LA AUSTERIDAD FISCAL

 La austeridad fiscal se identifica con medidas de cierto rigor en el control del gasto público, que los Estados tienden a aplicar cuando se registran déficit presupuestarios, con significativas diferencias negativas entre ingresos y gastos públicos, sobre todo en economías con elevado nivel de endeudamiento. 

Las decisiones de austeridad fiscal suelen incluir habitualmente recortes salariales a los empleados públicos, reducción de prestaciones sociales (pensiones, subsidios de desempleo y otras transferencias), descenso de inversiones publicas, privatización de activos y subidas de impuestos. 

Así sucedió en la Gran Recesión, a partir de 2010, con las medidas de consolidación fiscal aplicadas en España, que precarizaron a la población, con recortes en servicios sociales y sin apenas apoyo a colectivos vulnerables. La reducción de empleo y las pérdidas salariales afectaron a la demanda de consumo que, bajo los efectos de los multiplicadores keynesianos, encauzaron la caída de la economía en una segunda recesión dos años más tarde. 

Con la ley de estabilidad financiera de 2012 se pretendió dar cobertura a la normativa neoliberal, respaldada por la Unión Europea, que vino a reafirmar las políticas de ajuste y los recortes, argumentando que eran los instrumentos idóneos para abordar situaciones de recesión económica. 

Pero no se espera que una estrategia de austeridad solucione los desequilibrios que está produciendo la nueva crisis económica, esta vez provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19. No cabe duda de que las cuentas públicas deberán sanearse y mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, pero no con normativas rígidas de consolidación fiscal. 

Parece que la pandemia está ayudando a establecer una visión distinta de la política económica a aplicar, a pesar de que algunos partidarios de la austeridad expansiva y profetas de calamidades auguren problemas si no se implantan recetas neoliberales. 

Jerome Powel, Presidente de la Reserva Federal americana, afirmaba recientemente que “ La gravedad de la recesión dependerá de las medidas de política adoptadas en los diversos niveles del Gobierno para prestar socorro y apoyar la recuperación económica”. Algunos analistas añaden que, aun reconociendo la importancia de la política monetaria de los bancos centrales, hay mucho más que un Gobierno puede hacer. 

En este período de crisis, el esfuerzo económico de la política fiscal en España ha recaído en los sectores más sensibles y en el mantenimiento de empleo en las situaciones de caída temporal de la actividad. 

Como vemos en el gráfico, España se encuentra, con el 4,3% sobre el PIB, en un nivel intermedio entre los países europeos en el gasto presupuestario de apoyo por las consecuencias del Covid-19. 

Por las declaraciones de responsables de instituciones económicas, se puede constatar que está suavizandose la perspectiva negativa sobre las consecuencias de una deuda pública elevada y se propugna una revisión internacional de los endeudamientos, sobre todo en los países menos desarrollados. 

Asimismo, investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconsideran el papel de la inversión pública, que de ser considerada como poco relevante y más bien propicia a generar incrementos de deuda y déficit, la encuentran ahora como determinante en tiempos de incertidumbre, con capacidad para fomentar la inversión de las empresas privadas. 

Algunos investigadores demuestran que el efecto de la inversión pública sobre la renta es positivo y permanente, tanto en el corto como en el largo plazo, y puede conseguir elevar el PIB en una cantidad mayor que la invertida inicialmente, 

Se estimaba hasta ahora que la intervención del Gobierno en la economía, aunque fuera por buenas causas, tenía costes por la pérdida de eficiencia y de crecimiento. Sin embargo, nuevos planteamientos afirman que un sector público emprendedor no tiene intereses tan opuestos a los sectores privados, y puede orientar la política económica, en gestión compartida con lo agentes económicos y sociales, hacia una mejora del desempeño económico. 

ELEVADO DESEMPLEO JUVENIL

Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) recién publicados, correspondientes al tercer trimestre de 2020, siguen reflejando la situación acarreada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en el mercado laboral. 

El descenso del número de trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) supone que las personas van entrando en actividad de modo efectivo, con lo que las horas reales de trabajo realizadas en el tercer trimestre han aumentado en un 15,10% respecto al trimestre anterior. 

El número de ocupados en el trimestre aumenta en 569.600 personas (3,06%) respecto al período precedente, alcanzando un total de 19.176.900, pero en el cómputo de los últimos 12 meses el empleo disminuye como consecuencias de las caídas de ocupación que hubo en el primer semestre de 2020. Mientras que en el sector privado el empleo descendió en 805.900 personas, aumentó en 108.500 en el sector público. 

