RESTRICCIONES AL COMERCIO INTERNACIONAL

Entre las medidas restrictivas al comercio internacional se encuentran los aranceles, unos derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías, que tratan de proporcionar ventajas a las industrias del país respecto a los competidores extranjeros, al tiempo que aportan ingresos tributarios a los gobiernos

Tras la decisión de Estados Unidos de elevar del 10% al 25% los aranceles a determinados productos chinos importados, ha llegado la respuesta del gigante asiático incrementando también los aranceles a una parte de las importaciones de EE.UU., en los mismos porcentajes, a partir del mes próximo.

Mientras tanto, Europa está a la espera de que Trump se decida sobre la subida de aranceles a los automóviles europeos, una medida que podría afectar a las exportaciones de vehículos y componentes. En represalia, la Unión Europea está dispuesta a imponer aranceles a productos estadounidenses.

Enfrascados en este conflicto internacional, la cuestión que se plantea es si serán los importadores quienes acabarán haciendo frente a los aumentos de precios de los bienes adquiridos o, por el contrario, las empresas oferentes van a absorber los costes de los aranceles.

Como siempre, Trump airea el mensaje que mejor puede sonar en lo oídos de sus votantes: “Los aranceles pagados en las aduanas estadounidenses han tenido muy poco impacto sobre el coste de los productos: la mayor parte del daño ha sido soportada por China”.

Pero, según el análisis económico, los aranceles acaban siendo soportados en función de la elasticidad precio de la demanda y de la oferta, lo que supone que se deciden según el poder de negociación de cada parte del trato.

La elasticidad precio de la demanda de un producto es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. Si el resultados es mayor que 1, decimos que es una demanda elástica, dando a entender que varía proporcionalmente más la cantidad que el precio. En cambio, si el resultado del cociente es menor que 1, estamos ante una demanda inelástica, en la que varía menos la demanda que el precio. Por ejemplo, un producto como la gasolina puede ser considerado como inelástico. Cuando varía el precio se sigue comprando a corto plazo en cantidades parecidas

La elasticidad precio de la oferta se define del mismo modo, mediante el cociente de la variación porcentual de la cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio. Un resultado mayor que 1 significará una oferta elástica y, si el cociente es menor que 1, la oferta es inelástica .

Si la demanda norteamericana de productos chinos, pongamos por caso, es inelástica o poco flexible al cambio de precios y, por contra, la oferta de productos chinos hacia Estados Unidos es de tipo muy flexibles ante alteraciones de precios, pese al augurio de Trump, los aranceles tendrán que pagarlos, en su mayor parte, los importadores del país, en forma de incrementos de precios y acabarán afectando a los consumidores norteamericanos.

Parece que estamos ante una situación de este tipo, porque un estudio de economistas norteamericanos concluye que durante 2018 se han producido en Estados Unidos significativos incrementos de precios en productos intermedios y finales, alteraciones en la cadena de suministros y transferencias de las tarifas arancelarias a los precios de las mercancías importadas. Por tanto, el impuesto indirecto de Trump que suponen los aranceles ha recaído sobre los consumidores norteamericanos.

En el siguiente cuadro se recogen, en síntesis, los efectos más importantes de las subidas de aranceles para los consumidores, empresas y Gobiernos:

Cabe añadir que, si fueran las empresas las que tuvieran que absorber los aranceles, los efectos sobre los consumidores (ciudadanos) podrían llegar a afectarles en forma de aumento del desempleo o recorte de salarios.

En una perspectiva global, los expertos estiman que los efectos directos de las medidas arancelarias no van a afectar de manera importante sobre el crecimiento económico pero, al encontrarnos en una desaceleración, podrían incidir en la confianza de los agentes económicos y, sobre todo, perturbarían los mercados financieros

PRODUCTIVIDAD LABORAL

La productividad laboral, que es el volumen de bienes y servicios producidos por cada empleado, se mide a través del Producto Interior Bruto (PIB), expresándolo por persona ocupada o por hora de trabajo (PIB /personas ocupadas u horas de trabajo). Se define a menudo como el valor añadido por cada trabajador

A fin de eliminar los efectos de la inflación, la evolución de la productividad laboral debe calcularse utilizando datos ajustados a los cambios de precios, en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), expresando así la variación de la productividad real.

