ACTIVOS INTANGIBLES

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas está transformando los procesos productivos de muchos sectores económicos y propiciando la aparición de nuevos sectores en los países avanzados. A este avance se le conoce como “ la nueva economía del conocimiento”.

En la base del progreso se encuentra el conocimiento científico y tecnológico, capaz de generar nuevos productos y servicios, así como introducir mejoras relevantes en los ya existentes a través de renovados procesos productivos.

Hay que mencionar los esfuerzos realizados en la investigación y desarrollo (I+D), en combinación con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), junto a los llamados “internet de las cosas”, (interconexión digital de objetos cotidianos), “computación en la nube”(servicios a través de internet) y el “big data”(datos en gran escala). Esta nueva fase tecnológica se viene denominando Cuarta Revolución Industrial, en la que convergen tecnologías digitales, físicas y biológicas.

Un rasgo distintivo de la economía del conocimiento es que está sometida a una obsolescencia muy rápida, lo cual provoca el incremento del coste y el aumento en el riesgo de las nuevas inversiones. Para poder competir en los mercados, los menores plazos de amortización del inmovilizado exigen renovaciones frecuentes, que conllevan adaptaciones organizativas casi continuas y la necesidad de permanentes formaciones de los trabajadores.

Al extenderse el uso de las TIC, con la aceleración de la robotización y automatización de los procesos productivos, están implantándose las cadenas globales de valor, consecuencia de la fragmentación de los procesos en fases diferenciadas. Todo ello está afectando a la organización interna de las empresas (trabajo en equipo, decisiones más horizontales, multidisciplinariedad), lo que lleva a la necesidad de reinventar los modelos de negocios.

La consecuencia es que, además de capital físico y tecnológico, las empresas precisan acumular un conocimiento que no se valora en los documentos contables, pese a ser importante para la productividad y la competitividad. Es el denominado “capital intangible”, constituido por actividades ligadas a la investigación y desarrollo (I+D), a las mejoras organizativas, a los gastos en publicidad destinados a mejorar la imagen de marca, la formación de los trabajadores, el software y el tratamiento eficiente de las bases de datos. El gasto en los intangibles tiene hoy día la misma consideración que el realizado, por ejemplo, en la compra de maquinaria y equipos.

Hay un grupo de activos intangibles que forman parte del Producto Interior Bruto (PIB), tales como el softwear, las bases de datos y la I+D. Otros activos intangibles, a los que se llama “mas allá del PIB”, no forman parte del cálculo de la producción del país. Este grupo incluye el diseño, la publicidad, el estudio de mercado, el coste de formación de los trabajadores y la estructura organizativa

Con el siguiente gráfico, recogido en el informe “La economía intangible en España” (COTEC-IVIE), podemos hacernos una idea de la distribución de este último grupo, Activos Intangibles Más Allá del PIB (AIMAPIB)



Se puede resaltar que del total de estos cinco tipos de gastos los países que más invierten proporcionalmente en mejorar la estructura organizativa de las empresas son Reino Unido (50,6%) y Holanda (46,8%) y el país que destaca en formación es Alemania (25,7%). En cuanto a España, es el que más invierte en diseño y publicidad (en total, 50,1%) y el que menos dedica a la estructura organizativa (26,7%).

En esta fase del desarrollo económico resulta evidente que no es la tecnología el factor limitativo, sino la organización y la capacidad de las personas que la utilizan. Un papel importante es el de aquellos activos intangibles que, sin ser admitidos aún como inversión y, por tanto, situarse fuera del cálculo del PIB, resultan claves para gestionar las TIC, impulsando el desarrollo económico.

ECONOMÍA ECOLÓGICA

El mes pasado falleció Kenneth Boulding, el economista norteamericano que transmitió a la sociedad la idea de que vivimos en un espacio concreto, al que llamó “Nave Espacial Tierra”, con potencial limitado de recursos, que se está deteriorando.

La contaminación ambiental es conocida en economía como una externalidad negativa, situación que se da cuando se toman decisiones sin tener en cuenta los costes indirectos que recaen sobre otros agentes, por ejemplo, las victimas de la contaminación. En estos casos los costes totales son superiores a los privados de los agentes decisores.