Desde el final del confinamiento domiciliario, en junio, se va recuperando la población activa y disminuyen las personas fuera del mercado laboral (inactivos), con lo que el número de parados aumenta en el tercer trimestre en 355.000 personas y alcanza un total de 3.722.900 

En el siguiente gráfico tenemos la evolución trimestral de las tasas de paro a lo largo de 2019 y el 2020, con el paro juvenil (línea roja), el colectivo de 25 años en adelante ( línea azul) y el promedio de paro (línea amarilla) 

Continúa siendo muy importante la diferencia entre la tasa de paro general (16,26% en el tercer trimestre de 2020) y la del colectivo juvenil (15 a 24 años) que busca empleo activamente (41,7%). La media de desempleo juvenil en la Unión Europea era del 17% 

El nivel de paro juvenil sitúa a España como el país con mayor tasa de desempleo en el colectivo de 15 a 24 años de la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como podemos comprobar en el siguiente gráfico: 

Uno de los factores de tipo coyuntural que explica la diferencia entre el nivel de paro de los jóvenes y el de los que cuentan con más de 25 años es que los primeros se encuentran en el momento de entrada en el mercado laboral. Las empresas retrasan las contrataciones de nuevos empleados en tiempos de incertidumbre, al igual que reducen las inversiones. 

Otro factor se refiere a las características de los sectores laborales a los que acceden muchos jóvenes: comercio al detalle, hostelería, actividades recreativas... Con frecuencia, son sectores con condiciones laborales precarias, en los que predominan empleos temporales y a tiempo parcial, que se acaban cuando empeora la coyuntura económica. 

Entre los problemas estructurales del empleo juvenil en España se encuentra el nivel de formación de los jóvenes. En el tercer trimestre de 2020, un 45,8% del colectivo sólo había conseguido completar la enseñanza primaria y obligatoria, y únicamente el 22,5% logró realizar totalmente la enseñanza media, en tanto que había conseguido cursar la enseñanza superior un 31,7%. Hay un déficit importante en la enseñanza media, porque el promedio europeo (46%) casi duplica al español; en cambio, el porcentaje europeo es inferior al español en la formación universitaria. 

Estos resultados académicos afloran dos problemas: altas tasas de abandono escolar temprano, 13% en mujeres y 21% en hombres (media europea 10%) y, por tanto ausencia de estudios básicos necesarios para un desarrollo profesional. Hay elevada polarización en el nivel educativo alcanzado, con reducida apuesta por el nivel intermedio, la Formación Profesional. 

La tasa de paro de los jóvenes suele ser inversamente proporcional al nivel de formación. En el tercer trimestre de 2020, en jóvenes con formación primaria, el desempleo alcanzó el 54% y en los que cuentan con nivel de formación superior se situó en el 33%. 

PLANES DE REACTIVACIÓN

La segunda ola de contagios del coronavirus está produciendo serios trastornos en el desenvolvimiento de la actividad económica. Al empeorar las expectativas, va poniéndose de manifiesto que no hay forma de estabilizar la economía sin controlar la pandemia 

Los resultados del tercer trimestre son peores de los previstos y el cuarto trimestre tampoco se muestra muy favorable, con lo que algunos sectores económicos no confían en recuperarse hasta que llegue una vacuna efectiva, que se anuncia para la primavera del año próximo. En este contexto, cualquier reducción de las medidas compensatorias adoptadas durante la pandemia puede agravar el panorama económico. 

Por tanto, se va a continuar con el apoyo a los sectores golpeados por la crisis, con el objetivo de sostener el empleo, aunque al avanzar en la recuperación, la protección de los puestos de trabajo se oriente a facilitar programas formativos que permitan a los trabajadores adquirir nuevas habilidades. 

El mayor esfuerzo económico ha procedido de la política fiscal, con medidas discrecionales que han supuesto en España un gasto extraordinario en torno al 3% del PIB. Los paquetes fiscales se han utilizado en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y en apoyo de la liquidez a las empresas, que han evitado pérdidas de empleos. 

La política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha sido importante para facilitar condiciones de financiación favorables a las empresas. Los recortes de tasas de interés y la flexibilización de las condiciones en que los bancos pueden obtener liquidez han contribuido a facilitar el flujo de crédito. 

Pero algunas empresas viables que han recibido créditos avalados, con incremento de deuda, se encuentran aún con reducción de ingresos corrientes, lo que conduce a pérdidas que debilitan su estructura económica y su solvencia. La falta de expectativas y la caída de la demanda pueden terminar acumulando pérdidas que conduzcan a quiebras y cierre de empresas. 

