REGULACIÓN BANCARIA

Los medios de comunicación resaltan en titulares que el Banco de Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, tras determinarse su inviabilidad debido seguramente a la entrada tardía en el negocio de la construcción y al alto porcentaje de créditos fallidos. Ello supone el final del culebrón en torno al banco que llegó a ser considerado en un tiempo como el más rentable de Europa, ahora en quiebra. La resolución implica que los 305.000 accionistas (incluido el 75% de la plantilla) y los titulares de convertibles y deuda subordinada, por valor de 2.000 millones, pierden todo su dinero (bail-in o rescate interno).

La situación del Popular era crítica. Desde el Banco Central Europeo (BCE) se concluyó que estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez en los últimos días, a raíz de una fuga de depósitos continuada y una falta de claridad en sus planes de futuro. Se le realizaron pruebas de estrés y arrojaba pérdidas de hasta 8.200 millones en el peor escenario. Al final, la cuantiosa fuga de depósitos y la negativa del supervisor a facilitar los fondos que se necesitaban para abrir las oficinas han ocasionado que en una noche una entidad con cerca de 12.000 empleados y 1.739 oficinas haya pasado a manos de un competidor.

Tras la intervención de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha gestionado su venta al Santander, bajo la autorización del Mecanismo Único de Resolución, la agencia europea dependiente del BCE, que al comienzo de 2016 se convirtió en la máxima autoridad para la drástica reestructuración de entidades financieras en dificultades.

En el siguiente gráfico tenemos los porcentajes de créditos dudosos de las entidades financieras sobre el total de préstamos, a diciembre de 2016, en varios países europeos

En el Banco Popular, el volumen de créditos irrecuperables, consecuencia de la crisis inmobiliaria, parece que era mayor del esperado, lo que provocó la desconfianza de los accionistas y de los depositantes de fondos.

Esta quiebra bancaria, cuando ha pasado una década desde que se desencadenó la crisis de las hipotecas basura, da la impresión de que sigue sin aplicarse la regulación exigente que se anunció para evitar descalabros.

A nivel mundial, ya en 1974, los bancos centrales de once países industrializados formaron el Comité de Basilea, con la misión de conseguir una mejor coordinación en la vigilancia sobre el sistema bancario internacional. El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en la ciudad suiza citada y ejerce de banco central de los bancos centrales nacionales.

Tras la crisis de 2007, se produjo un gran debate en torno a la reforma de los sistemas financieros. El Comité de Basilea propuso un conjunto de normas sobre el capital y unas garantías más estrictas para los bancos internacionales pero, una vez más, se ha evidenciado que resulta difícil diseñar medidas normativas que no puedan ser burladas por los innovadores financieros.

Las nuevas medidas obligan a los bancos a financiarse con más capital y han avanzado en el control de los productos financieros de alto riesgo, pero no se ha llegado a concluir la regulación por las diferencias de criterio entre EE.UU y Europa en la financiación inmobiliaria.

La Camara de Representantes norteamericana adoptó el pasado jueves una iniciativa legislativa de los republicanos que contempla recortes en el paquete reglamentario aprobado tras la crisis financiera. Entre otros cambios, se propone eliminar las pruebas de resistencia a las que la Reserva Federal somete cada año a los grandes bancos para determinar si tienen los colchones de liquidez necesarios para soportar situaciones de estrés.

Contempla también cerrar la oficina de protección al consumidor, que se creó para prevenir los abusos financieros de las hipotecas tóxicas, el tipo de producto que hizo quebrar a grandes entidades como Lehman Brothers.

Aunque estas políticas republicanas puede que no cuenten con el apoyo suficiente para que salgan adelante en la redacción actual, no cabe duda que suponen un refrendo político para la promesa de desregulación del presidente Donald Trump.

El riesgo para los depositantes viene de que los bancos utilizan también fondos de sus clientes para conceder préstamos y comprar otros activos. Cuando algunos clientes no pueden devolver sus préstamos o los activos pierden valor, como es el caso del Banco Popular, las entidades son incapaces de cumplir con sus obligaciones, incluyendo la devolución de los depósitos.