El crecimiento económico lleva generalmente al agotamiento o la contaminación de los recursos ambientales, tales como el aire, el agua y la tierra. Fue a mediados del siglo XX cuando sonó la alarma: el aire sucio envenena y el agua contaminada mata animales, destroza plantas y enferma personas.

Los científicos vienen a confirmar que, antes de la Primera Revolución Industrial, hacía finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, el cambio climático podía atribuirse a las variaciones naturales en la actividad volcánica, la radiación solar y las concentraciones de gases.

En épocas recientes, el cambio climático, que supone una alteración en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un período prolongado de tiempo, se debe en gran medida a la actividad humana.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y ozono) provienen ahora principalmente del uso de combustibles fósiles para la producción de electricidad, el transporte y las actividades industriales. Los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo) se han formado a partir de la acumulación de grandes cantidades de restos orgánicos provenientes de plantas y animales.

A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor retención del calor del sol, con lo que se llega al calentamiento global, provocando el cambio climático, que constituye quizás la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad.



El gráfico señala los cambios que se han producido a lo largo de los años respecto a la temperatura media, como consecuencia de los gases de efecto invernadero. Vemos la trayectoria global ascendente, sobre todo a partir de 1976. En 2015 llegó a 1 grado centígrado por encima de la media del conjunto de años.

Una treintena de grandes empresas españolas, entre las que se encuentran once del IBEX 35, han firmado un manifiesto en el que piden a los poderes públicos un acuerdo que facilite la aprobación de una “ley de cambio climático y transición energética estable, ambiciosa y eficaz”

No se trata unicamente de sensibilidad medioambiental, sino de la necesidad de planificar inversiones con muchos años de antelación. Es preciso conocer la hoja de ruta para el futuro, sobre todo en el sector energético, que es responsable del 80% de los gases de efecto invernadero en España. En 2016, el 85% de la energía usada en el país provenía de combustibles fósiles o energía nuclear.

Un marco regulatorio adecuado incentivaría la inversión privada a medio y largo plazo, acelerando el proceso de descarbonización, con paquetes de medidas para energías renovables (eólica y solar). Se conoce que los países del entorno evolucionan hacia una economía baja en carbono. Están ya inmersas en una revolución que va a generar enormes oportunidades.

Aunque hasta ahora ha sido rentable consumir recursos y echar los residuos al medio ambiente, al calor de los debates actuales cabría esperar iniciativas rentables para que la industrialización no afectara el medio natural. Sin embargo, hay que recordar que estamos ante una pugna desigual, porque la economía contaminadora, liderada por el presidente norteamericano, es mucho más poderosa que la que tiene orientación ecológica.

Si se quiere un planeta en el que apenas se emita dióxido de carbono, la OCDE estima que las inversiones en infraestructuras verdes deberían llegar al 2% del PIB mundial al año hasta el 2030. Junto con las regulaciones y la gestión política, la economía puede ser una fuerza poderosa en la transición energética hacia las energías limpias.

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

La explicación del comercio entre los países se suele basar en las diferencias de dotación de recursos entre territorios. Se apoya en las ventajas comparativas que se obtienen de la abundancia relativa de los factores utilizados en la producción, así como en la tecnología disponible.

El modelo de Hecksher-Ohlin, formulado en las primeras décadas del siglo pasado por economistas suecos, señala que los países con abundancia de capital productivo serán productores y exportadores de bienes intensivos en capital e importarán bienes de países intensivos en trabajo. 

Frente a este comercio, llamado "interindustrial”, en las últimas décadas va ganando importancia el denominado “comercio intraindustrial” o bidireccional, que se fundamenta en la teoría de la competencia monopolística (competencia imperfecta). Aunque dos países tengan la misma dotación de factores, cada uno puede producir el mismo o muy similar bien, pero buscando siempre la diferenciación, ya sea en calidad o en precio, a fin de incrementar su producción y obtener economías de escala, objetivo principal de este tipo de comercio.

Mientras que el comercio interindustrial se basa en productos terminados y refleja la ventaja comparativa, el intraindustrial es más bien el producto de la fragmentación de los procesos productivos en submódulos que se realizan en diferentes lugares del mundo con una integración del producto final en un solo sitio.

El comercio bidereccional supone un proceso de intercambio de productos equivalentes, un comercio en doble sentido dentro de una misma rama industrial. La diferenciación de productos hace posible que se importen y exporten bienes o servicios similares.

