LA DESIGUALDAD SEGUN PIKETTY

La desigualdad es un fenómeno complejo que tiene manifestaciones personales, territoriales, de renta y de riqueza. Influyen unas en otras y se definen de diversas formas, alcanzando magnitudes e interpretaciones que dependen de los componentes que se tengan en cuenta o de la perspectiva que se utilice.

Apoyado en un robusto soporte estadístico, el economista francés Thomas Piketty ha publicado “El capital en el siglo XXI”, un libro que ha alcanzado amplia difusión, un raro fenómeno en la literatura económica, denunciando la creciente desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza. El libro ha provocado un amplio debate y ha contribuido a la aparición de nuevas publicaciones de especialistas en la materia.

La desigualdad de rentas es reconocida hoy día como un problema económico global. Según el estudio del Pew Research Center, un “think tank” con sede en Washington D.C.,el 60% de la población mundial lo considera como un problema importante. El coeficiente de GINI apunta a un incremento en la desigualdad en el período 1990-2012 en los países desarrollados.

Una medida de la desigualdad es la participación del 10% más rico sobre la renta total, que ha aumentado en casi todos los países de la OCDE, situándose hoy su media en el entorno del 40% de los ingresos totales. Y el 1% más rico se apodera, como promedio, del 10% de la renta. En Estados Unidos y la India llega hasta el 20%.

En este contexto, la publicación del libro de Piketty ha tenido la virtud de impulsar el debate sobre la aparente tendencia del capitalismo a generar una creciente desigualdad. El estudio viene apoyado en un voluminoso conjunto de datos históricos sobre rentas y riquezas, que se extiende desde el siglo XVIII hasta hoy, de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

Piketty utiliza dos medidas de desigualdad: las indicadas participaciones del decil (10%) y del percentil (1%) superiores tanto en la renta como en la riqueza total. La desigualdad de rentas y de riqueza era muy elevada al comenzar el siglo XX. El 10% más rico capturaba más del 45% de la renta total y entre el 80-90% de la riqueza.

Por tanto, se trataba de un “capitalismo patrimonial” o “sociedad de herederos”, un sistema donde unas pocas familias concentraban la riqueza; la clase media era relativamente pequeña, y las oportunidades de ascenso social muy limitadas.


Como se aprecia en el gráfico, durante buena parte del siglo XX se produjo un descenso sostenido en la desigualdad, especialmente en el período 1910-1970, debido a la creación del impuesto sobre la renta, el fortalecimiento de los Sindicatos, la aparición del Estado de Bienestar en Europa, la Gran Depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial



En cuanto a la riqueza acumulada, la “destrucción patrimonial” de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial causaron un desplome de la participación del 10% más rico entre 20 y 30 puntos porcentuales, cayendo al mínimo del 60% en el año 1970.

La institucionalización del Estado de Bienestar creó mecanismos redistributivos que permitieron la aparición de una importante clase media en estas sociedades, y la posibilidad para las clases bajas de mejorar su nivel de vida a través de su esfuerzo. Así, el capitalismo adquirió un carácter “meritocrático” que no tenía en el siglo XIX.

Sin embargo, parece que los datos más recientes revelan que durante los últimos 50 años este proceso se ha revertido. Se observa un crecimiento sostenido de la desigualdad, cuyo nivel se acerca cada vez más al de principios del siglo pasado, lo cual podría tener consecuencias desestabilizadoras. En 1970, el ingreso medio de los cien ejecutivos norteamericanos mejor pagados era 45 veces mayor que el salario medio de los trabajadores del país; en 2006 había ascendido a 1.723 veces mayor .

Hasta organismos internacionales conservadores como la OCDE y el FMI comienzan a dar señales de alarma por el peligro que empieza a suponer la desigualdad de nuestro tiempo, pero sin llegar a reconocer que las propias organizaciones han influido con las políticas mantenidas en los últimos años. Como afirma el profesor Juan Torres, “parece obvio que el primer paso para reducir la desigualdad es garantizar que las decisiones económicas estén también sometidas a las reglas de la democracia”.

