CONTROL DE PRECIOS

El precio que se establece en los mercados resulta del equilibrio entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Este precio de equilibrio no suele satisfacer a todos los implicados.

Es por ello que surgen demandas a los poderes públicos para que intervengan los Gobiernos en los mercados, imponiendo controles de precios, en sus dos modalidades: precio máximo o precio mínimo. Estas regulaciones producen ciertos efectos secundarios previsibles y no deseados. Nos vamos a centrar en los precios máximos, citando antes dos casos aireados por la prensa.

El gobierno venezolano estableció control de precios en el año 2003, tras un período sombrío de huelgas y en una situación de crisis económica. Se publicó una lista de bienes y servicios considerados de primera necesidad, cuyos precios máximos de venta al público serían fijados por el Ejecutivo Nacional. Aunque se suponía que los controles serían temporales, 15 años después el sistema regulatorio continua en vigor.

Otro caso de aplicación de precio máximo bastante frecuente se da en el control de alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona está considerando la posibilidad de regular el mercado a través de medidas que controlen el precio del alquiler y limiten la cantidad de pisos turísticos.

Los precios máximos se imponen sobre todo en tiempos de guerras, desastres naturales o crisis excepcionales, situaciones que producen subidas repentinas de precios, en las cuales se pueden aprovechar unos pocos para enriquecerse en perjuicio de la mayoría de la gente

Para conocer los efectos que produce el precio máximo en un producto vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que el producto X alcanza en el mercado libre un precio de equilibrio (Pe) de 100 euros con una cantidad de 10.000 unidades (Qe), donde coinciden la oferta (S) y demanda del producto (D)

Las autoridades del país estiman que resulta un precio elevado para los compradores y establecen un precio máximo obligatorio (P max) de 80 euros por unidad. Como a este nuevo precio la demanda (Qd) es de 12.000 unidades y la oferta (Qs) se reduce a 8.000, el primer efecto resulta evidente en el gráfico: un exceso de demanda sobre la oferta de 4.000 unidades. Significa que una parte de la demanda de los consumidores queda desatendida al no haber producto suficiente. Es una pérdida de eficiencia, porque los consumidores no reciben cuanto desean y los fabricantes deciden reducir la producción.

Un segundo efecto de los precios máximos es la generación de incentivos para las actividades ilegales. Aparece el “ mercado negro”, con una actividad económica que está al margen de la ley, donde el consumidor puede adquirir, a mayor precio que el máximo legal, el producto que demanda. A este precio más elevado, los fabricantes están dispuestos a producir mayor cantidad, pero deben desviar parte de la producción al marcado paralelo al legal, en el que el consumidor tiene generalmente menos garantía del producto o servicio que recibe y la Hacienda Pública pierde recaudación.

Aunque los precios máximos producen escasez, ineficiencias y provocan la aparición de mercados negros, las autoridades públicas continúan imponiendo regulaciones en ciertas circunstancias, con la convicción de que los precios máximos hacen posible que grupos con menor capacidad económica de la sociedad pueden comprar ciertos productos básicos o encuentren pisos de alquileres asumibles.

Pero el análisis de la demanda y la oferta nos muestra que la escasez de oferta que provocan los precios máximos tienden a largo plazo a impulsar elevaciones de los precios, precisamente el efecto contrario al deseado por los reguladores.

LONGEVIDAD Y ENVEJECIMIENTO

Organizaciones de Naciones Unidas remarcan que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Va a tener consecuencias para el mercado laboral y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

La esperanza de vida de las personas viene aumentando desde hace muchas décadas en todos los países. Los avances del sector sanitario y farmacéutico, junto con los cambios en el estilo de vida de la sociedad, han hecho posible que la vida humana se prolongue en España a un ritmo de cuatro años por década en el último siglo, hasta llegar a alcanzar en promedio más de 82 años de vida en la actualidad, convirtiéndose en el cuarto país más longevo del mundo, por detrás de Japón, Suiza y Singapur.

El incremento de la esperanza de vida, la escasa mortalidad infantil y juvenil y la drástica caída de la natalidad hacen que aumente la edad media de los españoles, hoy día en torno de 43 años. La causa más importante del envejecimiento es sin duda la caída en picado de la natalidad, que comenzó hace tres décadas, hasta llegar a la actual tasa de hijos por mujer de 1,27, casi un punto (un hijo) menos de lo necesario para que se dé el relevo generacional (2,1 hijos por mujer).



En la prospectiva del cuadro se aprecia un incremento de personas en los grupos de edad más avanzada, de 65 a 79 años y de 80 años en adelante. Del 9,1% que representaban en conjunto estos grupos de población en 1950, la previsión sobrepasa el 30% para el 2050.

