LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Las variables que con mayor frecuencia se utilizan para analizar la estructura productiva de un país son la participación de los distintos sectores en la generación del Producto Interior Bruto (PIB)  y el porcentaje de población ocupada en  cada uno.

El siguiente cuadro nos da una perspectiva de la evolución sectorial de la economía española en porcentajes sobre el PIB:

Vemos, por una parte, la caída continuada de la participación en el PIB de la Agricultura y de la Industria y, por otra,  el notable incremento del sector Servicios. La Construcción tiene un comportamiento derivado de la burbuja inmobiliaria, que elevó su participación en los años previos a la crisis y determinó su hundimiento al desinflarse.

En cuanto a la ocupación, la siguiente tabla muestra la distribución del empleo en España en lo que llevamos de siglo en porcentajes sobre el PIB:

La interrelación entre las dos variables (producción y empleo) nos muestra la baja productividad de la agricultura y de los servicios en comparación con el sector industrial.

El sector primario ha sido básico en España, pero hoy día su aportación al PIB no supera el 2,5% y da empleo al 4,3% de la población ocupada. El subsector agrario está muy diversificado; en la ganadería destacan las producciones de  porcino, leche y  ganado vacuno, y en la pesca es la insuficiencia de oferta la que limita la producción, debido a la dificultad de acceso a los caladeros ajenos y al agotamiento de los recursos propios y ajenos.

La industria española, sector que en la década de 1980 representaba en torno al 25% del PIB, tiene una clara especialización, en cuanto a la aportación al PIB, en las ramas de alimentación y bebidas, productos metálicos y fabricación de material de transporte. Son también importantes las ramas del papel y de la química.

En términos de empleo, las ramas más intensivas en mano de obra son la madera, el corcho y el textil, pero tienen escasa relevancia en la aportación al PIB.

En cuanto al sector servicios, su incremento en la composición del PIB, la llamada “terciarización” es un fenómeno habitual en el proceso de desarrollo de los países. En el caso de España, una parte importante de la inversión en otros países se realiza en sectores terciarios, tales como banca, ingeniería, gestión y construcción de infraestructuras, telefonía, seguros y hoteles, en los cuales el país cuenta con empresas capaces de competir en los mercados internacionales. 

EL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL

El sistema de protección social es un conjunto de acciones de las instituciones públicas para asegurar a la población ante situaciones de la pérdida de ingresos a causa de problemas de salud, la pérdida del empleo y la vejez, así como la asistencia a los desfavorecidos, que conlleva la tarea de reducir la pobreza y mejorar la distribución de la renta. 

Centrándonos en datos de la Comunidad Autónoma Vasca, el importe total de los recursos dedicados a la protección social en el año 2013 fue de 16.663,4 millones de euros, que representó el 25,22% de PIB. El gasto ha tenido una clara tendencia creciente en los últimos años, pasando de 6.402 euros por habitante en 2008 a 7.658 euros en 2013, un aumento cercano al 20%.

En el siguiente gráfico tenemos la distribución del gasto social:

Vemos que la asistencia a la Vejez acaparó más del 40% del gasto en prestaciones. incluyendo las pensiones y las prestaciones asistenciales de alojamiento y atención domiciliaria. En segundo lugar se situó la atención sanitaria, con cerca del 26% del gasto total, seguida por la prestación de desempleo y la formación para el empleo, que supusieron el 11%.

El gráfico siguiente representa el gasto comparado en protección social por habitante en paridad de poder de compra:

Observamos las trayectorias ascendentes de los gastos de protección social en los tres ámbitos: C.A. Vasca, España y Unión Europea. Desde 2008, la comunidad vasca supera a la media de la Unión Europea. El gasto promedio de España fue inferior al de la C.A. Vasca en un 24% en el 2012. 

El gasto público social es una herramienta para la corrección de las desigualdades. Su capacidad redistributiva en España, especialmente las pensiones, se estima que es cuatro veces mayor que la conseguida a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. 

Las políticas redistributivas españolas no han sido capaces de contrarrestar el crecimiento de la desigualdad de la renta entre la población en edad de trabajar. La desigualdad es debida a la dispersión de las rentas primarias que se generan en un mercado laboral anclado en la precariedad e incapaz de reducir significativamente la inactividad y el alto nivel de desempleo. 