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El Gobierno español ha planteado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22,3%, hasta situarlo en 900 euros mensuales en 14 pagas, una medida progresista en términos de igualdad social, equiparable a la limitación de las horas máximas de la jornada de trabajo.

El salario mínimo es el caso más frecuente de las normativas legales para presionar un precio al alza. Por ejemplo, en el sector de productos agropecuarios, como el trigo o la leche, la medida se utiliza para mantener cierto nivel de renta de los agricultores.

Se establece un suelo al precio del trabajo para ayudar a algunos colectivos, pero se estima que puede generar ciertos efectos colaterales indeseados y previsibles cuando el salario mínimo está por encima del que haría igualar la cantidad de trabajo ofrecida con la demanda por las empresas.

En el siguiente gráfico se representa la evolución del SMI en las últimas décadas


Se suele argumentar que el exceso de oferta que resulta de establecer un salario mínimo puede provocar efectos en dos direcciones: posible incremento de desempleo y aparición de cierto mercado negro de trabajo.

El desempleo puede afectar sobre todo a jóvenes, mujeres, personas poco formadas y parados de larga duración. Pero la experiencia de los los últimos 15 años, según la Ministra de Economía, muestra que ninguno de los cuatro últimos incrementos de SMI hicieron retroceder al empleo total. En esta ocasión, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha calculado que se dejarían de crear unos 40.000 empleos en 2019.

El gobernador del Banco de España ha señalado que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas de SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía”.

El segundo efecto, la afloración del mercado negro, viene del previsible incumplimiento de la ley por parte de algunos empresarios, imponiendo retribuciones salariales inferiores al mínimo o evitando dar de alta en la Seguridad Social para ahorrar costes.

Otra alternativa de algunas empresas para evitar pérdidas o reducir costes sería tratar de imponer a sus trabajadores una jornada oficial más reducida (trabajo a tiempo parcial), con el salario más elevado, pero aumentando las horas de trabajo sin remuneración añadida.

Aunque el salario anunciado suponga un aumento repentino y de cierta consideración, algunos analistas argumentan que es asumible por las empresas, dado que la productividad por hora trabajada en España representa un 97% de la Unión Europea y el salario mínimo no supone más que un 75%.

En cualquier caso, el establecimiento de un salario mínimo significa que la sociedad no acepta actividades empresariales con productividad y salarios que no permitan pagarlo, porque se considera que son inaceptables socialmente, al resultar incapaces de proporcionar un mínimo nivel de vida al trabajador asalariado.

Aunque ya sabemos que algunas medidas bienintencionadas pueden tener en economía efectos contrarios al bienestar social, un aumento de los salarios no significa que las empresas vayan a caer en pérdidas y opten por reducir el empleo, puesto que los márgenes no suelen estar siempre ajustados al mínimo. Sí puede suponer una disminución de beneficios y un menor reparto de dividendos.

El aumento del SMI va a beneficiar al 10% de los trabajadores, aquellos que perciben las menores retribuciones. Tendrá poco efecto en el País Vasco o Navarra, comunidades autónomas en las que los salarios son más elevados, pero influirá en Extremadura, Andalucía o Canarias, con retribuciones menores.

Además de reparar la devaluación salarial de los últimos años, en los que se han producido transferencias de rentas desde los salarios más bajos a los beneficios, el aumento del SMI servirá para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y mejorar las rentas de las familias, que tendrán mayor capacidad de consumo, aumentarán la demanda y favorecerán el crecimiento económico.








,

EL TRABAJO EN LA RENTA NACIONAL

Entre las Cuentas de la Renta y del Producto Nacionales se encuentra el Producto Interior Bruto (PIB). Una de las formas de calcular este indicador de la producción agregada es como suma de las rentas del país. Consiste en agrupar las rentas pagadas por las empresas a cuantos han intervenido en la producción: salarios de los trabajadores, intereses de los que prestaron sus ahorros a las empresas y al gobierno, alquileres de terrenos e inmuebles utilizados por las empresas y beneficios de los propietarios de las empresas.