Algunos analistas apuntan que vendría bien una reformulación de los test de estrés que se realizan a las entidades financieras o la utilización de otro método que genere más confianza para conocer a fondo la situación de cada entidad.

PRODUCTIVIDAD Y NIVEL DE VIDA

El historiador británico Angus Maddison señalaba que en 1820 Mexico tenía un PIB por habitante mayor que Japón. Sin embargo, algunas décadas más tarde, Mexico se encontraba muy por debajo del país asiático, que había crecido a una tasa anual del 1,9%, en tanto que Mexico no lograba superar el 1,2% anual. La diferencia entre las dos tasas no parece importante, pero a largo plazo tiene notables consecuencias en el nivel de vida de los países.

Hay tres razones básicas por las que el trabajador puede aumentar la producción : disponer de más capital físico (maquinaria y equipamientos), contar con mayor nivel de preparación para realizar la tarea (potencial o capital humano) y aprovechar las ventajas que ofrece el progreso tecnológico.

El nivel de producción varía de unos países a otros no sólo porque acumulan cantidades diferentes de factores productivos, sino también por la eficiencia con que se utilizan y combinan para producir valiéndose del progreso en organización y tecnología, es decir, la productividad, llamada también “productividad total de los factores” (PTF).

En términos de crecimiento, la ecuación sería:

Tasa de crecimiento de la producción = tasa de crecimiento de la productividad + tasa de crecimiento de los factores productivos

Como la producción y los factores son mensurables, reordenamos la ecuación para hallar la productividad debida al progreso tecnológico:

Tasa de crecimiento de la productividad = tasa de crecimiento de la producción – tasa de crecimiento de los factores productivos

Significa que se puede medir la tasa de crecimiento de la productividad, como residuo, a partir de datos conocidos, restando a la tasa de crecimiento de la producción por trabajador las tasas de crecimiento del capital físico y del potencial humano. Es la llamada contabilidad del crecimiento.

Según estudios norteamericanos, en un período amplio, 1948-2008, se estima que la productividad del trabajo per capita creció a una tasa del 2,6% por año. El 46% fue debido al incremento del capital físico y el potencial humano por trabajador, y el restante 54% obedeció al aumento de la productividad (PTF), es decir, al progreso tecnológico.

En el caso de España, en el período 1993-2008, la PTF cayó un -0,6% anual, cuando en la Eurozona aumentó el 0,3%. Las causas podemos centrarlas en la especialización española en servicios intensivos en mano de obra (turismo y comercio), la burbuja de la construcción y la insuficiencia de la inversión en I+D+i.

Durante la reciente crisis, la productividad aparente del trabajo aumentó un 12% en España, frente al 3,6% en Alemania, pero destruyendo mucho empleo en actividades poco productivas. El aumento resulta engañoso porque no supone mejora alguna en los sistemas de producción. La auténtica productividad, la PTF, muy inferior en España respecto a la Eurozona, es la que sitúa el nivel actual de PIB por habitante en España en 24.000 euros, cuando en la Eurozona alcanza lo 31.600 euros.

Por tanto, no cabe duda que las diferencias en las tasas de crecimiento económico, que repercuten en los niveles de vida de los países, se deben fundamentalmente a los desiguales incrementos de productividad. Como escribió Krugman “La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida depende casi enteramente de su habilidad para elevar la producción por trabajador”

INDICADOR DE DESEMPLEO MÁS AMPLIO

EL Boletín Económico del Banco Central Europeo, en su número de marzo pasado, reconoce que, a pesar de la recuperación económica y el descenso de las tasas de desempleo en la Eurozona, el crecimiento de los salarios continúa siendo débil. En el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial por trabajador y mes fue de 2.010,73 euros en el cuarto trimestre de 2016, lo cual supone una caída interanual del 0,8%

Señala el BCE que la escasez de mano de obra ha provocado habitualmente en la Eurozona un incremento de las presiones salariales, pero la correlación parece haberse interrumpido en el transcurso de la recuperación, lo cual hace sospechar que la definición de desempleo está siendo demasiado estricta.