En el siguiente cuadro, preparado por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), tenemos la evolución de la productividad real por persona empleada en cada país de la Unión Europea en la última década, en miles de euros:


Destacan en el cuadro por su alta productividad dos países: Irlanda y Luxemburgo. El modelo económico irlandés ha conseguido en la última década un alto nivel de desarrollo aplicando políticas fiscales que han beneficiado a la inversión extranjera, al tiempo que el país desplegaba un sistema educativo capaz de ofrecer personas cualificadas al entramado empresarial

En el caso de Luxemburgo, al empleo que generan las empresas industriales y comerciales se suman las demandas de los servicios financieros y las instituciones comunitarias, dado que el país es sede del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, una de las sedes del Parlamento Europeo y una sede de la Comisión Europea, además de otras organizaciones mundiales.

España se encuentra por debajo de la media europea, con una producción por trabajador en 2017 en torno de 67.000 euros del año (53.500 eliminando la inflación), un 89,3% de la media del área Euro (19 países), ligeramente superior a la del año 2007.

No cabe duda de que la mejora de la productividad es una condición necesaria en el entorno de la cuarta revolución industrial. El diferencial que nos aventajan los socios europeos más significativos les permite crecer más, crear empleo de calidad y recaudar más elevados impuestos que pueden revertir a los ciudadanos en servicios sociales

Aunque hay grandes compañías con capacidad competitiva en los mercados internacionales, España es un país caracterizado por la preponderancia de empresas pymes y microempresas, que no disponen de los medios que cuentan las de mayor dimensión para formar a sus empleados o seguir el ritmo que marca la evolución tecnológica.

Con el sector industrial en retroceso, hasta el 12,5% del total de los ocupados, los servicios representan en España más del 75%, en muchos casos con empleos de calidad deficiente, que aportan menor valor añadido que el sector industrial.

La recuperación económica, ahora desacelerándose, avanza en España con el mismo modelo del ciclo expansivo anterior a la crisis. Con la hostelería destacando sobre el resto de las actividades y el empuje del turismo y del sector inmobiliario, de nuevo en crecimiento, la mayor demanda de trabajo se centra en personas de baja cualificación.

Con este panorama es difícil que se produzca un aumento real de las remuneraciones del trabajo, salvo por incrementos políticos del salario mínimo. Con el crecimiento intensivo en empleo, el PIB sólo avanza con la incorporación de parados al mercado laboral. Por tanto, será complicado que el país vaya cerrando la brecha de productividad laboral que tiene abierta con sus socios europeos.

Una prueba de ello son los datos que aporta la Contabilidad Nacional, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el primer trimestre de este año ha calculado una variación interanual (negativa) de la productividad, tanto por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo como por hora efectivamente trabajada, de -0,4%.

LA INESTABILIDAD ECONÓMICA

Tras las inciertas perspectivas económicas anunciadas en el otoño pasado, aumentan los pronósticos de una próxima fase descendente de la actividad económica en Estados Unidos y en el Eurozona.

El ciclo económico se compone de fluctuaciones de cierta regularidad en la actividad productiva de las economías de mercado, que suele tener cuatro fases: expansión, crisis, recesión y recuperación.

Aunque hay factores externos (shocks exógenos) que influyen estrechamente sobre el nivel de actividad, tales como un brusco incremento del precio del petróleo o un disruptivo cambio tecnológico, los ciclos económicos, también llamados “ciclos comerciales”, son debidos muchas veces a la propia dinámica interna de las decisiones económicas.

Cuando la demanda crece, las empresas comerciales de la cadena de distribución deciden aumentar sus inventarios. Las fábricas aceleran su producción para atender a la mayor demanda de los distribuidores. Los fabricantes encargan más equipos para aumentar la capacidad de producción. Los plazos de entrega acaban alargándose y surge la sensación de escasez, que lleva a los consumidores a adelantar la compra de los productos.