El cambio de la pirámide poblacional tiene consecuencias para los contribuyentes, puesto que en los Presupuestos Generales del Estado aumentan las partidas destinadas a las pensiones y a sostener el sistema sanitario. Una población activa en descenso tendrá que soportar las necesidades de los menores de edad y las personas mayores.

Los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que desde 1981 la población de mayores casi se ha duplicado, en tanto que la juvenil se ha reducido en un 40%.

A falta de una política decidida de apoyo a la natalidad, que bien podría incluir beneficios fiscales, lo cierto es que son los inmigrantes los que rejuvenecen la población española, rebajando la edad media, aunque no sea más que en un año.

Las extranjeras en España superan el índice de fecundidad de las madres españolas, hasta alcanzar un 1,6 hijos por mujer. En parte puede ser por sus hábitos y cultura, pero también porque emigran en edades de tener hijos. En conjunto, la población española supera los 46,6 millones de habitantes, pero no pasaría de 42,1 millones de no ser por el colectivo de los inmigrantes

DESIGUALDAD GENERACIONAL

La desigualdad incide con diferente intensidad sobre las personas en función del nivel educativo, las condiciones familiares, la residencia, el género o la cohorte generacional a la que pertenecen.

Diversos estudios ponen de relieve la escasa atención que se está prestando al incremento de la desigualdad dentro de cada país entre los diferentes grupos generacionales. El colectivo de 16 a 29 años soporta situaciones de alto nivel de desempleo y elevada incidencia del trabajo temporal y del trabajo parcial involuntario, que acarrean menores salarios y dificultades de promoción y formación en el trabajo.

En el siguiente cuadro se recoge la situación del desempleo por grupos de edad, en porcentaje sobre la población activa, en España, en el segundo trimestre de 2018:

Observamos que la tasa de paro en el grupo de 20 a 24 años duplica al de 25 a 54 años y el desempleo juvenil llega a afectar a la mitad de su colectivo. En cifras globales, la situación relativa ha empeorado en el segundo trimestre, ya que mientras en el grupo de 25 a 54 años ha descendido el paro en 271.600 personas y en los mayores de 55 años, en 41.800, los jóvenes de 16 a 24 años en desempleo aumentaron en 7.400.

En mazo 2018, la tasa de desempleo para menores de 25 años era en España el 36,3%, la más alta de Europa después de Grecia. La tasa menor tenía Alemania (6,6%) y la media europea se situaba en 16,8%.

En base al índice de Gini, la desigualdad se ha mantenido en Europa en la última década, (salvo en España, que ha aumentado). La renta disponible de la población mayor de 65 años ha crecido y se ha estancado en el resto de la población. Se debe en gran parten al efecto de las pensiones de jubilación en la redistribución de las rentas.

Da la impresión de que el sistema de bienestar vigente otorga una desigual protección en términos generacionales, dando preferencia al colectivo de personas mayores y relegando a los jóvenes de los programas de rentas mínimas, como lo demuestra las dificultades de acceso a la vivienda, lo cual les acarrea bajos niveles de emancipación.

Hay que recordar que el pacto social implícito supone que los jóvenes reciben una formación y cuentan con expectativas de buenas condiciones laborales para poder sostener y reiniciar el ciclo intergeneracional. Pero parece que el sistema se está resintiendo en el encuentro con el mercado de trabajo.

Los jóvenes no deben caer en una situación de agobio y falta de oportunidades que resquebraje el consenso social. En una fase de mejora económica, una mayor atención a la situación de la juventud puede ayudar al restablecimiento del equilibrio, facilitando el acceso de los jóvenes al trabajo y mejorando las condiciones de los ocupados.

FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

Las transacciones económicas internacionales requieren un mercado para intercambiar unas monedas por otras. Es el denominado “mercado de divisas”, en el que se igualan la demanda y la oferta, estableciéndose los tipos de cambio, los precios entre las monedas. Se trata de un mercado electrónico, global, que se utiliza en todos el mundo para comprar y vender monedas.

El tipo de cambio se puede definir como el precio de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional, o bien, el precio de la moneda nacional expresado en otra extranjera. Por ejemplo, si el tipo de cambio es de 1,16 dólares por euro, en sentido inverso, será de 0,86 euros por dólar.

Conviene distinguir entre el tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. El primero es el que reflejan las cotizaciones entre monedas y el segundo, el real, tiene en cuenta los precios relativos de los bienes y servicios de los países, es decir, el poder de compra de una divisa en relación con otra. 