En el siguiente cuadro tenemos la asignación prevista de fondos, distribuidos por políticas, en los próximos tres años, recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el documento que ha enviado el Gobierno español a Bruselas: 

El documento tiene tres líneas maestras: la inversión verde y la transformación digital, que se llevan el 70% de los fondos, las políticas expansivas y la colaboración público-privada para movilizar 500.000 millones de euros 

Los fondos europeos asignados a España (140.000 millones de euros entre transferencias y créditos) van a ayudar a superar la crisis, pero si han de tener efectos permanentes es necesario que aborden de modo efectivo reformas estructurales, como la transformación digital y medioambiental del sistema productivo y la implantación de la enseñanza obligatoria y gratuita de 0 a 3 años, entre otras. 

Teniendo en cuenta los problemas que se han puesto de manifiesto durante la pandemia, algunos analistas requieren también reformas urgentes en la coordinación entre las administraciones públicas, entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, con un cambio de mentalidad que lleve a pensar con prioridad en el bien común y la ayuda a los ciudadanos y no en las próximas elecciones. 

LA CREACIÓN DE VALOR

Aunque los economistas clásicos advertían que había unos trabajos que aumentaban el valor económico de los productos elaborados (trabajo productivo) y otros, en cambio, que no añadían nada (trabajo improductivo), la distinción entre qué es y qué no es productivo ha ido variando con el tiempo en función de la evolución de las fuerzas económicas y sociales. 

En el siglo XVI, con el inicio del colonialismo, los gobiernos trataban de conseguir recursos para mantener los ejércitos y las burocracias. Lograr oro y plata en el continente americano suponía disponer de riqueza y prosperidad, por lo que se consideraban productivas las actividades necesarias para conseguir los metales preciosos. 

Los estudiosos y políticos de los siglos XVI y XVII, llamados “mercantilistas”, sostenían que acumular oro y plata aumentaba la prosperidad de las naciones. Apoyaban políticas comerciales proteccionistas y una balanza comercial con saldo positivo para conseguir aumentar los recursos metálicos. La doctrina mercantilista se expresaba así: “Vender anualmente más a los extranjeros de lo que consumimos de lo suyo” 

Las ideas mercantilistas aún influyen en las prácticas económicas. La atención que se presta a los movimientos de los tipos de cambio, con los que poder conseguir ventaja competitiva para las exportaciones y acumular así reservas de divisas, recuerda a las nociones mercantilistas de otros tiempos. Los aranceles, las cuotas de importación y otras medidas para controlar el comercio y apoyar a las empresas del propio país son también evocaciones de las primeras ideas acerca de la creación de valor. 

En el transcurso del siglo XVIII, a medida que se desarrollaba el estudio de la economía, la búsqueda de la fuente del valor llevó a los pensadores económicos a situarla primero en la tierra (sociedades predominantemente agrarias) y después en el trabajo (economías en industrialización). 

En oposición al pensamiento mercantilista, que otorgaba al oro y la plata un lugar privilegiado, los fisiócratas creían que el valor procedía de la tierra. Afirmaban que únicamente la naturaleza produce cosas nuevas y los seres humanos sólo somos capaces de transformarlas. Por tanto, consideraban como clase productiva a la agricultura, la minería, la caza y la pesca. Todos los demás sectores de la economía eran calificados como improductivos. 

Los fisiócratas llegaron a agrupar a la sociedad en tres clases: granjeros y ocupaciones relacionadas con el trabajo de la tierra y el agua, a los que consideraban como la única clase productiva; en segundo lugar situaban a fabricantes, artesanos y otros trabajadores relacionados, encargados de transformar los materiales recibidos de la clase productiva, que no añadían valor sino que hacían circular el ya existente, y en tercer lugar (clase estéril) incluían a los terratenientes improductivos, nobles y clérigos. 

Con el avance del tiempo, la crítica más significativa a los fisiócratas vino de Gran Bretaña, un país que estaba en pleno proceso de industrialización. Los economistas empezaron a medir el valor de mercado de un producto en función de la cantidad de trabajo dedicado a su obtención. Las ideas de estos economistas, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, conformaron la denominada “economía clásica”, que estableció la teoría del valor-trabajo. 

