EL TOBOGÁN DEL EMPLEO

Al final de 2018 se cumplieron cinco años ininterrumpidos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español, a ritmos anuales en el entorno del 3%. Desde el inicio de la recuperación (2014) se han creado alrededor de 2,5 millones de empleos y el paro ha descendido aproximadamente en 2,8 millones de personas, hasta un entorno del 14% de la población activa. 

Como observamos en el gráfico, el empleo se incrementa notablemente en los períodos de auge económico, con apenas crecimiento de la productividad, y cae con fuerza en las recesiones, elevándose la productividad. Este comportamiento muy elástico, contrario al habitual en casi todos los países, provoca el llamado “tobogán del empleo”.

Así, en el período 2001 a 2008 creció casi tanto el PIB como el empleo, y en 2009, en plena recesión, el PIB cayó un -3,6% y el empleo casi el doble (-6,1%), incrementándose la productividad un 2,5%.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció que, para el período 1992-2008, la elasticidad del empleo (incremento de empleo dividido entre crecimiento real global del PIB) oscilaba en el conjunto de los países entre 0,32 y 0,37, con lo que, descomponiendo los aumentos del PIB en crecimiento del empleo y mejoras de la productividad del trabajo, dos tercios del crecimiento del PIB fueron atribuidos a ganancias de productividad y un tercio a aumento del empleo.

Se puede observar que, con el avance económico de los países, decrece la elasticidad del empleo, hasta situarse en muchas naciones desarrolladas en torno al 0,25, debido a que el avance tecnológico aumenta la productividad laboral.

Sin embargo, en España, la elasticidad del empleo superó a 1,5 en los años de la crisis financiera y en el quinquenio de recuperación económica ha descendido en torno a 0,9, superando aún en flexibilidad incluso a Portugal y Grecia.

Las últimas normativas laborales que se han tratado de implantar en España han fomentado la baja productividad y la volatilidad del empleo. La reforma de 2012 hizo posible mantener estancados los salarios pese a la mejora de la situación económica de las empresas, y la notable reducción de las indemnizaciones ha estimulado los despidos.

En las empresas medianas y grandes, la productividad es parecida a la media de la Unión Europea, dado que se adaptan a la transformación digital, pero en las de reducido tamaño, sobre todo las que cuentan con menos de 10 trabajadores, que representan el 90%, la productividad es baja.

Una de las razones por las que se ha destruido más empleo en España que en otro países de nuestro entorno ha sido la elevad dualidad del mercado laboral. Se ha calculado que el 85% de los contratos creados durante los años de la burbuja inmobiliaria eran temporales y también el 85% de los que se han destruido.

Han sido las reformas laborales de 2010 y 2012 las que han propiciado un significativo incremento del poder empresarial en el mercado de trabajo, por lo que, ante posibles nuevas crisis, parece necesario establecer políticas públicas que fortalezcan la negociación colectiva, priorizando el reparto de rentas y la reducción del tiempo de trabajo, al igual que lo hacen otros países, antes de recurrir al despido.

EFECTOS DE LA AUSTERIDAD FISCAL

Algunos defienden como indiscutible la idea de que el Estado no debería gastar nunca más de lo que ingresa. Aunque tal afirmación parezca razonable, lo cierto es que no tiene fundamento económico. Los Estados pueden mantener en algunos períodos temporales cierto nivel de deuda pública sin caer en dificultades financieras, siempre que se mantengan en niveles de sostenibilidad. 

Si un país se financia con impuestos, tratará de que el incremento de los gastos públicos no suponga cargar al país con niveles tributarios que lleguen a afectar negativamente al consumo y a la inversión. Y si se financia a través de deuda, procurará obtener superavit presupuestario en los siguientes años con el fin de amortizarla, sin caer en “más deuda para hacer frente a la deuda”, salvo que logre que su economía crezca lo suficiente.

El grado de sostenibilidad de la deuda pública suele medirse tomando como referencia la proporción que representa sobre el PIB, pero habrá que tener en cuenta otros factores, como el tipo de interés que se ha de pagar y, en el caso de préstamos en otras monedas, la evolución de los tipos de cambio. Mientras el PIB de un país crezca por encima de los intereses que se deben pagar podrá incurrir en déficit sin aumentar la proporción de deuda.

Pero aunque no varía la tasa de endeudamiento sobre el PIB, sí aumenta el volumen de la deuda, por lo que el país correspondiente debe solicitar más préstamos. Cuando se da esta circunstancia en una economía en recesión, los prestamistas se plantean si el país estará en condiciones de devolver los fondos recibidos, sobre todo, si la economía está ya muy endeudada, y pueden llegar a denegar el préstamo.