En este indicador, el grado de participación del trabajo en la renta de un país viene dado por el total de los costes laborales dividido entre el valor añadido, que resulta de descontar a los ingresos de la producción los costes de los factores intermedios, tales como materiales, energía y otros

Aunque este cálculo es complejo y suscita debates técnicos, la tendencia al descenso de la parte del trabajo en la renta total se confirma pese a los ajustes, tal como lo viene señalando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con respecto a la mayoría de los países industrializados.

Cuando se incluyen las rentas mixtas de los autónomos, lógicamente aumenta la participación del trabajo en el PIB, pero se puede observar que el indicador sigue siendo decreciente en las últimas décadas. Y dejando a un lado los sueldos que representan el 1% más elevado, la reducción del indicador es mucho mayor, lo cual significa el alto crecimiento de las remuneraciones de la alta dirección de las grandes empresas.

En el siguiente gráfico se representa la evolución de la participación del trabajo en España, calculado como cociente entre el coste por asalariado y el PIB a precios de mercado por ocupado, con el índice 1978=100



El gráfico muestra que, desde la década de los 80 del siglo pasado, la participación del trabajo es decreciente, lo cual significa que la productividad ha ido creciendo por encima de los salarios, en beneficio de las rentas del capital.

Entre las causas posibles de esta caída de la participación podrían estar la pérdida de poder relativo de los trabajadores al debilitarse la sindicación, los aumentos de los márgenes de las empresas como consecuencia de la concentración, aumentando el poder de mercado, y los cambios en la proporción entre trabajo cualificado y poco cualificado.

Un fenómeno que ha tenido importancia es que las nuevas tecnologías han logrado reducir el precio de los bienes de capital (máquinas, por ejemplo) al tiempo que aumentaban su eficiencia, que ha llevado a las empresas a sustituir trabajo por capital.

Hay que tener en cuenta también la mayor liberalización internacional, que provoca la penetración creciente de importaciones procedentes de empresas extranjeras con productos más baratos, aprovechando sus menores costes laborales, una situación que obliga a ajustar los precios a las empresas nacionales para poder competir, con disminución de los costes laborales, bien reduciendo el empleo o bajando los salarios. Asimismo, las deslocalizaciones empresariales han provocado con frecuencia procesos de destrucción de empleo en algunos sectores.

Otro hecho relevante es la financiarización de la economía, haciendo que los principales accionistas de las grandes empresas sean inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones, hedge funds) que están interesados sobre todo por la rentabilidad a corto plazo. Este interés coincide con el de los gestores que tienen una parte importante de su retribución ligada al precio de las acciones.

Todo ello supone un cambio de orientación en la política de distribución de beneficios, reduciendo la parte que se reinvierte en la actividad productiva de la empresa, que es la que llevaría al incremento del empleo en el largo plazo, para dar prioridad al reparto de dividendos o a la compra de acciones de la propia empresa para aumentar su precio a corto plazo

El resultado es que estamos en una tendencia de aumento de la participación en el PIB de las rentas del capital, es decir, dividendos e intereses. Al concentrarse la riqueza se está produciendo una creciente acumulación personal de las rentas de capital, lo que provoca el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta generada, sobre todo antes de realizar la redistribución por medio de los impuestos y los gastos públicos, con el riesgo de poner en peligro la cohesión social.

CRISIS BANCARIAS

Ha transcurrido una ´década desde que quebró Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, que llevó a muchos países a la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929. Las entidades financieras cayeron en crisis de liquidez y de crédito, pero sobre todo de confianza, que derivó en una crisis global.

La carencia de liquidez sembró de desconfianza a los bancos, negándose a prestar dinero entre ellos. Los clientes, a los que no concedían créditos, perdieron también la confianza en las entidades financieras. Y el clima de incertidumbre hizo que los usuarios de los bancos comenzaran a retirar sus depósitos.

En la actividad bancaria hay que distinguir entre bancos de depósitos (bancos formales o comerciales) y bancos de inversión (llamados “bancos en la sombra” porque están poco regulados), que no admiten depósitos y se dedican a la compraventa especulativa para su propio beneficio y para el de los inversores.

Los bancos de depósitos aceptan los ahorros de los ciudadanos y se comprometen a devolverlos en cuanto se los pidan. El rendimiento lo obtienen aprovechando que no todos los depositantes van a requerir la devolución de sus fondos al mismo tiempo. Este hecho permite que los bancos no mantengan en efectivo todo el dinero recibido, sino que lo presten en su mayor parte, manteniendo una pequeña proporción en reserva para atender las retiradas diarias de fondos.