No resulta extraño, por tanto, que el informe de la Comisión Europea sobre la “Inversión social en Europa” señale que la situación del Estado del Bienestar en España se haya deteriorado desde el año 2010. El documento afirma que es “claramente ineficaz porque no reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes”. 

LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS MONEDAS

Cuando los mercados son competitivos se admite que los productos iguales vendidos en diferentes países, sin considerar los costes de transporte ni los aranceles, deben tender al mismo precio al ser expresados en una misma moneda. Por ejemplo, si el tipo de cambio es de 1,10 dólares  por euro, un bien que cuesta 220 dólares en EE.UU. tiende a costar 200 euros en España.

Es la denominada ley del precio único, que permite formular la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), la cual  afirma que el tipo de cambio de las monedas depende de la relación entre los niveles de precios de los países

Cuando los bienes y servicios son temporalmente más caros en un país que en otros se dice que su moneda está sobrevalorada, y esa situación da lugar a la disminución de su demanda y también la de los productos del país. Los tipos de cambio y los precios son reconducidos al nivel del PPA. Es así como las fuerzas económicas ayudan, con el paso del tiempo, a igualar el poder adquisitivo de las divisas.

Hay una PPA absoluta, basada en niveles de precios y tipos de cambio, y una PPA relativa, ajustada mejor a la realidad,  que opera con variaciones porcentuales de los niveles de precios y de los tipos de cambio. Estos porcentajes mantienen también constante el poder adquisitivo de la moneda de un país respecto a otras divisas en el muy largo plazo.

Por ejemplo, si los precios en EE.UU. suben un 3% en un año y en Europa crecen un 1%, la PPA relativa establece que el dólar se depreciará un 2% para compensar la diferencia de inflación y dejar invariable el poder adquisitivo interno y externo de las dos divisas.

La revista The Economist utiliza desde 1986 el índice confeccionado con los precios de una hamburguesa “Big Mac” de McDonald, expresado en dólares estadounidenses, en diferentes países para aproximarse a la evaluación de la posición de las monedas. En enero de este año, el precio de la hamburguesa era de 4,93 dólares en EE.UU. y, al tipo de cambio del mercado, en China se situaba en 2,68 dólares, lo cual significa que el yuan chino estaba infravalorado en un 45,6%, consecuencia de la decisión de las autoridades chinas de mantener depreciada la moneda para favorecer a los exportadores de su país.  

Vemos en el gráfico que el euro estuvo sobrevalorado respecto del dólar entre los años 2005 y 2014, alcanzando un máximo del 50% en el 2008, pero desde el comienzo de la crisis fue infravalorándose y, a comienzos de 2016, se situaba en el entorno de 1€=1,07$, cuando en términos de PPA, el tipo de cambio debería ser de 1€=1,33$, es decir, que estaba infravalorado en torno al 19%.

El índice “Big Mac” no pretende ser una medida exacta de la desviación de los tipos de cambio en las diferentes monedas, pero ayuda a comprender la teoría de la PPA, la formación del verdadero valor de intercambio de las divisas.

La teoría de la  PPA de los tipos de cambio se enfrenta a diversos problemas en la realidad del comercio internacional, que pueden dar lugar al incumplimiento de sus principios, es decir, que en muchas ocasiones no se llega al nivel de equilibrio de los mercados, incluso en el muy largo plazo. 

Existen costes de transporte y barreras comerciales que entorpecen los intercambios, incluso los anulan en algunos productos. Además, las prácticas oligopolísticas en los mercados de bienes introducen notables divergencias en productos similares de diversos países. Y, por último, hay diferentes mediciones de la inflación en función de las cestas de productos que se utilicen en los cálculos de los índices de precios de consumo de los países.  

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

El crecimiento económico, medido con el Producto Interior Bruto (PIB), se viene considerando como el objetivo básico de la política económica, argumentando que incrementa el nivel de empleo y aumenta el bienestar general. 

