LA ESFERA FINANCIERA

A partir de la década de 1970, en el sistema económico se observa un gran desplazamiento hacia la “financiarización”. Mientras que las actividades productivas avanzan con dificultades en los países desarrollados, las financieras van inflándose.

Importantes empresas industriales, tales como automovilísticas o del petróleo, han tendido a independizarse de los bancos, al contar con recursos para financiar sus propias inversiones.

Al mismo tiempo, algunos bancos orientan su negocio más hacia las transacciones en los mercados financieros y préstamos a los hogares, que a prestar dinero y servicios financieros a actividades productivas.

Puede constatarse que también las familias están viéndose afectadas. Tienen mayor relación con las entidades financieras por el incremento de actividades que les conciernen: préstamos, ahorros, pensiones y seguros.

La esfera financiera se desenvuelve muchas veces casi desconectada de la producción, en tanto que el flujo económico esta referido, en última instancia, a una economía real, que es la única capaz de generar valor para poder materializar los activos financieros. Los derechos sobre ese valor se expresan en forma de títulos que se compran y se venden. Surgen así nuevos beneficios que sólo son aparentes, porque tales anotaciones contables carecen de respaldo real, dando lugar al denominado por algunos “capital ficticio”.

El capital real o capital productivo coincide con los activos fijos que maneja la empresa y su valor depende del coste de reposición de esos bienes físicos. Varía con el volumen de los mismos y con la alteración de su valor unitario.

En un primer momento, las acciones que emite la empresa tienen un valor equivalente al capital real, pero se contagian de capital ficticio al ser influidos por las ganancias empresariales esperadas en el entorno mercantil. El carácter ficticio se evidencia en los altibajos bursátiles, cuando las acciones y las obligaciones cambian de valor notablemente sin que se altere la riqueza efectiva.

Se constata que el capital financiero va incrementándose con mayor velocidad que el capital real, debido al desarrollo alcanzado por las grandes sociedades anónimas, a los altos ingresos de los oligopolios y al aumento de la deuda pública, con lo que prosigue la concentración de la riqueza en la oligarquía financiera.



Un buen indicador de la importancia del capital financiero, cada vez más transnacional, lo tenemos en el gráfico, donde se recoge la evolución de este tipo de capital, gestionado por las grandes empresas, con filiales en países diferentes al originario (casa matriz).

El capital transnacional aumentó en los primeros doce años de este siglo en un 105%, en dólares constantes, en tanto que el PIB mundial se quedó en un incremento del 40%, es decir, que el capital financiero aumentó 2,6 veces el incremento del producto real mundial.

Las empresas transnacionales se van desligando cada vez más de vínculos territoriales y se mueven al ritmo de las expectativas de beneficio en cualquier parte del mundo, ejerciendo notable influencia en el escenario político y económico mundial, en connivencia con los paraísos fiscales.

Como dejó escrito el economista norteamericano Paul M. Sweezy, “La esfera financiera tiene la capacidad potencial de convertirse en un subsistema autónomo integral y posee una enorme capacidad de autoexpansión”.

Surgen constantemente activos financieros, que no constituyen riqueza, y se utilizan para redistribuir el valor entre las clases sociales y los individuos que las forman. La financiarización de la actividad económica provoca una redistribución de las rentas que perjudica al trabajo y beneficia al capital, en particular a la esfera financiera.

EL TAMAÑO DEL ESTADO

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene la misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en España, considera consumo público al gasto de consumo final realizado por las Administraciones Públicas en los bienes y servicios que ofrecen a los hogares o a la comunidad para atender directamente sus necesidades.

Aunque en el momento de la entrega de estos bienes y servicios el hogar o la colectividad no paga por ellos, de manera indirecta sí son los ciudadanos los que están financiándolos vía impuestos u otros pagos.

En consecuencia, el gasto público total incluye los consumos, pero tiene más componentes. Así, por ejemplo, los servicios de educación, sanidad, protección social son considerados consumos, puesto que el Estado actúa como proveedor de servicios a la población, pero los pagos de pensiones y las prestaciones por desempleo no son consumos, sino estrictamente gastos públicos, dado que no tienen contrapartidas. En este caso, el Estado únicamente redistribuye la renta generada en el país.

En España, las Comunidades Autónomas gestionan el 60% del presupuesto de los servicios que se prestan a los ciudadanos y un 20% queda a cargo de los Ayuntamientos, dejando a la Administración central del Estado únicamente el 18%.