La reacción habitual del Gobierno afectado suele ser recurrir a la austeridad fiscal, lo que supone recortar el gasto público o tratar de subir los impuestos, a fin de reducir las necesidades crediticias y demostrar a los prestamistas que se toman medidas para afrontar la situación. Pero la política de austeridad suele resultar contraproducente.

La recesión económica supone una caída del gasto del sector privado y, por tanto, de la recaudación tributaria. La política de austeridad de recortar el gasto público deprime la demanda y tiende a reducir la producción total del país, disminuyendo más los impuestos, con lo que resulta muy difícil llegar al objetivo de rebajar el déficit público.

La reciente experiencia de la austeridad en España se inició con la reforma constitucional de 2011, que modificó el artículo 135, para establecer que la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier gasto del Estado en los presupuestos generales.

Al año siguiente, la ley orgánica sobre la “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad” trató de afrontar una situación económica de profunda crisis, con una prima de riesgo elevada, un sector bancario a punto de colapsar y el país con grandes problemas estructurales. La ley vino a plantear un techo de gasto, señalando que no puede aumentarse por encima del crecimiento del PIB a largo plazo.

Este planteamiento de restricción ciega de la posibilidad de gasto, al llevar consigo severos ajustes, supuso alargar la crisis y trasladar la carga sobre los más vulnerables, dañando al Estado de Bienestar.

Una consecuencia de las medidas económicas ha sido convertir una situación de déficit público en un problema de endeudamiento, incentivado por la caída de la prima de riesgo en los últimos años. Se disparó el recurso a la deuda, hasta llegar al 98% del PIB en la actualidad, más consecuencia de los ajustes, con su secuela de caída en la recaudación, que de las políticas de estímulo económico.

La ley de 2012 ha condicionado al crecimiento económico los derechos y garantías de los ciudadanos, convirtiendo al Estado en un agente meramente pasivo, un planteamiento de la corriente neoliberal, empeñada siempre en reducir la capacidad de actuación económica de los poderes públicos.

Los defensores de las medidas de austeridad caen con frecuencia en el error de equiparar una economía con una familia, sin advertir que la familia puede llegar a devolver sus deudas limitando el gasto pero, en el conjunto de la economía, el gasto de una persona se convierte en el ingreso de otra, con lo que las medidas de austeridad que reducen el gasto terminan disminuyendo la renta que se genera en el país, hundiendo así la recaudación de impuestos e impidiendo que se alcance el objetivo de eliminar el déficit público y pagar las deudas.

IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

La inversión extranjera en un país se suele dividir en dos modalidades básicas: Inversión Extranjera Directa (IED), que es la realizada con carácter productivo y permanente desde el exterior en el capital de las empresas, e Inversión en Cartera, que supone la compra de acciones y otros valores negociables en la Bolsa para lograr cierto rendimiento en el corto plazo.

El análisis económico estudia los factores que determinan los flujos de IED y sus efectos en las economías receptoras. Se considera que tienen importancia en la localización de las inversiones aspectos como el tamaño del mercado, los acuerdos comerciales, los derechos de propiedad y las políticas impositivas del territorio.

La IED puede considerarse como un complemento de la inversión financiada con el ahorro interno para la formación bruta de capital de una economía. Cumple las funciones de promover la aportación de tecnología, insertar al país en las cadenas globales de valor y facilitar el incremento de productividad.

La inversión extranjera de carácter productivo en 2018 representó en España el 41% del capital recibido. Los restantes fondos extranjeros dedicados a adquisiciones vienen a resultar relevantes sólo si aportan mejoras de eficiencia que hagan posible el crecimiento de la actividad, generando empleo y riqueza.

Teniendo en cuenta los flujos de entrada y de salida, la Inversión Extranjera Directa neta en España fue en 2018 de 39.746 millones de euros. Sin duda, esta inversión ha llegado atraída por la tasa de crecimiento del país, una las mayores de la Eurozona, y va destinada a proyectos de largo plazo, tales como la apertura de una fabrica o la compra de una participación de control empresarial.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de la IED bruta (entradas) en el último quinquenio


Observamos el notable crecimiento de las IED bruta, que en el 2018 supone un 71% de incremento sobre el año anterior.