Se llega así al final de la fase expansiva, el momento en que los consumidores tienen un exceso de producto y las ventas se estabilizan. Bajan los pedidos para inventarios y las fábricas reducen su producción. Dejan de adquirirse nuevos equipos y se reduce el número de trabajadores, con lo que descienden los ingresos y el poder adquisitivo. Caen las ventas, aumentan los inventarios indeseados y se reducen más los pedidos. Se va acercando el final de la fase recesiva, para dar paso a la recuperación.

Como podemos observar en las secuencias, son las oscilaciones de las cantidades de producción las que provocan las fases expansiva y recesiva. Si se ajustaran al ciclo los salarios y los precios, se lograría mantener estables las producciones y ventas. Pero tanto los salarios como los precios ofrecen resistencias a las caídas, con lo que el sistema capitalista no llega a eliminar los ciclos.

Recogemos en el siguiente cuadro (Xavi Grandes, ESIC) los rasgos más relevantes de las crisis económicas:

Las instituciones que se crearon tras la Gran Depresión de los años 30 lograron impedir nuevas recesiones profundas en las siguientes tres décadas. Pero en 1971, al cancelarse de modo unilateral los acuerdos de Bretton Woods, medida denominada “Nixon shock” , quedó derogado el patrón oro, suprimiendo la convertibilidad directa del dólar estadounidense con respecto al oro. El dólar se devaluó y dio comienzo la época de los tipos de cambio flotantes entre las divisas en función de la situación de mercado.

En 1973 irrumpió la crisis del petróleo, un shock consecuencia del corte de suministro de los países de la OPEP durante la guerra arabe-israelí del Yom Kippur, que provocó en 1974 un brusco incremento del precio del crudo de 2,50 a 11,50 dólares por barril. La elevación de la factura energética dio lugar a fuertes crisis en los países más industrializados de occidente, que se vieron obligados a emprender políticas de diversificación y ahorro energético.

A comienzos de este siglo, los excesos en el sector de Internet y las Telecomunicaciones, en el período de la supuesta “nueva economía”, generaron otro shock exógeno, que se saldó con quiebras, fusiones y cierres de empresas. En tres años, la crisis hizo desaparecer varios miles de compañías y algunas de las grandes corporaciones de telecomunicaciones fueron protagonistas de importantes fraudes contables.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, en Europa se tuvo que afrontar la llamada “crisis de la deuda”, que estalló cuando el gobierno griego reconoció que el déficit del país era mucho mayor que el anunciado oficialmente, lo cual incrementó en los mercados el interés a pagar por los bonos emitidos. Tanto la UE como el FMI negociaron durante meses un programa de ayuda para evitar que la crisis se extendiera a otros países con situaciones parecidas, tales como España, Portugal, Irlanda e Italia. La incertidumbre que se instaló en los mercados llegó a poner en duda la viabilidad del euro como moneda única europea.

Todos estas crisis, debidas tanto a las dinámicas internas del sistema productivo como a factores externos, han provocado quiebras empresariales y aumento del desempleo, afectando especialmente a los mercados de trabajo y de la vivienda, y haciendo que se incrementen las situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social.

Ante una posible nueva recesión, está aflorando la duda de si la caída de los tipos de interés reales hasta niveles próximos a cero no habrá reducido la capacidad de los instrumentos en poder de las autoridades para reactivar la demanda.

POLÍTICA FISCAL

La política fiscal es el conjunto de medidas que adoptan las Administraciones Públicas (Estado central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) a través de los gastos públicos y la recaudación de impuestos, con tres objetivos básicos: ocupar totalmente los recursos tanto humanos como materiales, estabilizar los precios e impulsar el crecimiento económico

Dado que, como miembro de la Eurozona, la política monetaria de España se decide en el Banco Central Europeo, la política fiscal es el instrumento más importante que disponen las autoridades del país para intervenir en la economía.