Por tanto, los bancos de depósitos se endeudan a corto plazo con los depositantes, que pueden solicitar la devolución inmediata, y prestan a largo plazo a empresas y familias sin posibilidad de reclamar la devolución antes del vencimiento. Esta es la llamada “transformación del plazo de vencimiento”: conversión de pasivos a corto plazo (depósitos) en activos a largo plazo (créditos bancarios con intereses)

Como banco de inversión, Lehman Brothers obtenía fondos prestados en los mercados financieros a corto plazo y después invertía en proyectos especulativos a plazos más largos. Así operan los “bancos en la sombra”, instituciones financieras que no aceptan depósitos, pero realizan también transformaciones de plazos.

Los “bancos en la sombra” (bancos de inversión, fondos de cobertura, socimis inmobiliarios, capital riesgo, plataformas de crowdfunding...), que han ido creciendo a partir de 1980, no han estado sometidos a las regulaciones impuestas a los bancos de depósitos, tales como la obligación de mantener cierta proporción de capital o de reservas.

La transformación del plazo de vencimiento causa vulnerabilidad a los dos tipos de bancos. En los bancos de depósito, al mantener en efectivo una pequeña fracción de los fondos de los depositantes, el pánico bancario (en ocasiones profecías que se autocumplen), acaba provocando muchas veces la quiebra.

Los bancos en la sombra no tienen depositantes que requieran la devolución de su dinero, pero si los prestamistas del mercado financiero piensan que un banco deja de ser seguro, que va a resultar difícil recuperar al vencimiento el dinero, no le otorgarán créditos y el banco no podrá seguir operando con sus clientes. Puede tratar de vender sus activos inmediatamente para lograr efectivo pero, como sucedió con Lehman Beothers, muy endeudado para financiar sus operaciones, resulta difícil evitar la bancarrota.

España es el país de la Unión Europea que más dinero ha perdido en rescate a los bancos y cajas de ahorro. En cifra absoluta, el importe ha sido de 47,9 millones de euros, un 4,3% del PIB.



El pánico bancario se manifiesta en una paralización repentina de los mercados financieros, a causa de la pérdida de confianza en conseguir liquidez. Además de perjudicar a los relacionados con el banco, se extiende como un contagio, ocasionando la pérdida de confianza de los depositantes de otros bancos, que puede originar una cascada de hundimientos.

A partir de la crisis de 2008, los bancos centrales han ampliado sus medidas financieras más allá de otorgar créditos a los bancos de depósito y realizar operaciones de mercado abierto. Han estado concediendo créditos también a los bancos en la sombra y comprando bonos a corto plazo a empresas privadas, elevando así la dimensión de su carácter de “prestamistas de última instancia” para facilitar a las economías el crédito necesario cuando el mercado de préstamos privados está agotado.

LA PRESIÓN FISCAL

La presión fiscal se define como la relación entre los impuestos que recauda el sector público de un país y la actividad económica medida con el Producto Interior Bruto (PIB).

Los impuestos directos incluyen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de carácter progresivo y el Impuesto sobre Sociedades, proporcional. Se tiene en cuenta para el cálculo de la presión fiscal la Contribución a la Seguridad Social, como impuesto directo que se computa sobre las nóminas de los trabajadores. En cuanto a los impuestos indirectos, el predominante es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con tres tipos de cotización, según el producto o servicio.

España tuvo en 2016 una presión fiscal del 34,1%, cuatro décimas menos que en el año precedente, según Eurostat. En comparación con los países europeos, la tasa resulta reducida y supone una recaudación de 7,2 puntos porcentuales sobre el PIB menor que la media de la Eurozona.

En el siguiente cuadro tenemos los datos del año 2016 de varios países europeos representativos

Entre las causas de la menor recaudación se pueden citar el elevado nivel de desempleo, que reduce las retenciones del IRPF y, sobre todo, las deducciones, desgravaciones y bonificaciones en los dos grandes impuestos directos. En concreto, España tiene en el IRPF una presión fiscal 2 puntos porcentuales inferior a la media de la Unión Europea.