Como el objetivo del Gobierno es que en los próximos años los ingresos permanezcan en el entorno del 39% del PIB, también el gasto se situará en esa cifra, puesto que se pretende eliminar el déficit público, con lo cual quedará muy lejos del 48,1% del 2012, un año marcado por el rescate bancario y el alto nivel del desempleo.

La estrategia gubernamental parece que se centra en ir incrementando los gastos, pero siempre menos que el crecimiento del PIB, con lo cual irá disminuyendo el nivel del Estado de bienestar respecto al producto total del país, aunque se es consciente de que el envejecimiento de la población va a requerir mayores recursos para las pensiones en los próximos años.

A continuación tenemos los datos de gasto público en Europa, recogidos de “El País”:

Observamos que Francia y los países nórdicos europeos se sitúan en cabeza de la lista, en tanto que España, con un 42,2% de gasto, tiene un desfase de 5,4 puntos porcentuales con respecto a la media de la Zona euro.

El Programa de Estabilidad (2017-2020) señala que los ingresos públicos deben pasar del 37,9% del PIB en 2016 al 38,7% en 2020, cuando el promedio de la Eurozona es del 46,1%. Por su parte, el gasto tiene que disminuir del 42,2% del PIB en 2016 al 39,2% al final del período, en tanto que el promedio de la Eurozona se encuentra en 47,2%.

Estas previsiones de descensos del gasto público marcan una tendencia clara hacia un Estado de Bienestar mas reducido que en la Unión Europea. Pero un Estado más pequeño requiere un sector privado con mayor participación en educación y en sanidad, por lo que no van a faltar debates sobre la dimensión del Estado de Bienestar, los servicios que debe proveer y su financiación.

LA CRISIS BANCARIA

Con la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers (septiembre de 2008), que provocó prácticamente el cierre de los mercados financieros, afloró en España la denominada “crisis bancaria”, afectando muy negativamente a los bancos y cajas de ahorro, porque habían incurrido en un elevado endeudamiento con los bancos internacionales, al haber incrementado sus negocios en el sector inmobiliario.

Las entidades financieras habían concentrado su actividad de manera poco responsable, concediendo créditos para la compra de terrenos e inmuebles, sin las garantías necesarias, a promotores guiados por un impulso puramente especulativo. Estas actividades imprudentes dieron a la banca el montante de beneficios probablemente más elevado de su historia.

El final de la burbuja inmobiliaria, con el consiguiente descenso de precios, supuso para muchas entidades la caída en insolvencia, lo que provocó la paralización del crédito y la necesidad de ayudas públicas con cargo a los contribuyentes, tras haber incurrido en malas prácticas, como la colocación de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y otros productos de riesgo entre muchos ciudadanos alejados del mundo financiero.

En el documento “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España” aparece el siguiente cuadro resumen de las ayudas netas concedidas por el Fondo de Reconstrucción Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de los Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC):


Como se señala en el cuadro, la estimación de los recursos destinados al apoyo del sistema financiero, en términos de fondos aportados por el FROB y por la propia banca a través del FGDEC, alcanzó la cifra neta de 62.754 millones de euros (5,6 % del PIB) a finales de 2016, correspondiendo 41.150 millones al FROB y 21.604 millones al FGDEC. El coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni los tenedores de preferentes y deuda subordinada.

La razón del elevado coste es que la mayor parte de las deudas públicas se han perdido definitivamente, en tanto que en otros países europeos la recuperación fue mucho mayor. Así, Gran Bretaña otorgó ayudas por 100.000 millones, pero sólo ha perdido definitivamente el 14%.

Falta conocer si SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (el banco malo), va ser capaz de devolver el capital y los avales pendientes. Resta también saber cuánto será el coste final de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) por los avales otorgados por el FROB a los bancos que compraron cajas o bancos quebrados para cubrir posibles pérdidas de créditos de las entidades adquiridas.

No cabe duda que los costes de la crisis bancaria influyeron en los recortes de recursos para gastos sociales en el período recesivo en las áreas de educación, sanidad y protección social.

Los bancos españoles deberían tomar buena nota de lo exigido por la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en ingles MiFID. Este ente, que introdujo un mercado único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros en la Unión Europea, exige que las entidades financieras actúen “con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en interés de sus clientes”.