Los economistas clásicos compartían dos ideas básicas: el valor se derivaba de los costes de producción, principalmente de la mano de obra, y la actividad posterior al valor creado por el trabajo, como las finanzas, no añadía nuevo valor. El trabajo era productivo porque se transformaba en un objeto permanente. 

Pero a finales del siglo XIX llegó el eclipse de la economía clásica, que fue sustituida por una nueva teoría del valor: todo ingreso es la recompensa por una tarea productiva. Al centrarse en las preferencias individuales, se pasó de lo objetivo a lo subjetivo y se propagó una nueva concepción del valor: la teoría marginalista 

El marginalismo (el valor de la última unidad) se basa en las nociones de utilidad y escasez. El valor de las cosas se mide en función de su utilidad para el consumidor. No hay apreciación objetiva del valor, puesto que la utilidad puede variar entre individuos y en distintos momentos, y disminuye (utilidad marginal decreciente) a medida que aumenta la cantidad de algo que se tiene o consume. Del mismo modo, cuanto más escaso es algo, más utilidad aporta (utilidad marginal creciente). 

La concepción marginalista es básica en el pensamiento que actualmente se conoce como “neoclásico” y conforma la teoría microeconómica, que establece cómo las empresas, los trabajadores y los consumidores toman las decisiones sobre la producción y el consumo para maximizar tanto los beneficios (empresas) como la utilidad (consumidores y trabajadores) 

La nueva definición del valor cambia los conceptos de trabajo productivo e improductivo. Como todo sector que produce para el mercado intercambia sus productos en base a los precios, la única parte de la economía que puede considerarse como improductiva queda reducida al colectivo que recibe ingresos de transferencias, tales como prestaciones sociales a los ciudadanos y subsidios a las empresas. 

Con los criterios actuales, cualquier actividad que puede intercambiarse por un precio se considera que aporta valor al PIB, pero hasta la implantación marginalista se trataba a los ingresos de algunas actividades como “rentas extractivas”, consideradas como no ganadas, y al ser meras transferencias de valor existente del sector productivo al improductivo, no aumentaban la riqueza de la sociedad, por lo que se excluían en el cálculo de la producción. Así, el sector financiero antes era considerado improductivo y ahora es tratado como aportador de valor al PIB 

Algunos economistas críticos con la visión neoclásica de la producción argumentaban que los conceptos de producto marginal del trabajo y del capital tenían fundamentos más bien ideológicos, pero el debate entre los clásicos y los neoclásicos ha ido desapareciendo. A pesar de las críticas, lo cierto es que la teoría de la utilidad marginal prevalece hoy día. Pero se siguen haciendo análisis sobre cuándo se crea valor y cuándo sólo se extrae, apropiándose de ingresos no ganados. Y, por tanto, no faltan consideraciones sobre cómo deberían distribuirse de manera razonable las retribuciones laborales y los beneficios empresariales. 

PRECIO DEL TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN SALARIAL

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica desde 2016 el Índice de Precios del Trabajo (IPT), un indicador anual que, al evitar el efecto que produce el cambio de composición de los puestos de trabajo, puede medir la evolución real de los salarios. 

La medida no está afectada por cambios en la calidad y cantidad de trabajo realizado y ofrece datos de la ganancia por hora de los asalariados por cuenta ajena. El INE selecciona una “cesta” de puestos de trabajo representativa, al estilo del Indice de Precios de Consumo (IPC), pero referido al empleo, y sigue su comportamiento a lo largo del tiempo. Con esta metodología, el salario bruto medio anual en España fue de 24.009,12 euros por trabajador en el año 2018, un 1,5% superior al del año anterior. 

El IPT supone una mejora en el cálculo retributivo, porque medir los salarios en términos promedios, sin previos ajustes, no refleja fielmente su evolución. El salario medio anual en una empresa puede aumentar respecto del año anterior, por ejemplo, como consecuencia de una disminución de la plantilla, pero en realidad haberse reducido para los trabajadores de la empresa 

Así, por ejemplo, una empresa con 6 trabajadores, 4 de ellos indefinidos, con 2.500 euros de sueldo bruto mensual cada uno, y 2 temporales, que perciben cada uno 1.000 euros, tendría un salario promedio de 2.000 euros mensuales. 

Si se dan de baja los dos temporales y se recorta el salario en 250 euros a los indefinidos, el salario promedio aumentará a 2.250 euros, un 12,5% más. Con este dato estadístico parece que ha habido un incremento salarial, pero lo cierto es que los trabajadores que quedan en la empresa pierden un 10% de su retribución. El aumento aparente se debe al efecto composición, a la alteración del grupo analizado. 