El tipo de cambio real, denominada también “Paridad de Poder Adquisitivo” (PPA) es una referencia a largo plazo, porque señala la tasa que igualaría en promedio el coste de una cesta determinada de productos en dos países.

Pero en el corto plazo la cotización entre divisas puede diferir mucho de la paridad de equilibrio del largo plazo. La cotización de cada momento viene afectada tanto por el diferencial de inflación entre las divisas como por el diferencial de tipo de interés.

Así, por ejemplo, una divisa con los intereses más elevados atraerá más flujos de inversión al país, favoreciendo su apreciación. Las dos variables, inflación y tipo de interés, están interrelacionadas y, más que sus valores actuales, son relevantes las expectativas de evolución futura.

Como ejemplo, el siguiente gráfico muestra la relación entre el euro y el dólar norteamericano en términos de PPA (PPP rate, en inglés)

Observamos en el gráfico que la cotización entre ambas monedas ha llegado a oscilar en la última década, por encima y por debajo, en torno al 18% respecto de la capacidad adquisitiva o paridad de largo plazo (PPP), mostrando un euro sobrevalorado del 2003 al 2012 y una infravaloración en la moneda europea a partir de 2014.

Importantes fluctuaciones del tipo de cambio están afectando a varios países emergentes, en especial a la lira turca. El incremento de los aranceles decretado por EE.UU contra la importación de acero (50%) y aluminio (25%) ha provocado el desplome de la divisa turca.

La lira ya venía experimentando caídas desde 2014. Cerró 2017 a 0,26 dólares por lira y ha descendido hasta 0,15, lo cual supone una depreciación acumulada este año del 42%. Turquía viene sufriendo tres desequilibrios que afectan a su moneda: inflación media del año elevada (12%), déficit por cuenta corriente en su balanza de pagos (-5,5%) y deuda creciente con el extranjero.

Aunque el núcleo central de la crisis cambiaria está en Turquía, los efectos llegan a Argentina, Sudáfrica, Brasil, Rusia e India, países emergentes que han acumulado en los últimos años un fuerte endeudamiento, en gran medida en moneda extranjera. Estas sacudidas en los tipos de cambio pueden ser el anuncio de un período de turbulencias financieras.

LA BRECHA EXTERIOR

En las crisis de la economía española, el déficit exterior suele ser un indicador relevante del intenso desajuste de la estructura productiva. Así ocurrió en los años de la burbuja inmobiliaria (2002-2007), cuando el país fue acumulando un creciente déficit en sus relaciones comerciales con el exterior, que llegó a registrar en la cuenta corriente de la balanza de pagos un saldo histórico del -9,6% del PIB en el año 2007, lo cual significa que se necesitó recurrir a una financiación externa superior a 100.000 millones de euros para atender a los gastos internos de consumo e inversión.

En el siguiente cuadro tenemos la evolución de la balanza por cuenta corriente en la última década, subdividida en sub-balanzas:



La brecha exterior de la burbuja inmobiliaria fue reduciéndose, hasta que en la segunda mitad de 2012 España dejó de depender del crédito exterior por primera vez en muchos años y fue acumulando excedentes frente al resto del mundo. En el año 2017, como se recoge en el cuadro anterior, alcanzó un saldo positivo por cuenta corriente cercano a 20.000 millones de euros, en torno al 1,8% del PIB.

Un primer determinante de este cambio en la relación económica con el exterior fue el notable incremento de las exportaciones en plena crisis. En el período de 2008 a 2017, las ventas se elevaron a una tasa media del 7,1% anual. Este comportamiento dio lugar a la ampliación de la apertura comercial (exportaciones/PIB), pasando del 17,6% en 2007 al 24% en 2014.

El aumento de las ventas se concentró en los bienes intermedios (productos semielaborados para fabricar bienes de equipo, ensamblar automóviles y obtener productos químico-farmacéuticos) y alimentos (frutas, hortalizas, legumbres y productos cárnicos). Cabe mencionar como significativa también la exportación de automóviles.

Aunque la reducción de los costes laborables puede haber influido en este avance exportador, los estudios realizados apuntan más bien a otras razones. Se ha podido constatar que una parte considerable del comercio internacional viene discurriendo por factores ajenos a la competitividad-precio.

Las ventajas competitivas relevantes van ligadas a las condiciones de la producción y de la tecnología, a la comercialización y a la financiación, así como al entorno macroeconómico. Las estrategias son decididas en gran parte por las empresas multinacionales, participando habitualmente en el intercambio unidades del mismo grupo empresarial.