En el siguiente gráfico se presenta el grado de interrelación entre importaciones y exportaciones en los países de la OCDE, que evidencia el incremento del comercio intraindustrial en los países desarrollados:


Observamos que España se sitúa en una posición intermedia y que su nivel de contenido extranjero en las exportaciones va en aumento en los últimos años (20% al 28%)

Se constata que van adquiriendo importancia creciente los flujos comerciales de productos semejantes entre los países industrializados, especialmente dentro de la Unión Europea. El comercio intraindustrial no tiene importancia en los intercambios entre los países menos desarrollados y los desarrollados, aunque se aprecian ciertos flujos comerciales entre algunos países emergentes y los desarrollados. En conjunto, se estima que hasta una cuarta parte del comercio mundial puede atribuirse al comercio intraindustrial.

La mayor importancia del comercio intraindustrial se da en los sectores más avanzados tecnológicamente, como el de maquinaria, la industria farmacéutica, la química, el equipamiento de telecomunicaciones y el automóvil.

Un ejemplo paradigmático de comercio bidireccional lo constituye el intercambio de automóviles dentro de la Unión Europea. España importa vehículos de Francia, Italia, Alemania y otros países. Al mismo tiempo, fabrica y exporta automóviles a esos mismos países. Todos ellos producen un mismo bien, pero los modelos se diferencian en calidad o precio. Se dice que son productos sustitutivos, pero no plenamente, porque es evidente que el consumidor es capaz de diferenciarlos.

Esta modalidad de intercambio busca incrementar la eficiencia productiva, al desagregar los productos en complejas cadenas de valor internacionales, favoreciendo también a los consumidores al ampliar la oferta disponible, mostrar una variada calidad de productos y un mayor rango de precios.

EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LOS HOGARES

De los tres componentes de la demanda interna de un país (hogares, empresas y sector público), que dinamizan las actividades económicas, el sector institucional más importante es sin duda alguna el compuesto por las familias, dado que viene a representar en torno al 58% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Junto al consumo, el ahorro y la inversión conforman el quehacer financiero de las familias. El ahorro, diferencia entre los ingresos o renta disponible y el consumo, permite a los hogares atender gastos en el futuro y las inversiones mejoran sus condiciones de vida.


Como podemos observar en el gráfico, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de las familias se situó en un 5,7% de la renta disponible el pasado año, 2 puntos porcentuales menos que en 2016, y la más baja desde 2007.

A pesar de que el conjunto de los hogares aumentó su renta disponible en el 2% el año 2017, la tasa de ahorro se redujo por el incremento del gasto en consumo en un 4,2%. Esta subida del consumo, junto a las exportaciones, han sido los motivos de que el PIB ascendiese en 2017 hasta el 3,1%.

El ahorro generado fue insuficiente para financiar el flujo de inversión de las familias, que aumentó un 18,5% en el año. Por lo tanto, el sector hogares tuvo necesidad de financiación, que ascendió a 3.063 millones de euros en 2017.

Las familias españolas, que tenían en 2008 una deuda en torno a 908.000 millones de euros, han ido reduciéndola a lo largo de los pasados años, aunque a un ritmo descendente, hasta quedar el endeudamiento en 704.000 millones. Esta deuda supone un 63% del PIB, muy cercana a la media europea.

Después de varios años con capacidad de financiación, dedicada en parte a devolver préstamos, las familias están incrementado de nuevo el endeudamiento, sobre todo en préstamos para consumo, que han crecido un 15%.

Existe preocupación por la excesiva deuda concentrada en familias con rentas bajas. Con préstamos contratados a tipo de interés variable, la esperada subida de los tipos puede convertir en muy pesada la carga financiera.

TRABAJADORES POBRES

Aunque en la fase de crecimiento económico en que se encuentra España está habiendo incremento de empleo de modo continuo, los indicadores sociales señalan que la mejora económica no ha llegado a muchos ámbitos. La precariedad laboral aún se va elevando, el paro de larga duración permanece en niveles altos y aumenta entre los trabajadores ocupados la situación de riesgo de pobreza. 