LA ILUSION MONETARIA

Se dice que una persona o una empresa se guía por la ilusión monetaria cuando toma en consideración una variable nominal dejando a un lado la variable real correspondiente. Supone, por ejemplo, afirmar que mejora el bienestar de una familia cuando suben sus ingresos el 2%, sin tener en cuenta que los precios de los productos y servicios que se van a adquirir se incrementan un 3%. La realidad es que se acaba con un empobrecimiento real del 1%.

La ilusión monetaria está relacionada con la inflación, que se define como un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país. Con la inflación, el dinero pierde valor o capacidad adquisitiva.

Podemos observar en el siguiente gráfico el Índice de Precios al Consumo general (IPC) español, que ascendió durante el año pasado un 1,1% (anual dic-dic.) y un incremento medio del año de 1,97%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos energéticos ni los alimentos sin elaborar, fue del 0,8% (dic-dic) y el aumento medio del año de 1,06%.

Cientos de miles de pensionistas españoles se han manifestado en las calles, demostrando que no quieren caer en el engaño de la ilusión monetaria, y protestan por el aumento del 0,25% en las pensiones, exigiendo actualizarlas con el IPC, índice cuyo último dato (marzo de 2018) señalaba un aumento interanual del 1,2%.

La ilusión monetaria es una expresión que popularizó el gran economista inglés J.M.Keynes. Cuando una persona cree que el valor nominal de sus ingresos es mayor que el valor real, piensa que ha mejorado su renta y tiende a aumentar el consumo. Al final, al encontrarse con precios superiores, no podrá cumplir su deseo y tendrá que renunciar a la compra o aplazar el pago.

En los períodos con inflación, la sociedad tiene la sensación de que va mejorando la situación económica, puesto que aumentan los ingresos nominales. Esta sensación suele ser en parte ilusoria, fruto de una error de estimación, al no tener en cuenta la evolución ascendente de los pecios.

El reconocimiento de la ilusión monetaria tiene una larga tradición. Las transacciones económicas se representan habitualmente en términos nominales, en lugar de utilizar datos reales, sin dar importancia a la disparidad entre ambos.

En los períodos con alta inflación es cuando los agentes económicos son más consciente de la disparidad entre valores reales y nominales, aunque los investigadores han demostrado que existen residuos de ilusión monetaria aún en ambientes de baja inflación.

Al final, en la evaluación de las transacciones se mezclan valoraciones nominales y reales, pero generalmente con predominio del ingrediente nominal.

BITCOIN Y CADENA DE BLOQUES

La Cadena de Bloques (Blockchain), que nació hacia el 2008, es un registro como un libro mayor contable de acontecimientos digitales, que es compartido por mucha gente. En esta tecnología se basa el dinero digital Bitcoin, permitiéndole recoger con detalle todas las transacciones que se han hecho en la criptomoneda durante su historia.

Blockchain consigue que una información esté en miles de ordenadores simultáneamente y que, cuando se debe cambiar algo, todos se sincronicen. Solo puede ser actualizado con el acuerdo de la mayoría de los “mineros” (gestores con ordenadores potentes).

Cuanto se anota en Blockchain no puede desaparecer, puesto que es un registro inmutable y permanente, una base de datos que solo permite introducir información. No se puede borrar nada, solo añadir y siempre bajo consenso de los mineros.

La transparencia es la novedad relevante de Blockchain, porque hasta ahora todas las actuaciones necesitan el respaldo de una autoridad en la que se confía. Así, por ejemplo, esperamos que el banco intermediario confirme la operación al ordenar una transferencia de dinero.

No hay ficheros que representen dinero en bitcoins. Solo un registro que lleva la contabilidad de todo el sistema, escrito de forma colaborativa por miles de miembros. Se utiliza el concepto de consenso distribuido, haciendo posible que puedan existir anotaciones permanentes de hechos ocurridos en el mundo digital.

La cadena de bloques recoge todas las transacciones, situadas en bloques, y los “mineros”, ordenadores que realizan propiamente las operaciones y vigilan el sistema, verifican y dan seguridad a la red. Cada bloque tiene un código alfanumérico para enlazar con el anterior, un conjunto de transacciones y otro código que conecta con el siguiente bloque.

Cada vez que un bloque se confirma, entrando en la cadena, se comunica a todos los nodos (ordenadores conectados), añadiéndose a la copia que cada uno almacena. Los cambios de propiedad de bitcoins se registran en la cadena de bloques.