Según el indicador de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los demandantes de empleo se consideran desempleados si cumplen tres condiciones: a) no trabajar, b) estar disponibles para empezar el trabajo en un plazo de dos semanas y c) buscar empleo activamente.

Para evaluar bien la oferta de trabajo habría que ir a una definición más amplia del desempleo que incluyera a otros dos grupos: en primer lugar, sacando de inactivos, a los que no trabajan ni buscan empleo, desanimados por la falta de oportunidad de acceder a un trabajo en cierto momento, y en segundo término, a las personas ocupadas a tiempo parcial involuntariamente.

El trabajo a tiempo parcial no ha sido en España una alternativa buscada, como en Holanda por ejemplo, donde el 67% de las mujeres tienen este modelo de contrato y únicamente el 13,4% se considera subempleada, quizás porque en ese país se puede vivir con un contrato parcial. El salario mínimo en Holada pasa de 1.500 euros al mes, el doble que en España.

Voluntario o no, el trabajo a tiempo parcial se ha impuesto también en España en los recientes años y alcanza a cerca de 3 millones de trabajadores, en torno al 16% de los ocupados. Pero la mitad no es que hayan elegido un trabaja parcial porque quieran más tiempo para estudiar o cuidar a la familia, sino porque no encuentran un empleo mejor. Así, el desempleo que oculta el trabajo a tiempo parcial puede situarse en torno al 8% de los ocupados.


Si con esta definición más amplia del desempleo se llega en la Eurozona a una tasa de paro real del 18%, en España pasaríamos del 18,75% de tasa de desempleo oficial al entorno del 35% en 2013 y al 30% en 2016, como se observa en el gráfico.

La evolución del mercado laboral ha dado lugar a que algunos organismos internacionales, entre ellos la OCDE, comiencen a medir el mercado de trabajo con indicadores de desempleo más amplios, ya que ofrecen una perspectiva más ajustada a la realidad.

En EE.UU. la Oficina de Estadísticas Laborales elabora cuatro tasas de desempleo, desde el equivalente al de la OIT, denominada “U3”, que está en el 4,4%, hasta la más amplia (“U6”), que se sitúa en el entorno al 8,6%. Esta última es la que más observan los inversores cuando tratan de conocer la evolución económica.

Como señalan algunos analistas, la consecuencia inmediata de la inadecuada información estadística es que ha provocado fallos en las previsiones de comportamiento de los salarios en los últimos años. Muchas entidades anticiparon que entre 2013 y 2016 aumentarían los salarios y, sin embargo, han ido más bien estancándose.

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el conjunto de medidas de la Organización de Naciones Unidas para proteger el planeta y compartir la prosperidad entre todas las personas, están encabezados por “poner fin a la pobreza en todas sus formas” para el año 2030, una meta que han suscrito prácticamente todos los gobiernos del mundo.

Los expertos en desarrollo económico señalan que tenemos hoy la capacidad, quizás por primera vez en la historia, de eliminar totalmente la pobreza extrema, aquella en la que se encuentran los colectivos con ingresos inferiores a 1,9 dólares por persona y día.

Se calcula que es un 10% de la población mundial la que soporta esas condiciones y la mitad de ese colectivo está localizado en el Africa sub-sahariana o Africa negra, una zona al sur del Desierto de Sahara, donde se ubican países con situaciones de emergencia alimentaria.

El gráfico muestra el avance conseguido en los últimos 23 años en la reducción de la pobreza extrema, que ha descendido desde 1.800 millones de personas en 1990 hasta 800 millones en 2013, lo cual representa una disminución en torno a 43 millones por año.

Los expertos opinan que no será fácil mantener este ritmo de progreso en la erradicación de la pobreza en los próximos años, porque viene influido, entre otros condicionantes, por el elevado nivel de crecimiento económico de algunos grandes países en las últimas décadas, como China, en el que prácticamente ha desaparecido la pobreza extrema.