El INE ha publicado en septiembre los resultados del IPT de 2018. 

Vemos en el gráfico que la tasa de incremento en el año fue la mayor de las registradas en toda la serie. Tras ligeras reducciones en 2016 y 2017, el índice aumentó en 5,8% en 2018. 

El informe del INE destaca que el tipo de ocupación es una de las variables que más influye en el cambio del precio del trabajo. En 2018, los mayores aumentos se dieron en los grupos de Directores y Gerentes (8,1%) y Técnicos y profesionales (7,3%). En cambio, no pasaron del 2,3% los aumentos entre los trabajadores cualificados del sector primario, artesanos, trabajadores de manufacturas y de construcción. 

Según el tipo de contrato, el IPT subió un 8,7% en los temporales y un 5,1% en los indefinidos. Por grupo de edad, el mayor aumento del precio del trabajo se registró en los menores de 25 años (10,2%) y el incremento más bajo en los trabajadores de 55 y más años (4,4%). 

El Indice de Precio del Trabajo proviene de la Encuesta de Estructura Salarial, que proporciona estimaciones de la ganancia bruta anual por trabajador, clasificada por tipo de jornada, sexo, actividad económica y ocupación. 

En el siguiente gráfico tenemos la distribución del salario bruto anual de 2018 en España: 

La diferencia entre el salario medio (24.009,12 €) y el más frecuente o modal (18.468,93 euros) superó los 5.500 euros, lo cual significa que había pocos trabajadores con retribuciones muy altas, pero que influyeron notablemente sobre la media. Por otra parte, el salario mediano (que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los de salario inferior) presentó un valor de 20.078,44 € 

Las diferencias por el género continúan en las retribuciones laborales. El número de mujeres que ganaron menos de 16.000 euros fue mayor que el de hombres. En cambio, a partir de esa retribución, en todas las categorías era mayor el número de hombres que el de mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres se situaba en un 11,3% en 2018.

AYUDAS EUROPEAS

En la presentación del Informe Anual del Banco de España en la Comisión de Economía del Congreso, el Gobernador ha afirmado que la recuperación económica de España está siendo frágil, parcial y desigual, añadiendo que la estimación de la caída del PIB este año se situará entre el 10,5% y el 12% y el paro puede rozar el 20% en 2022. 

Las ayudas europeas para la reconstrucción económica que se han anunciado, cuantificadas para España en 140.000 millones de euros entre transferencias directas y préstamos, además de recuperar el nivel de actividad económica, han de servir para revisar el modelo productivo, orientándolo hacia la digitalización y la sostenibilidad. 

Bruselas prevé que el 70% de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estén comprometidos para 2021-2022 y el 30% para 2023. Los proyectos tendrán que ejecutarse antes de agosto de 2026 y el último pago ha de realizarse antes de diciembre de ese año. 

Invertir los fondos asignados en seis años supone un auténtico reto, teniendo en cuenta que en el período presupuestario 2014-2020 España ha utilizado sólo 19.000 millones de los 56.000 millones de fondos de cohesión que le correspondían. 

Como observamos en el gráfico, países como Francia, Portugal y Países Bajos han utilizado más del 50% de los fondos europeos disponibles, en tanto que España se ha quedado en el 34%. 

Harán falta mejoras organizativas y reformas de los procesos de ejecución y seguimiento de los proyectos para poder aprovechar el cuantioso volumen disponible para el 2021-2027. Los proyectos que se presenten a Bruselas deben estar alineados con la agenda europea para los próximos años, o bien, enfocados en sanidad, educación o cohesión territorial y social. 

Para aplicar en los primeros tres años 72.700 millones de euros, la parte no reembolsable de las ayudas, España tiene que activar reformas sustanciales. En la agenda ya esbozada se plantean poner en marcha ocho paquetes de medidas, incluidas las referidas al sistema de pensiones y a la revisión del mercado laboral. 

Se anuncian también cambios en el marco normativo, a fin de agilizar los procesos de asignación de los proyectos. Así, la modificación de la ley que rige la contratación del sector público ayudará a que, sin perder garantías, se consiga movilizar también inversión privada. 

La colaboración público-privada es una combinación que se utiliza poco en España, pero que va a hacer falta en la ejecución de los nuevos proyectos. Con los objetivos de generar empleo a corto y largo plazo, modernizar y fortalecer el sistema productivo, desde la patronal CEOE afirman que la participación de dinero de empresas privadas puede ser una garantía de que los planes presentados sean eficientes y sostenibles. 