Sin embargo, hay que reconocer que el PIB no recoge algunos aspectos importantes para el bienestar, porque no tiene en cuenta los cambios en la calidad de vida. Las condiciones laborales, el tiempo de ocio y el acceso a los servicios sanitarios y educativos son ignorados por el PIB.

El verdadero nivel de la actividad de un país es subestimado por el PIB al no tener en cuenta los bienes y servicios que no pasan por el mercado. Es el caso de los servicios domésticos y los cuidados familiares. 

Cuando un miembro de la familia realiza las tareas domésticas o cuida de una persona dependiente, el trabajo no lo contabiliza el PIB. Sin embargo, si se contrata a una persona para realizar esas tareas, sí se tiene en cuenta en el cómputo de producto del país. 

A rellenar esta laguna, como información complementaria, viene el estudio realizado por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), que ha elaborado la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico 2013. Nos indica que el valor económico no remunerado aportado por las actividades realizadas por los hogares fue de 21.342 millones de euros, un 32,4% del PIB correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En el siguiente gráfico y el cuadro de datos observamos la evolución en los últimos 20 años:

Los datos evidencian el carácter contra cíclico de este tipo de trabajo, dado que su proporción respecto al PIB se incrementa en los períodos de declive económico, 1993 y 2013. El mínimo, un 28,7%, se situó en el año 2008, al final de la burbuja inmobiliaria. En los años siguientes va aumentando debido a que la crisis económica hace que muchas personas pasen de trabajar en la economía de mercado a quedarse en casa para atender las necesidades domésticas. 

La principal dedicación del trabajo doméstico es la compra y preparación de las comidas (43%), seguida de las labores que exige la limpieza y el mantenimiento de la vivienda (31%), y facilitar cuidados y educación (18%). La ropa y otras gestiones (8%) completan las tareas domésticas. 

En cuanto a la evolución del trabajo doméstico por género, la participación del hombre ha pasado de un 20% en 1993 a un 33% en 2013, es decir, que aún hoy día la participación del hombre no va más allá de la mitad de la dedicación de la mujer.

Ante esta desproporción en las tareas domésticas, el planteamiento desde la denominada “economía del cuidado” es que se debe equiparar el trabajo familiar doméstico con la producción y el intercambio mercantil como generadores de valor económico. Se considera que “la división sexual del trabajo no solo diferencia las tareas que hacen hombres o mujeres, sino que también confiere o quita prestigio a esas tareas y crea desigualdades en las recompensas económicas que se obtienen"

Al fin y al cabo, el objetivo final de la actividad económica no es otro que la sostenibilidad de la vida, lo cual supone organizar la producción, la reproducción y los intercambios para que la vida se reproduzca y perdure en las mejores condiciones con justicia e igualdad.

MODELOS ACTUARIAL Y SOCIAL DE PENSIONES

En su análisis sobre la situación actual del sistema de pensiones, un experto hacendista viene a concluir que las dos reformas realizadas en los años recientes son “poco más que una rebaja generalizada de las pensiones, que afectan a todos sus elementos”.

Se estima que las reformas del 2011 supondrán para los nuevos jubilados una reducción en la pensión en torno al 20% y los cambios del 2013 provocarán en el largo plazo otra caída de la pensión media nominal en torno al 15%, con lo que el recorte del gasto en pensiones puede llegar a superar en el año 2030 un 3% del PIB.

Se han establecido más años para calcular el importe a cobrar y han aumentado en dos los necesarios para tener derecho a la pensión completa, al tiempo que se percibe durante dos años menos por el retraso en la edad de jubilación. 

El sistema actual funciona como una modelo actuarial, en el que los ingresos determinan los gastos, al estilo de una empresa privada, que iguala gastos e ingresos. Una alternativa sería utilizar el modelo de tipo social, en el que los gastos determinan los ingresos requeridos, con el objetivo de garantizar un nivel de bienestar a los pensionistas. Los nuevos ingresos podrían venir del aumento de cotización y de los impuestos. 

Como vemos en el siguiente gráfico, que muestra la evolución preocupante de las cuentas de la Seguridad Social en los últimos 20 años, la reciente mejoría de la economía española en términos de PIB no ha conseguido aliviar la situación de la Seguridad Social.