El gobierno puede actuar con dos tipos de políticas fiscales: discrecionales y estabilizadores automáticos. En el primer caso influye en los ingresos y los gastos públicos para impulsar el nivel de actividad económica, actuando, en épocas de crisis, a través de la reducción de tipos impositivos, lanzamiento de inversiones en obras públicas, programando planes de empleo y transfiriendo renta a las familias.

La política fiscal discrecional es expansiva cuando al aumentar los gastos o disminuir los impuestos eleva la renta disponible de los consumidores. En cambio, es restrictiva cuando actúa en sentido contrario, reduciendo los gastos o incrementando los impuestos.

Los estabilizadores automáticos tratan de equilibrar la actividad económica suavizando de modo inmediato las etapas del ciclo económico. Si la economía se encuentra en fase recesiva, los estabilizadores ralentizaran la caída y si está en plena expansión reducirán el incremento de la inflación. Los estabilizadores automáticos más importantes son el impuesto progresivo sobre la renta y el subsidio de desempleo.

Las políticas fiscales dan lugar a la presión fiscal, que es la carga que han de soportar las empresas y los ciudadanos de un país respecto a su PIB. En el siguiente gráfico tenemos una situación comparativa de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

            PRESIÓN FISCAL EN LA OCDE

Observamos que España estaba en 2017 entre los países de baja tributación, con un 33,3% sobre el PIB, a la altura de Gran Bretaña, pero 8 puntos porcentuales por debajo de Italia y 13 puntos de Francia en la recaudación de impuestos.

Las políticas de austeridad en el gasto público y la contención en los impuestos de los últimos años se han justificado exigiendo a los gobiernos el comportamiento habitual de las familias: nunca deben gastar más de lo que ingresan.

Es una idea que parece cargada de sentido común, pero entre el sector público y la familia hay diferencias importantes. Cuando una familia gasta menos de los que ingresa está ahorrando, pero cuando el Estado gasta menos, los agentes económicos (familias y empresas) perciben una renta menor y, en consecuencia, pagan menos impuestos, con lo que baja la recaudación, se ahorra menos y el sector público puede entrar en déficit más fácilmente.

Mientras las familias tienen un plazo limitado para pagar sus deudas, los Estados pueden emitirlas a muy largo plazo e incluso emitir deuda perpetua, es decir, pagando únicamente lo intereses sin tener que devolverla. Pueden también ir renovando la deuda a base de nuevas emisiones, como lo viene realizando el Estado español en la última década, algo que resulta muy difícil para las familias.

Tengamos en cuenta que el Estado tiene más larga existencia temporal que una familia y es responsable de realizar con endeudamiento inversiones de infraestructura que se disfrutarán durante muchos años. Por ello, también el coste de la financiación puede ser afrontada por varias generaciones.

AUMENTA EL PODER DE MERCADO

El mercado es un invento humano al que se asigna la función de fijar los precios de los productos, armonizando la difícil confrontación entre deseos infinitos y recursos limitados. Para que funcione un sistema económico basado en el mercado es necesario que exista competencia entre las empresas

En economía, el modelo que se toma como referencia es el de competencia perfecta, en el cual, entre otros supuestos, actúan muchos compradores y vendedores de pequeña dimensión, sin capacidad para influir en el precio que resulta de sus interacciones. Es un modelo plenamente competitivo, basado en hipótesis que difícilmente se cumplen en el entramado empresarial.

Se considera que una empresa tiene poder de mercado, alejándose del modelo de competencia perfecta, cuando es capaz de imponer el precio de un producto por encima del que tendría en un mercado funcionando en competencia libre. Como el aumento de precio lleva a una reducción de la demanda y, por consiguiente, a la disminución de la cantidad vendida, podría dar lugar al empeoramiento del bienestar social.

En el siguiente cuadro se sintetizan los supuestos de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta (monopolio,oligopolio, competencia monopolística)

Los niveles de poder de mercado pueden variar desde el monopolio, único oferente de un producto, con control total sobre el precio, hasta las empresas que venden en exclusiva productos diferenciados, pero que han de enfrentarse a la competencia de otras empresas con ofertas similares. Los monopolios capturan rentas que provocan una pérdida de bienestar social al transferir excedentes desde los consumidores hacia las empresas.