A falta de concretarse aun las fechas en las que se podrá ir accediendo a los fondos, debería asegurarse la cooperación entre las administraciones central, autonómica y local, con la finalidad de facilitar el tránsito ágil por vías que permitan hacer llegar los fondos a los beneficiarios. 

CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA

La desigualdad de rentas en España es considerada como una de las más elevadas de Europa. Tras la pasada crisis financiera, período 2008-2013, en el que continuaron aumentando las diferencias de ingresos, los indicadores de pobreza relativa han mostrado cierta resistencia al descenso en el último quinquenio, pese a incrementos del PIB del orden del 2%-3% anuales 

Además del alto desempleo y la precariedad laboral, la explicación de la persistencia en la desigualdad puede ser la reducida capacidad redistributiva o menguado efecto igualador del sistema de las prestaciones sociales y de los impuestos en España, que no consigue reducir las desigualdades que se producen en la distribución de las rentas primarias (antes de aplicar impuestos y subvenciones). 

En el siguiente gráfico del Observatorio Social de “la Caixa”, tenemos las desigualdades de las rentas primarias y las rentas disponibles en diversos países 

Observamos que la desigualdad en España antes de aplicar los impuestos y las prestaciones sociales, medida a través del indice de Gini (0 máxima igualdad, 1 mínima igualdad) es en torno a 0,54, similar a la que se da, por ejemplo, en Francia y Alemania. En cambio, la que se mide por la renta disponible (una vez aplicados los impuestos y las subvenciones) indica una mayor desigualdad que en el resto de países. 

Entre las prestaciones sociales monetarias, el principal instrumento para reducir las diferencias de renta en España son las pensiones contributivas. El efecto redistributivo se produce desde los trabajadores con mayores salarios a los que tienen remuneraciones más bajas y períodos de cotización más cortos, por medio del sistema de pensiones mínimas y máximas, que estrechan las diferencias en las rentas percibidas al jubilarse. 

Además, como las pensiones no se financian con las cotizaciones anteriores sino con las actuales (sistema de reparto), las mejoras en los niveles retributivos vienen a producir una transferencia de renta de las generaciones actuales a las pasadas. Las prestaciones por desempleo han tenido mayor efecto sobre la distribución de ingresos que en otros países, pero su influencia se ha reducido por el descenso de la tasa de cobertura. 

El sistema de garantía de ingresos en España es muy limitado, porque no hay una única red, sino que las prestaciones para familias de necesidades similares son cambiantes según el territorio de residencia, con cuantías en general muy bajas respecto al umbral de pobreza. Y el gasto en prestaciones familiares respecto del PIB es uno de los más reducidos de Europa, sin apenas capacidad redistributiva. 

Respecto a las prestaciones sociales en especie, el gasto sanitario es el que tiene mayor efecto redistributivo, aunque se redujo en la crisis financiera. Los estudios sobre la incidencia redistributiva del gasto en educación, clave para reducir la desigualdad de oportunidades, confirman su carácter redistributivo en España, aunque algunos gastos no se consideran progresivos, tales como los destinados a centros concertados y educación universitaria. 

En cuanto al efecto de los impuestos, se considera que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el segundo instrumento más redistributivo después de las pensiones, aunque su capacidad correctora de las desigualdades se ha ido reduciendo por la caída de los tipos impositivos. 

Al igual que sucede en otros países, la imposición indirecta tiene cada vez mayor importancia en España, sobre todo el regresivo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con gran impacto sobre la renta de las familias. Las cotizaciones sociales tienen también un efecto negativo sobre la distribución de la renta y los impuesto sobre el patrimonio neto o riqueza apenas contribuyen a la redistribución. 

Sobre la distribución territorial de la renta, un estudio de Fedea muestra que entre la Comunidad Autónoma más rica (en 1955 era el País Vasco y en 2018 Madrid) y la más pobre (Extremadura, en ambos casos), la diferencia de ingresos se redujo a la mitad. El estudio destaca que fueron las productividades territoriales las que contribuyeron positivamente a la convergencia, en tanto que el desempleo y el retroceso de la tasa de ocupación ralentizaron la disminución de las desigualdades. 

Las situaciones de pobreza y desigualdad que perduran en España y el incremento de la vulnerabilidad económica de la pandemia han impulsado la puesta en funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que ha de mejorar la capacidad redistributiva, para facilitar la transición de las personas en exclusión social por falta de recursos hacia un modo de vida más integrado en la sociedad.