La inversión extranjera suele ser muy errática, dado que viene afectada por decisiones empresariales de tipo coyuntural en muchas ocasiones. Los países que lideran el ranking de las inversiones en España son EE.UU, Reino Unido, Francia, y Alemania.

Algunos países occidentales están creando comités de inversiones extranjeras para analizar el tipo de empresas que pueden comprarse con los recursos que llegan desde otros países, especialmente de China, a fin de vigilar la influencia que pueden tener sobre el tejido empresarial y el modelo productivo del país.

También hay que tener en cuenta que actividades como construcción, logística y almacenamiento, que reciben una parte importante del capital extranjero, van a incidir poco en la mejora de la productividad.

IMPUESTOS: CURVA DE LAFFER

En las recientes campañas electorales españolas hemos podido escuchar de algunos candidatos de la derecha política una propuesta que resulta sorprendente para los ciudadanos: bajar los impuestos para subir la recaudación fiscal.

El origen de tal planteamiento se encuentra en el análisis del economista norteamericano Arthur Betz Laffer, conocido por su conservadurismo fiscal, que ganó popularidad en la época del presidente Reagan (1981-1989) como miembro del Consejo Asesor de Política Económica y esta semana recibirá de Donald Trump la Medalla Presidencial a la Libertad.

En 1974, en una entrevista de Wall Street Journal, Laffer trató de explicar que los recortes fiscales, en ciertos casos, podían aumentar la recaudación impositiva. Subir los tipo impositivos aumenta la recaudación al principio, pero a partir de cierto nivel, si los tipos siguen subiendo, la recaudación desciende.

El siguiente gráfico recoge el planteamiento de Laffer:


En el eje de abscisas aparecen las tasas impositivas (t) como porcentajes sobre la actividad económica y en ordenadas los ingresos impositivos (T). En los primeros tramos, a medida que el Gobierno aumenta el porcentaje de la tasa impositiva, obtiene mayor ingreso, pero a partir de la tasa t*, el aumento de tipo impositivo hace descender el nivel de actividad económica y se recudan menos impuestos. Por tanto, el impuesto t* es el punto óptimo de recaudación (Tmax)

Como observamos en el gráfico, el incremento de recaudación únicamente puede producirse si la tasa impositiva es más baja que la correspondiente al máximo de recaudación (t*).

La curva de Laffer distingue dos efectos de los cambios en las tasas impositivas: el aritmético y el económico. El primero implica que una disminución de la tasa impositiva reduce la recaudación, mientras que sucede lo contrario en el caso de incrementarse, ya que la recaudación mediante impuestos es igual a la tasa impositiva multiplicada por la base imponible para ser gravada.

El efecto económico reconoce el impacto estimulante de la reducción de las tasas impositivas bajas sobre la actividad económica, mientras que las tasas impositivas altas tienden a desincentivarla. Así, en el caso de una tasa muy elevada, la recaudación del Gobierno sería escasa, dado que los contribuyentes carecerían de incentivo para ejercer la actividad o irían al mercado negro.

Aunque la curva de Laffer es teóricamente correcta, resulta difícil encontrar en la economía real de los países tasas impositivas en la franja descendente de la curva, es decir, situaciones en las que los tipos impositivos sean tan altos que, rebajándolos, aumente la recaudación.

EL MODELO DEL FLUJO CIRCULAR

El denominado “flujo circular de la renta” es un diagrama que ayuda a entender el funcionamiento de la economía en su conjunto. Se trata aquí de exponer de un modo simplificado el modelo de las transacciones que tienen lugar en la economía de un país mediante dos tipos de flujos formando un círculo.

Uno de ellos, llamado flujo real, recoge los bienes, servicios, trabajos y materias primas. El segundo flujo, que va en sentido contrario al anterior, representa el dinero que se paga a cambio de los elementos reales.

Este diagrama sencillo representa una economía con dos tipos de agentes: economías domésticas, que son hogares compartiendo su renta, y empresas que producen bienes y servicios. Se trata de una economía cerrada (sin considerar el sector exterior) y, por el momento, sin incluir el Sector Público.



Como vemos en el gráfico, hay sólo dos tipos de mercado. En uno de ellos, el mercado de bienes y servicios, las economías domésticas compran a las empresas los bienes y servicios que desean (por ejemplo, alimentos y electrodomésticos), dando lugar a un flujo físico hacia los hogares y, en contrapartida, las empresas reciben el correspondiente flujo monetario.