Los nuevos pensionistas tendrán que conformarse con una tasa de sustitución inferior, con lo que la pérdida en el tránsito de la vida laboral a la jubilación será mayor y, más tarde, se les aplicará una revalorización muy austera. 

El sistema de Seguridad Social de reparto español, como la mayoría de los modelos europeos, tiene límites tanto en la cotización como en la prestación. La proporción de la pensión que se genera cotizando al sistema público es decreciente respecto al nivel de la renta de los cotizantes. El planteamiento de los tipos de cotización y de ahorro efectivo que se logran en cada tramo de renta responde a un objetivo de solidaridad dentro del sistema público

En cualquier caso, no resulta aceptable que las reformas para afrontar los déficits de la Seguridad Social, consecuencia básicamente del envejecimiento de la sociedad, se materialicen únicamente en una reducción de las pensiones. Alguna responsabilidad debe tener un Estado que ha obligado a participar en el sistema a todos los trabajadores.

TASAS NEGATIVAS DE INTERÉS

La política monetaria ha tratado siempre de hacer frente a la inflación, uno de los enemigos del capital financiero, a base de mantener tipos de interés suficientemente elevados como para frenar el incremento del índice general de precios de consumo. 

Sin embargo, las políticas que aplican los bancos centrales en los últimos tiempos están rebajando las tipos de interés, hasta situarlos en terreno negativo. El Banco Central Europeo ya lo ha hecho y algunos analistas estiman que también la Reserva Federal de EE.UU. podría recurrir a las tasas negativas si se debilita la recuperación de la economía norteamericana.

No olvidemos que las tasas de interés que se anuncian son nominales. Teniendo en cuenta que en España el Índice de Precios de Consumo es en estos momentos en torno al -0,8% anual, el tipo de interés real, aunque el nominal caiga al 0%, sigue siendo positivo, +0,8% en este caso. 

El descenso de los tipos de interés, que ha seguido la estela de la caída de los precios, resulta pernicioso para la rentabilidad de los bancos. Se han reducido los márgenes del negocio tradicional bancario, que consiste en coger el dinero a un precio y prestarlo más caro, al tiempo que ha aumentado la presión regulatoria.

El BCE ha tratado de desincentivar el depósito del dinero de los bancos en el organismo europeo, a fin de que lo destinen a créditos para las empresas y las familias, de manera que las primeras lo inviertan y las segundas lo consuman, para estimular el crecimiento en una zona euro con escaso incremento del PIB.

Pero las medidas de los bancos centrales no fueron suficientes para estimular la concesión de créditos, ya que las entidades bancarias se dedicaron a comprar deuda pública y a depositar los excedentes monetarios en el banco central. 

Después de 18 meses con el precio del dinero en el 0,05% anual, el BCE decidió a comienzos de abril seguir el ejemplo que han aplicado otros bancos centrales y ha rebajado los tipos de interés al 0%, marcando así un nuevo mínimo histórico. Además, la institución europea aplicará una tasa del -0,4% a todas las entidades que depositen su dinero en el BCE, es decir, que perderán dinero. 

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del Euribor (Euro InterBank Offered Rate), que es el tipo de interés medio al que una selección de bancos se otorgan préstamos a corto plazo.

Vemos la trayectoria descendente de los dos años últimos, hasta convertirse en tasa negativa de -0,012% en marzo.

En general, no es habitual la aplicación de una tasa de interés negativa en economía, ya que cuando los ahorradores deciden depositar su dinero en los bancos están sacrificando el consumo presente para incrementar su capacidad de gasto en el futuro.

Si el objetivo de un inversor financiero es obtener un rendimiento, parece que pagar por prestar dinero no tiene sentido. Pero la inversión está relacionada con el riesgo que se quiere asumir. Algunos, sobre todo grandes inversores, pueden querer salvaguardar parte del patrimonio y asumen el coste que supone el interés negativo en una parte de sus inversiones. 

Tenemos el caso de Suiza, que está emitiendo bonos a 10 años con rendimiento negativo. Ello supone que los inversores los compran a un precio por encima de la par. Por ejemplo, pagan por unos bonos 1.100 francos suizos cuando al final recibirán 1.000. Así se crean los tipos de interés negativos, que asumen los que buscan refugio contra los efectos de las perturbaciones económicas. 