Blockchain surgió como sistema de codificación de la información que está detrás de la moneda virtual y sostiene toda la estructura del bitcoin, pero se está viendo que la cadena de bloques tiene potencial para ser utilizada en muchas aplicaciones en áreas distintas. Como dice un experto, “Es una infraestructura que permite construir sobre internet, y crear otra capa sobre la que las personas van a poder intercambiar valor entre ellas".

Blockchain puede afectar a todos los sectores. Los bancos ya lo están asumiendo y cabe aplicarlo al sector de las energías, a las telecomunicaciones, a las cadenas de valor de logística y muchas más.

En el sector educativo, la prensa informa de que investigadores de la Universidad de Oxford han creado el primer centro del mundo basado en Blockchain, denominado Woolf University, que iniciará sus actividades a finales de este año. Cuenta con la importante ventaja de que va a reducir notablemente los costes administrativos utilizando procedimientos automatizados en base a los “contratos inteligentes” de la tecnología Blockchain, donde se establecen la normas y directrices que tendrán que seguir los ordenadores.

En esta plataforma online los ordenadores controlarán notas y títulos. Todos los movimientos académicos del alumno y del profesor se registrarán en tiempo real en los ordenadores. Siguiendo el modelo académico de la Universidad de Oxford, los alumnos elaborarán dos ensayos a la semana y tendrán una tutoría (presencial o por Skype) a la semana para revisar los trabajos.

CUENTAS NOCIONALES EN LAS PENSIONES

En el debate sobre las pensiones hay una corriente de opinión que plantea como alternativa al modelo vigente en España el denominado “sistema de cuentas nocionales”, también de reparto, que Suecia, Italia y otros países implantaron en la década de los 90

En el sistema nocional, cada trabajador va acumulando sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral en una especie de cuenta ficticia que, con el añadido del rendimiento del capital que se ha acumulado, constituye el denominado “capital nocional”.

En el momento de la jubilación, a la cantidad acumulada se le aplica un factor de conversión, que transforma ese montante en una renta vitalicia. El factor tiene en cuenta la media de los años que va a vivir el jubilado, según la estimación de la esperanza de vida en ese momento, y el porcentaje en el que se revalorizará su pensión.

El sistema nocional es de contribuciones definidas, en tanto que el modelo español para calcular la pensión lo es de prestaciones definidas. La pensión se establece actualmente como el resultado de combinar los años cotizados y las contribuciones a la Seguridad Social durante los últimos 25 años.

Las cuentas nocionales son teóricas o ficticias, mero artificio contable, puesto que las cotizaciones no son realmente invertidas, sino que siguen dedicándose a pagar las pensiones de los jubilados del momento, pero tienen la ventaja de que sirven para que el trabajador conozca continuamente la pensión que va a cobrar cuando se jubile. La contribución a la Seguridad Social se percibe así más como salario diferido que como impuesto

Una objeción al sistema nocional suele ser que podría introducir una notable reducción en la tasa de sustitución (pensión media/salario medio), aunque lo cierto es que la propia sostenibilidad financiera va a imponer restricciones en cualquier sistema público contributivo de pensiones, dado que la tasa media de sustitución que se puede establecer, sin recurrir a otras fuentes de ingresos, viene determinada por el producto del tipo efectivo de las cotizaciones sociales y el cociente entre la población ocupada y la jubilada.

Como se estima que el valor de ese cociente (población ocupada / población jubilada) se puede reducir a la mitad en las próximas dos décadas, la única manera de evitar una caída de la tasa de sustitución de las pensiones contributivas sería aumentar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales.

Pero un incremento notable de las cotizacione puede llegar a reducir el nivel de empleo y, por tanto, la recaudación de la Seguridad Social. Además, elevar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales supondría de hecho una transferencia de renta desde las generaciones que están trabajando a la población jubilada

Hasta ahora la preocupación del sistema público contributivo de pensiones, con prestación definida, ha sido sustituir la remuneración que se deja de percibir después de la jubilación, garantizando una determinada tasa de sustitución del salario final. Para ello, a la hora de determinar la pensión, se ha dado mayor peso a las cotizaciones realizadas hacia el final de la vida laboral.

En cambio, el sistema de contribución definida tiene por objetivo proporcionar un seguro contra la longevidad, es decir, un flujo de renta durante la jubilación. Por ello, se utilizan criterios actuariales para el cálculo de rentas vitalicias a cubrir por el sistema de pensiones y convierten el capital acumulado por cotizaciones durante la vida laboral, incluida la rentabilidad que se ha establecido, en anualidades.

