaparición del turismo causan incremento de desempleo y aumento de precarización del trabajo. En el corto plazo, se está tratando de encontrar la mejor manera de compaginar la vida cotidiana con la acción del virus, adoptando medidas para minimizar el contagio. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el conjunto de las economías más desarrolladas tuvo un retroceso del PIB del 9,8% en el segundo trimestre de 2020. 

Como podemos observar, el Reino Unido es el país que mayor caída del PIB tuvo en el segundo trimestre de 2020 (20,4%), seguido de España (18,5%), situándose la media de la Unión Europea en el 11,7% 

En una perspectiva más amplia, la situación de pandemia va mostrando que se necesita reforzar el papel del sector público en la economía, superando las ideas de que sólo debe gestionar, con normativas legales, los problemas que surgen en los mercados. 

El Estado puede tener un papel más relevante, actuando como emprendedor que arriesga, favoreciendo movimientos hacia un modelo más sostenible desde los puntos de vita económico, social y medioambiental. Debe ser capaz de impulsar el desarrollo de las energías renovables, la transformación digital, la inteligencia artificial, la salud y el cuidado, entre otros aspectos. 

En su agenda de reformas, la economía española tiene pendientes varios retos estratégicos. Uno de los aspectos a afrontar es el mercado laboral, en el que ha de reducirse la precaridad del empleo, superando la dualidad temporales/indefinidos, y restablecerse la vinculación de los salarios a la productividad, a fin de que mejore el reparto de la renta para los asalariados. Hay que conseguir que en las fases recesivas el ajuste pueda realizarse vía salarios y no despidiendo trabajadores. 

Un segundo frente de acción es la reforma fiscal, que incremente la recaudación, haciendo pagar más a los altos ingresos, mejorando así la redistribución de la renta y el volumen de los recursos disponibles, al tiempo de reducir la desigualdad social. 

Están pendientes también las reformas regulatorias de la transición energética y de la vivienda, que requieren la reforma del mercado de la electricidad y la creación de viviendas públicas en alquiler, para incrementar la inversión, ayudar al acceso de los jóvenes a la vivienda y favorecer el cambio de modelo productivo. 

España va a encontrar más obstáculos que otros países europeos en la senda de recuperación, debido a la mayor incidencia del turismo y del ocio. Tampoco ayudarán las políticas activas de empleo, poco efectivas en España, para recolocar parados. 

La OCDE señala que España corre el peligro de quedase rezagada del resto de las economías avanzadas en la recuperación. Observa síntomas de debilidad en la actividad económica, cuando otros países experimentan cierto fortalecimiento. Por tanto, parece que el proceso de mejora va a ser lento.