Las importaciones contribuyeron también a la reducción del déficit comercial exterior, dado que aumentaron con moderación, influidas por las variaciones de los precios en las compras energéticas (petróleo y gas). Cabe destacar también las adquisiticiones de bienes semielaborados (componentes de automoción, mecánicos, electrónicos y químicos), que se elaboran después, en muchos casos para exportarlos formando parte de cadenas de valor globales.

En la sub-balanza de servicios destaca la partida de turismo y viajes, que en España ha sido siempre el contrapeso al saldo negativo de los intercambios de bienes. Los ingresos turísticos han pasado de 40.000 millones de euros en 2011 a 60.000 millones en 2017, aprovechándose de las dificultades que atraviesan algunos competidores turísticos en el Mediterráneo.

Otros servicios distintos del turismo también están logrando superavit en sus relaciones con el exterior, tales como seguros, transporte, telecomunicaciones-informática, consultoría y construcción, consecuencia del proceso de internacionalización de las grandes empresas españolas.

En cuanto a las rentas primarias, la partida más importante es el intercambio de rentas de inversión. Desde 2012 se produjo un fuerte descenso de los intereses devengados por los préstamos recibidos desde el exterior, aunque siguieron aumentando las salidas por beneficios y dividendos. Se incluyen los fondos del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) de origen comunitario, por precios agrícolas garantizados, y los pagos de la aportación española al presupuesto comunitario.

Las rentas secundarias, que dan saldos negativo, se refieren a la salida de remesas de emigrantes y los flujos con la Unión Europea, que contabilizan las aportaciones de España sobre las cuotas de IVA y del PIB. En los ingresos, destacan los procedentes del Fondo Social Europeo.

En definitiva, el cierre de la brecha exterior fue consecuencia del aumento de las exportaciones, con cierta contención en las importaciones, facilitada por el comportamiento favorable en los precios de los productos energéticos. Aumentaron los ingresos por turismo y los servicios profesionales de las empresas en el exterior, disminuyeron las rentas primarias por los menores intereses a pagar de los préstamos y descendió el déficit de las rentas secundarias, en especial por la caída en los envíos de fondos de los inmigrantes a sus países de origen.

RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA

La Comisión Europea anunció recientemente una multa de más de 4.300 millones de euros (4,5% de la facturación de 2017) al gigante de Internet Google por abuso de posición dominante a través de Android, su sistema operativo de dispositivos móviles, y la obligación de cesar su práctica monopolística en el plazo de 90 días.

Se le acusa de aprovechar la plataforma para extender al móvil su dominio en el mercado de los motores de búsqueda, imponiendo restricciones ilegales a los fabricantes y operadores de red móviles, que han impedido a los consumidores europeos beneficiarse de una oferta competitiva.

La competencia es una derivada lógica de la economía de mercado, en la que las empresas privadas concurren al mercado para ofrecer sus productos y servicios a los consumidores. Además de los precios, la capacidad competitiva de las empresas viene determinada por la calidad de los productos, la innovación y los servicios de atención al cliente.

Se dice que hay competencia perfecta cuando ninguna empresa tienen poder suficiente para fijar el precio del producto. En este caso será la interacción entre empresas oferentes y demandantes la que determinará el precio. Es un mercado con muchos compradores y vendedores, de tal modo que ninguno de los dos grupos ejerce una influencia decisiva en el precio del producto, que ha de ser un bien o servicio homogéneo.

Existen mercados donde las empresas no se atienen al precio que puede surgir en el mercado, sino que tienen capacidad para amoldarlo a su conveniencia. Se dice que son mercados de competencia imperfecta. Así, cuando el número de vendedores es reducido y deciden no competir para mantener altos los precios (colusión), nos encontramos ante un mercado de tipo oligopolístico. Y cuando hay un único oferente del producto y éste fija su precio estamos en un mercado monopolístico.



En el esquema gráfico observamos los diferentes niveles de monopolio y oligopolio. Cuando es la demanda la que está concentrada en una empresa o en unas pocas, se dice que existen situaciones de monopsonio u oligopsonio,

Una modalidad mixta es la que se denomina “competencia monopolística”, donde ofertan en el mercado múltiples empresas, pero con productos diferenciados y en segmentos distintos, bien definidos, como es el caso del mercado de automóviles.

Los mercados de competencia imperfecta se caracterizan también por la existencia de barreras que impiden o dificultan la entrada de nuevas empresas. La información suele ser asimétrica, porque el vendedor posee mucha más información sobre el producto que el comprador.

Ya lo advirtió hace dos siglos y medio el escocés Adam Smith, considerado como el padre de la economía moderna: "Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías".

Ante el hecho de que la competencia es imperfecta en los mercados reales, las normas antimonopolio vigentes en la Unión Europea tratan de garantizar a las empresas condiciones leales y equitativas, sin que afecten a la innovación y al desarrollo empresarial.