El segundo tipo de mercado es el de factores productivos, en el que las empresas contratan trabajadores y compran otros recursos para producir bienes y servicios, retribuyéndolos con un flujo monetario (por ejemplo, salarios e intereses), de tal modo que los mercados de factores vienen a determinar la distribución de la renta entre los trabajadores y los propietarios del capital

El diagrama de flujo circular no sólo es útil para observar cómo fluyen los fondos a través de la economía, sino que nos permite conocer ciertas condiciones de equilibrio que deben darse siempre.

Si una parte de los ingresos de los hogares no vuelven a las empresas como consumo de bienes y servicio, significa que las familias han decidido ahorrar. Para que haya equilibrio, el sector empresarial tendrá que dedicar a inversiones el volumen equivalente al ahorro, es decir, en lugar de producir únicamente bienes de consumo, dedicará fondos a bienes de capital (instalaciones y equipamientos). En caso contrario, el sector empresarial no equilibrará sus cuentas y acabará en pérdidas, que pueden llevar a reducir la producción y emplear a menos trabajadores, para volver a un nuevo equilibrio.

Añadiendo ahora al modelo la intervención del Estado, el flujo de fondos que entra en el Sector Público por impuestos y contribuciones sociales debe ser igual, al menos a medio plazo, al que sale cuando compra bienes y servicios, otorga subvenciones y paga tanto a funcionarios como a pensionistas.

Los años en los que los ingresos no compensen a los gastos, se quiebra el equilibrio y el Estado incurre en déficit, dando lugar a la deuda pública, que se financia emitiendo títulos suscritos por familias y empresas. Es el caso del Estado español, al que los déficit anuales han llevado a un endeudamiento importante, que representa actualmente el 98% del PIB, muy superior al que aconsejan no sobrepasar las autoridades económicas europeas (60%).

LA INVERSIÓN EN CAPITAL FÍSICO

Las economías con mayor crecimiento suelen ser las que más aumentan su capital físico (edificios, instalaciones y equipamientos productivos), mejoran el potencial (capital) humano o logran mayores avances tecnológicos. Tenemos el ejemplo de China que, profundizando en los tres aspectos citados, ha logrado en la última década tasas de crecimientos anuales del PIB entre el 6% y 9%, impensables en países desarrollados, sacando de la pobreza a millones de ciudadanos.

Cuando se incrementa el nivel de inversión en bienes de capital con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) aumenta también el capital físico por persona ocupada. Se dice que hay una intensificación del capital en equipos productivos. Como cada persona ocupada dispone de más capital físico con el que operar, su producción se incrementa, es decir, que tiende a aumentar la productividad.

Algunos países aumentan su capital con mayor ritmo que otros, a través de elevadas tasas de inversión. China ha llegado a invertir cerca del 40% de su PIB, en tanto que muchos países industrializados occidentales no suelen alcanzar un 25% anual.

Como vemos en el cuadro, la tasa de inversión media anual de España se situó en el último quinquenio (2014-2018) en el entorno de la media europea.

Conviene distinguir entre la inversión de Formación Bruta de Capital, que es la tratamos en este escrito, y la inversión financiera. Esta última se realiza, por ejemplo, cuando se compran acciones y bonos.

La inversión empresarial es la que acumula capitales que permiten incrementar y mejorar el equipo productivo. Es, por tanto, una variable fundamental para el funcionamiento económico, con un efecto multiplicador sobre la renta, de tal modo que los fondos invertidos consiguen, con el transcurso del tiempo, que la renta total aumente en mayor cantidad.

Las empresas invierten para aumentar su capacidad de producción de bienes y servicios, esperado que los rendimientos derivados de la venta de la nueva producción cubran tanto los costes operativos como los de financiación de la inversión y aporten un beneficio.

La inversión tiene dos claves decisivas: las expectativas de las empresas sobre la evolución de la demanda y el tipo de interés real (eliminada la inflación) del mercado financiero. Cuanto más elevada sea la tasa de interés real, menor será el número de proyectos de inversión que se considerarán rentables.

Las expectativas y la confianza de la empresas constituyen un elemento determinante, dado que la inversión supone arriesgar cierta cantidad de dinero esperando recuperarlo en el futuro. Si los inversores temen que tiendan a empeorarse las condiciones económicas, se mostrarán reacios a llevar a cabo nuevos proyectos. La confianza en la mejora económica, con incrementos de demanda y perspectivas de rentabilidad, es la que impulsa la expansión de las plantas y equipos.

En cuanto al tipo de interés real, su importancia radica en que se convierte en el coste de oportunidad del dinero líquido que puede disponer la empresa, puesto que viene a ser el rendimiento que habría obtenido si, en lugar de realizar la inversión, hubiese optado por otra alternativa, por ejemplo, prestar los fondos en el mercado financiero.