Dos factores que facilitan la existencia de poder de mercado son las barreras de entrada y las economías de escala. Las barreras pueden ser tanto legales (patentes) como las elevadas inversiones iniciales y el gasto importante de publicidad para darse a conocer. En cuanto a las economías de escala, las nuevas empresas tienen el reto inminente de acceder a un nivel elevado de producción para poder aprovecharse de la reducción de costes fijos y ser capaces de competir con otras empresas que llevan tiempo en el sector.

Las empresas pueden evitar la competencia mediante acuerdos (carteles) con los competidores para el control de precio o el reparto de los mercados, creando monopolios parciales. La ausencia de presión competitiva suele limitar la creación de nuevos productos, hace olvidar la mejora de la calidad y ayuda a soslayar la exigencia de mantener precios bajos.

El Derecho de competencia de la Unión Europea prohibe los carteles y la Comisión Europea impone multas importantes a las empresas implicadas. Pero el ser ilegales, los carteles se mantienen en secreto y no resulta fácil demostrar su existencia.

La Comisión Europea aplicó recientemente a Google una multa de 2.420 millones de euros por abuso de poder de mercado, “una vez probada su posición dominante en el mercado y el abuso que ejerce en las páginas web de comparación de precios de productos”. También han sido multadas por la Comisión, entre otras corporaciones, Facebook, Appel y algunos fabricantes de camiones, entre los cuales se encuentran MAN, VOLVO y RENAULT.

Investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) han hallado correlación significativa entre márgenes, beneficios y concentración industrial. También se destaca que en los sectores más concentrados hay incremento de márgenes y menor inversión e innovación, así como una menor participación de las rentas de trabajo, en beneficio de las rentas de capital

Como señala el profesor Ontiveros, resulta evidente que en los últimos años la competencia se está reduciendo en algunos sectores de las economías avanzadas. El aumento de poder de mercado permite fijar márgenes a las empresas, especialmente a las grandes, con tendencia monopolista, que puede tener implicaciones en el bienestar general y en la asignación eficiente de los recursos.

SALARIOS Y BENEFICIOS

La participación salarial en el PIB generado a comienzos de siglo era en torno al 50%, los beneficios no superaban el 40% y el restante 10% consistía en los impuestos de producto. Al cabo de casi dos décadas, la participación de la remuneración al trabajo ha descendido al 47,3%, al tiempo que aumenta la parte del capital y los impuestos se mantiene prácticamente estables.

En el siguiente gráfico tenemos el detalle de la evolución de los componentes del PIB en la última década:


Tras la doble recesión que provocó la crisis financiera, en la economía española se han creado 2.400.000 empleos entre 2014 y 2018, al tiempo que el paro se ha ido reduciendo.

Sin embargo, según la Contabilidad Nacional, la remuneración por asalariado a tiempo completo sólo ha aumentado un 0,5% anual en el quinquenio, debido a la tasa elevada de paro, en torno al 18%, y al subempleo, que esconde la contratación a tiempo parcial involuntario.

La tasa de variación puede verse con más detalle en el siguiente gráfico de CaixaBank Research, así como la cuantía de los salarios mensuales por deciles en 2017:

Observamos que los dos extremos de la distribución, los deciles 1 y 10, tuvieron un incremento interanual de 1,4%, en tanto que los que ocupan una posición intermedia (deciles 4 a 7)), descendieron o no tuvieron ninguna variación durante el período, en términos nominales.

Existe cierta polarización del mercado laboral, con una menor demanda de trabajo en los empleos de nivel mediano, más fáciles de automatizar, que ocasiona una reducción de las remuneraciones en torno a la mediana, al tiempo que aumentan los salarios en los extremos de la distribución, dibujando un gráfico en forma de U.

En conjunto, en la economía española se ha alcanzado la misma producción de hace 10 años con cerca de 500.000 trabajadores menos, y 9.500 millones de reducción en la masa salarial.