También en las cotizaciones sociales hay diferencias, porque en España la base de cotización esta topada para las rentas altas, mientras que en otros países europeos no existe tal límite.

En cuanto al IVA , España aplica el tipo reducido de impuesto (10%) en lugar del general (21%), a la hostelería y a los hoteles. Desde la Comisión Europea se viene aconsejando que se disminuya el volumen de bienes y servicios gravados al tipo reducido.

Como la presión fiscal se calcula en función del pago efectivo de impuestos y no según la obligación establecida en las leyes, la evasión impositiva reduce el porcentaje de presión fiscal. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) señala que sólo en IRPF, una mayor eficacia en la recaudación podría aportar al Estado más de 23.000 millones de euros anuales.

Otro indicador tributario es la “cuña fiscal”, que refleja el efecto de la presión impositiva sobre el trabajo. Se calcula como porcentaje que representan los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el coste laboral, incluyendo la Contribución a la Seguridad Social, que realiza la empresa, y la que recae sobre el trabajador, más el IRPF. La carga total supone un 39,5% del coste laboral.

Este porcentaje de cuña fiscal vendría a señalar la brecha entre el coste laboral y el salario neto real de consumo, es decir, la diferencia entre lo que un trabajador gana (su salario bruto) y lo que realmente se lleva a casa.

El porcentaje de España (39,5%) se sitúa por encima de la media (36%) de las naciones industrializadas del mundo (OCDE), pero alejado de los grandes países de la Eurozona, tales como Alemania (49,4%), Francia (48,1%) o Italia (47,8%)

Es evidente que sin una presión fiscal suficiente, la Administración Pública no puede atender las demandas que plantea la población. Podemos observar que los ciudadanos de los países nórdicos europeos, que soportan mayor presión fiscal, son los que disfrutan de mejores prestaciones sociales.

Como afirma el Secretario General de Gestha, combatiendo la economía sumergida y la evasión fiscal, también “habría margen para mejorar el déficit público, el endeudamiento y el Estado de Bienestar”.

LA HEGEMONÍA DEL DÓLAR

Hacía el final de la Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países emprendieron la tarea de inventar un nuevo orden económico para la postguerra. Reunidos en Bretton Woods (New Hampshire), en el este de Estados Unidos, desarrollaron un nuevo marco para garantizar la estabilidad del sistema monetario y para reconstruir los países devastados por el conflicto armado.

Aunque el economista británico Keynes defendía un sistema monetario mundial basado en una unidad monetaria no nacional, a la que denominó “Bancor”, prevaleció el planteamiento norteamericano de un sistema de intercambio basado en el dólar, vinculado al oro. 

La Reserva Federal norteamericana se comprometía a cambiar en cualquier momento los dólares por oro a razón de 35 dólares la onza troy (31,1 gramos). El precio de las demás divisas se alineaban respecto del dólar con tipos de cambio fijos. El dólar venía a ser la única moneda convertible en oro y, en consecuencia, la divisa internacional dominante.

El nuevo sistema daba ventaja a EE.UU, puesto que podía comprar todo lo que quisiera a los demás países con solo imprimir dinero, en tanto que el resto del mundo necesitaba producir bienes y servicios para conseguir dólares. El billete verde era ya hegemónico y EE.UU se había convertido en jugador y árbitro al mimo tiempo. Su ventaja comparativa era la imprenta de dólares, que le permitía imprimir billetes hasta agotar las reservas de oro.

Para 1971, EE.UU ya no era capaz de cumplir sus compromisos de conversión en oro y el presidente Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar y la adopción de tipos de cambio flotantes. El colapso del sistema, abandonando la vinculación al oro, no supuso disminución alguna en el dominio del dólar, a pesar de las importantes caídas de su valor. No se vio alternativa al nuevo “patrón dólar” y el sistema está vigente en nuestros días, con EE.UU como único proveedor mundial de liquidez, que le otorga un poder económico y político dominante.