Un peligro para la inversión puede venir del crecimiento de la economía financiera, al desviar importantes fondos, que antes se dedicaban a la actividad productiva, hacia la especulación, en busca de rentabilidades a corto plazo.

La propia banca, que tradicionalmente ha financiado grandes proyectos empresariales, actúa en muchos casos como inversora en busca de rápidos beneficios, lo cual supone que una parte del ahorro no se dedica a financiar proyectos de inversión que generen empleo y bienestar social.

DOS DÉCADAS DE EURO

El euro se estrenó como valor contable en 1999 y 3 años más tarde entró en circulación. Al cabo de 20 años se ha podido comprobar que los 19 países que conforman la Eurozona han tenido con el euro un impacto muy desigual en la evolución económica. El “Centro de Política Europea”(CPE), una entidad radicada en Friburgo (Alemania), ha establecido ganadores y perdedores con la utilización de la moneda única.

El profesor alemán Ralf Dahrendorf alertó ya en 1992 sobre las diferencias entre las economías de los países europeos. Mientras algunas naciones, encabezadas por Francia, impulsaban el crecimiento económico con deuda pública, otras, como Italia, se apoyaban en la elevada inflación para incrementar la demanda, y en el caso de Alemania, con una economía dependiente de las exportaciones, necesitaba sobre todo estabilidad monetaria.

Han sido ahora los economistas del CPE quienes han estudiado cómo habría evolucionado el PIB por habitante de cada país analizado si no hubiera introducido el euro, comparándolo con el comportamiento de otros países sin euro con los que tenían similitudes en variables como inflación, producción industrial, niveles de importación y de exportación, entre otras. Extrapolando lo datos han llegado a las cifras en las que se encontrarían los países europeos en 2017 si no se hubieran intregrado en la Eurozona.

En el siguiente cuadro tenemos una síntesis de las diferencias de PIB entre pertenecer al euro y la hipotética situación de haber continuado operando con las viejas monedas europeas en cada uno de los 8 países estudiados:

Según el equipo de trabajo alemán, son dos países los que más han podido beneficiarse por adoptar el euro: Alemania, que entre 1999 y 2017 pudo acumular unas ganancias añadidas de 23.116 euros en forma de PIB por habitante, y Holanda, cuyos habitantes, de media, han disfrutado de un PIB de 21.003 euros más que si no hubieran utilizado la moneda única.

Como vemos en el cuadro, entre los perdedores por la utilización del euro destacan Italia, con una diferencia negativa por habitante de 73.605 euros en PIB en el conjunto de los 18 años; Francia, con una caída de 55.996 euros, y Portugal, con 40.604 euros.

España sale menos perjudicada, con 5.031 euros de menos por habitante en el total de los años. En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las diferencias:

Los primeros doce años (1999-2010) la utilización del euro aporta ventajas (columnas verdes) en el PIB por habitante respecto de mantener la peseta como moneda, pero con la recesión económica resulta perjudicada (columnas rojas), aunque en los años más recientes va disminuyendo la cuantía del efecto.

Según el informe alemán, una de las principales razones de la pérdida relativa ocasionada por el euro es la disminución de la competitividad internacional, consecuencia de no poder devaluar los países la moneda propia para que las exportaciones fueran más baratas en el mercado internacional. Los industriales del norte italianos, reacios a adoptar el euro, ya argumentaban que la moneda común anularía su capacidad de devaluar la lira para hacer competitivos sus productos

Estas disparidades de crecimiento han contribuido a ampliarse la distancia entre el PIB por habitante más elevado y el más reducido en la Eurozona. Sin incluir a países del Este, mientras en la década de 1980 la relación estaba en 2,5 veces, actualmente llega a 4 veces. La divergencia se evidencia también en tasa de desempleo, desde el 14% en España al 3% en Alemania, y en salario mínimo obligatorio, desde 2.071 euros mensuales en Luxemburgo a 1.050 euros en España (900 euros en 14 pagos)

Al recién elegido Parlamento Europeo, y la Comisión que resulte, corresponde afrontar con decisión las iniciativas pendientes, tales como establecer un presupuesto de la zona euro, acordar una política fiscal común y llegar a la unión del mercado de capitales, con eurobonos respaldados por todos los países, a fin de que hagan posible un crecimiento suficientemente inclusivo entre los territorios y los ciudadano de la Eurozona.