Vemos en el gráfico, en linea azul (datos a la izquierda) el crecimiento de la tasa de empleo (ocupados/población 16-64 años, %) a partir de 2013 y la evolución ascendente de la tasa de riesgo de pobreza entre los que trabajan (línea roja, datos a la derecha)

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a 35 países industrializados, con la misión de promover políticas para la mejora del bienestar económico, en 2015 el 14,8% de los hogares españoles con uno de sus miembros trabajando vivía bajo el umbral de la pobreza, cuando la media del conjunto de la OCDE era del 8%. Puede que la situación de estos colectivos haya mejorado en los últimos 2 años, pero casi el doble de riesgo de pobreza que la media es ya un dato significativo de la situación social.

El organismo internacional destaca también que la desigualdad, calculada a través del Indice de Gini (entre 0 y 1, aumentando la desigualdad), era en España de 0,34, superior a la media del conjunto de los países (0,31). En esta misma línea se expresa un estudio realizado con la coloración de Caritas y Cruz Roja, señalando que “en España hay casi 4 millones de personas que viven entre la precariedad, la pobreza laboral y el desempleo”

Algunos analistas señalan que la economía no esta trayendo progreso para todos debido a que  ha dejado de funcionar el espíritu de la postguerra mundial, según el cual los que progresaban económicamente se sentían en el deber de apoyar a los que les iba peor, pagando impuestos para hacer posible el Estado de Bienestar.

Se constata que desde los años 80 ha aumentado la desigualdad en la distribución de la renta entre los salarios de los trabajadores y los sueldos de los directivos de grandes empresas y los beneficios de los accionistas. Se considera que La Administración Pública también tiene mucho que mejorar en su función redistribuidora de la renta.

La crisis financiera reciente ha traído una reconversión del mercado laboral, caracterizada por el aumento del empleo de mala calidad y la precarización, que ha incrementado el colectivo de trabajadores pobres, una población ocupada que vive por debajo del umbral de la pobreza. Está compuesta por los jóvenes anclados en la precariedad; las personas mayores de 45 años que han perdido su trabajo a raíz de la crisis; las mujeres, que sufren el proceso de feminización de la pobreza, y los autónomos, más o menos forzados.

La mera existencia de un porcentaje significativo de trabajadores pobres viene a ser un síntoma de mal funcionamiento de una organización social, porque al trabajo se le suelen asignar las funciones de otorgar a las personas bienestar, seguridad y dignidad. Por ello, además del desempleo, resulta preocupante la mala calidad del empleo generado.

NUEVA PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA

Un documento publicado por el “Banco de Pagos Internacionales”, una organización con 60 bancos centrales de todo el mundo como miembros, apunta que estamos ante un cambio en las tendencias demográficas, que se orienta hacia un incremento rápido de la tasa de dependencia económica, una variable clave para el crecimiento económico a largo plazo de los países.

Esta tasa de dependencia se puede calcular de modo global o con respecto a los dos tramos de población teóricamente dependiente (<16 y >64 años). La tasa global se define como la proporción de dependientes, personas menores de 16 años o mayores de 64, sobre la población en edad de trabajar, que tienen entre 16 y 64 años. Este tipo de cálculo, que se utiliza en las estadísticas internacionales, supone una simplificación, puesto que una parte de las personas en edad laboral no forman parte de la población activa al no estar incorporadas al mercado de trabajo. Se consideran activas únicamente a las que trabajan percibiendo una remuneración o están buscando empleo.

El incremento del número de personas mayores crecerá rápidamente, lo cual hará reducir la población en edad de trabajar y, al necesitar las personas con edad avanzada mayores cuidados, intensivos en mano de obra, como la atención personal en el caso de la demencia, dará lugar a la escasez de fuerza laboral. Desde el punto de vista económico, una elevada tasa de dependencia condiciona los gastos públicos de los países en pensiones y en sanidad.