En el caso de las hipotecas españolas, el Euribor a doce meses es el indicador más utilizado para el cálculo de los intereses a pagar y ha ido descendiendo hasta acabar en tasa negativa desde febrero.

Por tanto, las cuotas se han ido rebajando, pero los bancos no van a devolver dinero a los hipotecados porque a este tipo de créditos las entidades financieras aplican un diferencial que, al añadir al Euribor, convierte el tipo de interés hipotecario en positivo. 

En el caso de las empresas, aunque todavía no ha habido una emisión en el mercado primario (cuando las empresas venden por primera vez sus bonos) con intereses negativos, algunos títulos de las empresas más solventes cotizan en el mercado secundario (cuando los títulos se intercambian entre entidades distintas al que los ha emitido) a tasas negativas o prácticamente nulas. 

Es el caso de títulos con vencimiento más próximo de grandes empresas, tales como Iberdrola, Telefónica y Gas Natural. Los bonos de estas y otras diez compañías españolas están ya incluidos en la lista de activos que el BCE permite utilizar a las entidades financieras como garantía para recibir dinero en préstamo a coste cero.

Tal como afirmaba el presidente del BCE en el Parlamento Europeo, “la política monetaria del banco central ha sido el único estímulo verdadero en los últimos cuatro años; ahora hay que poner énfasis en la inversión pública, en la inversión en infraestructuras”.

DÉFICIT PUBLICO CERO

Cuando se quiere gastar más de lo que se ingresa, la diferencia tiene que pedirse prestado. Por tanto, obligar a los Estados a conseguir un déficit cero es equivalente a prohibirles emitir deuda, lo cual significa recortar la acción gubernamental.

Claro que, cuando se pueden ganar votos con promesas de incrementos de gastos sin plantear una elevación de impuestos, los Estados tienden a generar déficits excesivos.

 

Es por ello que en los últimos meses han sido frecuentes los debates sobre la limitación  del déficit público. Resulta habitual la referencia de los políticos al déficit estructural que recoge el artículo 135 de la Constitución española, en el que se establece un déficit del 0,4% del PIB, en sintonía con los límites europeos fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La norma de rango constitucional aprobada en septiembre de 2011, sin someterla a debate público,  supuso dar prioridad absoluta en los presupuestos del Estado al pago de los intereses y a la devolución de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad de gasto.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de la deuda española, consecuencia de los déficits acumulados, que alcanza ya el equivalente al 99% del Producto Interior Bruto de país.

El déficit público puede ser cíclico, consecuencia del descenso de la actividad económica,  o  estructural, que no se corresponde con una coyuntura recesiva, sino que obedece al desequilibrio de las cuentas públicas. Este segundo tipo de déficit es el preocupante, debido a que se convierte en una amenaza para la sostenibilidad de los presupuestos de las Administraciones Públicas.

El cálculo del déficit estructural se realiza a través de la estimación del PIB potencial, el resultante de utilizar todos los recursos materiales y humanos disponibles, sin que genere inflación. Cuando la economía se encuentra en recesión, la diferencia entre el PIB real y el potencial suele ser negativa y pasa a ser positiva en la situación de auge.

Una vez separado el componente cíclico, que se observa en la sensibilidad de los ingresos y gastos al cambio de coyuntura, se estima el déficit estructural, que resulta de eliminar tanto la influencia cíclica como cualquier gasto extraordinario de naturaleza temporal. Es este tipo de déficit el que permite determinar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Dado que el déficit estructural hay que obtenerlo de una estimación, que varía según el método utilizado, su uso en las políticas económicas puede tener un carácter orientativo, pero no resulta razonable utilizarlo para crear normativas con fuerza de ley, tal como sucedió con el cambio constitucional citado 

Los analistas económicos aconsejan en general mantener los tipos impositivos más o menos constantes y dejar que haya déficits durante las recesiones y superávits en las expansiones, de manera que el presupuesto público se equilibre, es decir, que resulte en torno a cero como promedio, aunque no lo sea cada año.