Como divisa privilegiada, el dólar tiene una demanda constante en todo el mundo, lo cual permite que los déficits por cuenta corriente no le supongan problema alguno al país norteamericano. En cambio, son muchas las naciones, en particular las emergentes, que necesitan dólares para devolver sus deudas, por lo que tienen que vender sus monedas locales para comprar dólares. Es el reciente caso de Turquía, en plena crisis monetaria.

El incremento en la demanda hace escasear el dólar, con lo que hay que comprarlo más caro. Supone entregar más cantidad de la moneda local (la lira turca, por ejemplo), lo cual provoca su depreciación Este tipo de movimiento hace que los inversores extranjeros en países emergentes vean peligrar su capital y decidan repatriar el dinero, que provoca inestabilidad, con más ventas de moneda local para adquirir la divisa fuerte (dólares) y mayor depreciación de las monedas de los países emergentes.

La composición monetaria de las reservas internacionales, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra dominada por el dólar, con el 62,7% del total de reservas mundiales, siguiéndole a distancia el euro con un 20,2%.

Se han llegado a promover ciertos planteamientos de sustitución del dólar por una canasta de monedas y algunos bancos centrales comenzaron a utilizar también otra monedas, pero el dólar es un medio de pago muy extendido y, además, se percibe como un depósito de valor que concede seguridad, por lo que es previsible que continúe su hegemonia durante bastante tiempo.

EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN

El sector terciario comprende las actividades que proporcionan servicios a la sociedad. En tanto que la producción de los bienes es realizada por los sectores primario (agricultura, ganadería, pesca) y secundario (industria, construcción), el sector servicios incluye una gran variedad de actividades: transporte, turismo, comercio, sanidad, educación, finanzas y cultura, entre otras.

La terciarización comenzó en España en la década de los años 1960, con el tránsito de una economía basada fundamentalmente en el sector primario al predominio actual del sector terciario. Los rasgos destacados de este proceso son la urbanización, la industrialización y el desarrollo del turismo. Ha crecido el PIB, el empleo ha aumentado y la población dispone de mayor renta, con lo que crece el consumo de servicios de salud, educación y turismo.

El incremento de la productividad en la agricultura, debido a la mecanización del campo, y en la industria, con nuevas tecnologías que requieren cada vez menos personal, impulsó el trasvase de parte de la población de los dos sectores al terciario. Por otro lado, aumentó la demanda de servicios para las empresas productivas, tales como diseño, investigación, comercialización y servicios postventa

En el comienzo de la crisis financiera, los ocupados españoles en el sector servicios representaban el 68%. Diez años más tarde, según Eurostat, la proporción ha aumentado hasta el 75,5%, un incremento mayor del que se ha dado en otros países europeos, posiblemente debido a la caída del sector de la construcción, el retroceso de la industria y el aumento de las ramas de hostelería y transportes.

En el siguiente cuadro tenemos la distribución de los trabajadores ocupados por sectores económicos en España:


Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 14,2 millones de personas están registradas en España en el sector servicios, que suponen 100.000 más que en 2008, en tanto que el resto de los sectores está por debajo de los niveles anteriores a la crisis. La hostelería puede haber recogido el excedente de la construcción, al nutrirse ambas actividades con personal de baja cualificación laboral.

En los últimos años se han analizado las implicaciones que puede tener el proceso de terciarización en las economías desarrolladas tanto en la productividad como en la desigualdad. Como señaló Paul Krugman, “la productividad no es todo, pero a largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida a lo largo del tiempo depende casi totalmente de su capacidad para aumentar el valor de la producción por habitante”.

En este aspecto, diversos analistas han advertido del descenso en el crecimiento de la productividad y en la renta a medida que se van desplazando factores desde la industria a los servicios, aunque no hay duda de que existe una gran diversidad en los subsectores de servicios, con niveles de productividad y ritmos de crecimiento muy distintos, algunos incluso receptores de los avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

El temor a la desigualdad proviene de que los salarios de los servicios para los niveles de cualificación baja y media tienden a ser menores que los correspondientes a la industria, sector que se ha caracterizado siempre por una mayor movilidad social. La precariedad en las condiciones de trabajo es mayor en los servicios, sobre todo en ámbitos como la restauración y el reparto a domicilio.