Las normas establecen que las empresas no pueden fijar precios o repartirse los mercados entre ellas, ni abusar de su posición dominante para expulsar a sus competidores o fusionarse, cuando ello suponga adquirir una posición de control del mercado.

Las grandes empresas tienen prohibido aprovechar su poder de negociación para imponer condiciones que dificulten a sus proveedores o clientes negociar con sus competidores, dado que tienden a incrementar los precios y quita posibilidades de elección a los consumidores.

La Comisión Europea vigila también que no se otorguen subsidios inmerecidos, dado que las ayudas que conceden a las empresas los Gobiernos pueden favorecer intereses particulares en detrimento de los que compiten por sus propios méritos.

Las facultades de la Comisión para investigar y poner fin a las infracciones de las normas de competencia de la Unión Europea están sujetas, en último término, al control jurisdiccional de los tribunales europeos, a los que elevan a menudo sus reclamaciones las entidades afectadas.

CONDICIONANTES DE LA ECONOMÍA

La política económica de un país está siempre mediatizada por los valores y la ideología de los decisores, que utilizan la economía como una herramienta útil para orientase hacia sus objetivos.

A partir de los valores legados por la Revolución Francesa, (libertad, igualdad y fraternidad-solidaridad), la economía trata de dar respuesta a las tres cuestiones básicas del sistema económico: qué producir (bienes y servicios), cómo producir (utilizando el mercado o el Estado) y para quién producir (distribución de la producción)

Con estos fundamentos, la política económica busca alcanzar el equilibrio global del país, una situación en la que la demanda agregada es igual a la oferta agregada, con un nivel de precios y un volumen de producción que atiendan las expectativas de todos los agentes económicos (hogares, empresas, sector público y sector exterior).

Si la oferta de bienes y servicios es mayor que la demanda, las empresas no venderán toda su producción. Tratarán de reducirla, eliminando empleos y disminuyendo la capacidad de producción potencial. Se reducirán los ingresos de los hogares, el Estado recaudará menos impuestos y caerá la demanda, que afectará a otros sectores, multiplicándose así los efectos negativos en la economía.

Cuando la expectativa de gasto o demanda agregada sea mayor que la oferta de las empresas, al no existir producción suficiente, habrá presión al aumento de precios, que incrementará la demanda de dinero, con la consecuencia probable de la subida del tipo de interés, afectando negativamente sobre todo a la inversión de las empresas. Un aumento de precios superior al de otros países reduce las exportaciones, lo cual significa una menor demanda que, junto con la reducción de las inversiones, impulsa en cadena el proceso de empeoramiento.

Observamos en el sencillo gráfico las líneas de oferta agregada (OA) y demanda agregada (DA), que se encuentran al nivel de precios Pe y PIB real Qe. Cualquier variación de los componentes tanto de la oferta como de la demanda, distintos del nivel de precios (por ejemplo, una mejora tecnológica), desplaza las líneas y provoca un nuevo punto de equilibrio.

Pero resulta difícil conocer con precisión la dimensión de la oferta agregada, dado que las producciones de las empresas son muy distintas entre si, por lo que no pueden sumarse sin mayor elaboración. Además, no dependen únicamente de los precios, sino que intervienen otros factores importantes, tales como la tecnología y los costes.

Algo parecido sucede con la demanda agregada, que depende básicamente de la renta disponible y el nivel de precios, pero es afectada por otros factores, tales como la preferencia al consumo de los hogares, las expectativas de rentabilidad de las inversiones empresariales y la situación económica de los países a los que se dirigen nuestras exportaciones.

Por lo tanto, resulta difícil que exista una única respuesta ante las situaciones de desequilibrio. Además de las limitaciones en el conocimiento de la realidad social, influyen las hipótesis de partida de los modelos utilizados en el análisis, confeccionados con determinadas preferencias, valores o intereses, que generan diferentes efectos sobre los grupos sociales.

Bajo la guía del liberalismo, primará la libertad y el mercado, en tanto que con la orientación del socialismo se dará mayor énfasis a la igualdad y la actuación pública. Con el pensamiento socialdemocracia, se buscará el equilibrio entre la libertad y la solidaridad, tratando de aprovechar la eficiencia del mercado, pero intentando que el Estado corrija los fallos del mercado.

En consecuencia, para resolver situaciones de desequilibrio, entre las fórmulas técnicas posibles, acaban imponiéndose las medidas de política económica en sintonía con las ideologías e intereses de los partidos políticos, mediatizadas por los grupos de poder económico.