El modelo nocional tiene el inconveniente de que, al cobrar cada jubilado en función de lo aportado, penaliza a los que no han tenido una vida laboral muy activa, con lo que se tendrá que recurrir al sistema de pensiones mínimas a cargo del presupuesto público. La ventaja que se apunta es que el sistema nocional permitiría otorgar derechos de pensión a colectivos fuera del ámbito laboral en estos momentos, como los cuidadores de hijos o de personas dependientes.

Con este sistema se introduce una ficción capitalizada y no parece que puede generar redistribución alguna. Se esfuerza en fijar el porcentaje de gasto público dedicado a pensiones y deja que la cuestión social sea atendida por la pensión mínima, con la incógnita de si su cuantía será suficiente para responder a la demanda social en aumento, expresada en las calles con el lema “vivir con dignidad”.

CONVERGENCIA ECONÓMICA

Según el Tratado de Maastricht, uno de los documentos fundacionales de la Unión Europea, firmado en la ciudad holandesa del mismo nombre el 7 de febrero de 1992, la convergencia económica se midió, entre otros factores, por la estabilidad de precios, con la inflación calculada a través del Indice de Precios de Consumo, y la posición financiera sostenible de las finanzas públicas, sin caer en un “déficit público excesivo” (mayor del 3%) ni en una deuda pública sobre el PIB superior al 60%

El cumplimiento de tales criterios se llamó convergencia nominal y se decía que significaría equilibrar la economía de los países, para llevar a cabo un proceso de crecimiento económico sostenible. Pero ya había entonces quienes advertían que esos criterios restrictivos y las diferencias de inflación podían conducir a políticas económicas que llevarían a situaciones de desempleo y caída de rentas. Añadían que, en lugar de la convergencia nominal, se debería buscar la convergencia real de los ciudadanos europeos en los niveles de renta, empleo y bienestar.

Observamos en el gráfico de Penn World las diferencias en renta por habitante, en igualdad de poder adquisitivo, entre España y Alemania, como representativas del proceso de convergencia. En los años iniciales de la Unión Monetaria se mantuvo la brecha de rentas, que llegó a reducirse con la crisis financiera, para ampliarse en el último quinquenio.

La experiencia de la integración española en la Unión Europea había sido positiva, puesto que la renta por habitante se había aproximado a la media europea a partir de 1986, quizás debido a los cuantiosos fondos estructurales y de cohesión con destino a los países con menor renta per cápita. La duda que surgió al entrar en el euro fue si la construcción de la unidad monetaria iba a seguir impulsando la convergencia real.

Aunque se argumentaba que la eliminación de los riesgos de cambio iba a provocar una especie de reajuste económico, facilitando las reformas que acabarían mejorando el desempeño económico relativo de los países más retrasados, el “Informe de convergencia” del Banco Central Europeo viene a concluir que “no se ha producido un proceso de convergencia real entre los 12 países que primero adoptaron el euro”.

Los técnicos del banco europeo rechazan que haya sido la introducción del euro la causante de estas "deficiencias de convergencia" que, advierten, proceden de años o incluso décadas atrás y responden a condiciones de naturaleza estructural de las diferentes economías. Es probable que entre las causas de la no convergencia estén un bajo crecimiento de la productividad, una gestión institucional débil y un uso deficiente de la inversión, además de la rigidez de la moneda única.

Pero lo cierto es que el euro ha dado a Alemania y otros países centrales una moneda más débil que la que tenían sus propias monedas nacionales (marco alemán y florín holandés), un fenómeno que, en términos comerciales, les ha propiciado una mayor competitividad. En cambio, a los países periféricos el euro ha traído una moneda más fuerte que la utilizada, con la consiguiente dificultad para ser competitivos, al quedar bloqueado el mecanismo de la devaluación monetaria.

Aunque la crisis financiera reciente ha influido de modo distinto en cada país, y con ello puede haber obstaculizado también la convergencia, algunos economistas apuntan que en el fondo se debe a que los países avanzados no han aportado suficientes recursos públicos a los presupuestos europeos para favorecer el crecimiento de las economías atrasadas. Puede que haya sido la falta de solidaridad o de cohesión en la Eurozona la que ha impedido el avance de la convergencia real entre los países