En cambio, la evolución de los beneficios ha sido muy favorable. Según la Agencia Tributaria, el resultado contable declarado por las empresas en España alcanzó en 2017 los 217.000 millones de euros, un 9,2% más que en 2016, muy cerca del resultado record, logrado en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Mientras se contienen los salarios, aumenta la parte del capital en los resultados, argumentando que los excedentes se reinvierten en las empresas. Pero los medio de prensa vienen informando que se incrementa la compra de acciones propias, una tendencia que, junto al reparto de dividendos, engrosará los bolsillos de los accionistas.

 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La norma de estabilidad presupuestaria significa que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio los presupuestos de cada período. Pueden incurrir en superavit (más ingresos que gastos), pero deben evitar situaciones de déficit (más gastos que ingresos).

Se llama saldo presupuestario a la diferencia entre los ingresos público por recaudación de impuestos y los gastos públicos, tanto por compra de bienes y servicios como en transferencias (pensiones, subsidio de desempleo...).

Aunque el saldo presupuestario tiende a ser un indicador de la política fiscal aplicada, hay que tener en cuenta que una variación determinada del gasto en la compra de bienes y servicios, tanto de consumo como de inversión, tiene mayor efecto en la demanda agregada que la variación de los impuestos o de las transferencias.

En el siguiente cuadro tenemos la evolución del déficit público español, en porcentaje sobre el PIB, en los últimos 12 años:

Tanto el déficit público observado como el saldo estructural (el déficit ajustado al ciclo económico) de los últimos tres años han sido en España los más elevados de los 19 países de la Eurozona. En cuanto al déficit primario (sin contar con el pago de intereses), viene a oscilar en torno al 0,9% del PIB.

El saldo presupuestario ajustado al ciclo económico (saldo estructural) es una estimación de cuál sería el déficit público si el PIB real fuera el correspondiente a la producción normal (producción potencial), eliminando las consecuencias de posibles fases recesivas o expansivas.

Como podemos observar en el cuadro, el déficit estructural fluctúa menos que el déficit observado, lo cual quiere decir que los elevados déficit de los años 2009 a 2012 fueron consecuencia de la situación recesiva de la economía.

La mayoría de los economistas estima que el gobierno debe equilibrar los presupuestos solo en promedio, es decir, que se puede tener déficit en años malos, que se compensen con superávit en años buenos. Un equilibrio permanente cada año impediría que los impuestos y las transferencias actuaran como estabilizadores automáticos.

En una economía en recesión, cuando el paro hace que se reduzca el volumen de salarios y, por tanto, el consumo, el subsidio de desempleo, por ejemplo, entra en funcionamiento actuando como estabilizador automático y, aunque pueda generar déficit, tiende a sostener el consumo, evitando un mayor hundimiento de la economía.

Como parte de los acuerdos de creación del euro, los gobiernos firmaron en 1999 el pacto de estabilidad, exigiendo a cada país miembro de la Eurozona mantener su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB.

El objetivo era evitar déficits irresponsables provocados por presiones políticas, que podían poner en peligro la estabilidad del euro. El inconveniente del acuerdo ha sido que obliga a los países a recortar gastos o subir impuestos cuando, en situaciones de recesión, el déficit sobrepasa el nivel establecido.

Como se ha comprobado en la crisis de 2008, la austeridad exigida por la normativa del 3% hace que la política fiscal acentúe las recesiones en lugar de aliviarlas. Las naciones periféricas europeas, entre ellas España, perdieron durante la crisis la confianza de los inversores, que dudaban sobre la capacidad de devolver las deudas.

En diciembre de 2011 se llegó al acuerdo de tomar como nueva referencia el equilibrio presupuestario estructural, el ajustado por el ciclo económico. Cada país debe situarse cerca de cero, con déficits anuales que no superen el 0,4% del PIB. La estabilidad en un contexto intertemporal se situó en una deuda máxima del 60% del PIB (en España estamos en torno al 100%)

Pero las normas fiscales van a seguir haciendo que, en períodos de crisis, los países europeos se vean forzados a recortar gastos o subir impuestos, medidas que resultan improcedentes desde el punto de vista del análisis macroeconómico.