El siguiente gráfico representa la evolución de la tasa de dependencia económica global, en %, en España:

Con el descenso en número de los menores de edad, debido a la reducción de la natalidad, la dependencia global fue reduciéndose desde 1975, año en el que se situaba en torno al 65%, hasta el período 2005-2008, con cerca del 47%. Como observamos en el gráfico, a partir de 2008, bajo la influencia decisiva del colectivo de mayores de 64 años, la tasa ha ido incrementándose. En 2018 alcanzó un un 55,7%, es decir, que hay una persona dependiente por cada 1,79 ocupados. Se prevé que el ratio continúe ascendiendo hasta un 59,2% dentro de 5 años (1 dependiente por 1,69 trabajando)

La creciente esperanza de vida es sin duda una buena noticia, pero el gasto público asociado al envejecimiento se convierte en la mayor carga presupuestaria de la Administración Pública: pensiones, atención sanitaria y cuidados de las personas dependientes. Según el Banco de España, el gasto conjunto de las tres partidas puede pasar del 19% al 21% del PIB en las próximas tres décadas..

Con la revalorización de las pensiones el 0,25% anual y la entrada en vigor de factor de sostenibilidad en 2019, que vincula las pensiones nuevas que entren en el sistema a la esperanza de vida, el Gobierno ya había echado sobre la espalda de los pensionistas el ajuste del presupuesto en envejecimiento.

Pero la respuesta multitudinaria en las calles de muchas ciudades españolas esta obligando al Estado a modificar las perspectivas y empezar a admitir que para afrontar de verdad el reto de las pensiones será necesario avanzar hacia los modelos europeos y proveer a la Hacienda Pública de mayores ingresos.

LA DEUDA, ARMA DE DOBLE FILO

Uno de los impulsores del progreso económico ha sido la emisión de títulos de deuda o medios de intercambio, y el más importante de todos, el dinero, una riqueza abstracta que se hace realidad con el tiempo.

El artificio de la deuda ha permitido el aprovechamiento de oportunidades para la mejora económica. No se puede afirmar que la deuda sea siempre negativa, pero sí es acertado considerarla como un arma de doble filo. Si se utiliza sin prudencia deja de crear bienestar generalizado y se convierte en un vehículo de dependencia.

Cierta proporción del crecimiento de la deuda pública a partir de la crisis financiera reciente ha sido debida a que una parte de la deuda privada (hogares y empresas), sobre todo la bancaria, fue absorbida por el sector público. A pesar de ello, al final de 2017, en España, la deuda privada era del 137,3% del PIB, en tanto que la pública fue del 98,1%.

En el siguiente gráfico recogemos la evolución de la deuda privada respecto al PIB (en columnas,escala izquierda) y de la deuda pública, también en % del PIB (en línea, escala derecha), esta última según el Protocolo de Déficit Excesivo:


El endeudamiento privado crece de modo acelerado hasta la llegada de la crisis financiera y va reduciéndose, tanto por el esfuerzo de devolución de los préstamos como por la elevación de las exigencias bancarias para acceder a nuevos créditos. El comportamiento de la deuda pública ha sido muy distinto de la privada, puesto que ha pasado del 35% del PIB en 2007 al 98% en 2016.

Podemos considerar como deudores a los tres grandes sectores institucionales: familias, sociedades no financieras y el conjunto de las administraciones públicas. La contrapartida al endeudamiento, el acreedor, es el sistema financiero, compuesto por las entidades bancarias y las instituciones financieras no monetarias.

Estas últimas, en su mayor parte fondos de inversión y fondos de titulación, han tenido una participación activa como canalizadores hacia el exterior. Un volumen de fondos importante que gestiona el sistema financiero español tiene como acreedores a prestamistas del resto del mundo.

El colapso de las burbujas financiera e inmobiliaria provocó en España una drástica caída de los impuestos que estaban basados en la vivienda, que unido al rescate bancario, incrementó la deuda pública hasta cerca del 100% del PIB al final del año pasado.

La política de ajustes diseñada por la Comisión Europea, pensada para reducir el déficit público y la deuda, provocó un aumento del endeudamiento, debido a que los recortes en el gasto público generaron una nueva recesión (2011-2013), con la consiguiente reducción de los ingresos.

Aunque en medio oficiales se espera que para 2020 descienda la deuda pública al 60% del PIB, nivel de endeudamiento que, según las normativas europeas, no debe sobrepasarse, España va a tardar mucho más tiempo en controlar su deuda pública. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apunta que habrá que esperar hasta 2035.

Si la deuda pública no empieza a descender, España puede encontrarse en una situación muy vulnerable en los próximos años, dado que los tipos de interés pueden ir creciendo y, por tanto, en aumento la carga del servicio de la deuda.