Donde se ha avanzado mucho ha sido en el conocimiento y en la evidencia empírica para reducir la pobreza en el mundo. Aunque las situaciones no son las mismas en todas las regiones, hay un consenso entre los expertos para desarrollar ciertas estrategias que permiten avanzar con firmeza en la consecución de un crecimiento económico inclusivo.

No hay ninguna duda de que deben priorizarse las actuaciones dirigidas a elevar el nivel educativo de la población y a realizar inversiones para mejorar las infraestructuras, a fin de que tanto las personas como los países aumenten su capacidad productiva.

Un segundo conjunto de medidas se orientan a garantizar la protección social de las poblaciones más vulnerables, con el objetivo de que puedan hacer frente a situaciones de enfermedad, desempleo y desastres naturales.

Y dadas las habituales situaciones de desigualdad, es necesario introducir una mayor progresividad en el sistema tributario, para favorecer la redistribución de la renta y, junto con la ayuda internacional, financiar las políticas antes citadas.

A las dificultades propias de poner en marcha cualquier programa de desarrollo hay que añadir las situaciones de conflicto en que viven algunos países. Es el caso de Sudan del Sur, una nación del Africa oriental, donde padecen una hambruna, esta vez no a consecuencia de la sequía, sino a las sangrientas luchas por el poder y el petróleo.

En casos así, son las ONG, con dificultades para realizar su trabajo a causa de los combates, las que continúan aportando ayuda a la población, dado que sus Estados acaban destinando la mayor parte de los recursos a la guerra.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

La propagación de la reciente crisis financiera por todo el mundo puso en evidencia la interconexión que existe entre los mercados, que permanecen unidos por las grandes arterias en las que discurren los flujos financieros. Cada día se mueven miles de millones de euros entre los países.

Hasta comienzos de los años 60, la mayoría de las operaciones bancarias se realizaban dentro del propio país, con moneda y clientes nacionales. Sin embargo, dos décadas más tarde, una parte significativa de los beneficios de muchos bancos provenía de las operaciones internacionales y, a partir de los años 90, resulta habitual que las entidades bancarias abran sucursales en el extranjero.

Cuando residentes de distintos países intercambian activos financieros (acciones, bonos…) se dice que operan en el mercado internacional de capitales, que en realidad es un conjunto de mercados unidos por sofisticados sistemas de comunicación. Uno de los más conocidos es el mercado de divisas (monedas extranjeras)

En el mercado internacional de capitales operan bancos centrales (Reserva Federal norteamericana, Banco Central Europeo...), bancos comerciales (Santander, BBVA...), grandes empresas e instituciones financieras no bancarias (no captan dinero del público) y otras instituciones públicas. Se intercambian activos financieros y depósitos bancarios denominados en monedas de diversos países.

Las transacciones entre residentes de diferentes países pueden ser de tres tipos: intercambio de bienes y servicios por bienes y servicios, intercambio de bienes y servicios por activos (financieros y reales) e intercambio entre activos financieros. Todas estas relaciones comerciales y financieras dan oportunidad de conseguir beneficios a los participantes.

En el siguiente gráfico, el profesor Krugman esquematiza los tipos de intercambios que se dan entre países

La flecha superior representa los intercambios que se producen cuando un país se concentra en las actividades que realiza con mayor eficiencia y utiliza parte de su producción para pagar los productos importados de otros países. Es la típica transacción comercial de bienes y servicios por bienes y servicios.

Otro tipo de intercambio es el de carácter intertemporal, representado por las flechas diagonales, que consiste en el intercambio de bienes y servicios actuales por bienes y servicios futuros, representados estos últimos por activos financieros. Es el caso de un país que, al no contar con ahorro nacional suficiente, emite bonos para conseguir recursos financieros para importar equipamientos de otro país extranjero.

La tercera categoría de transacciones internacionales viene representada por la flecha horizontal inferior. Representa el intercambio entre activos financieros. Este tipo de flujos financieros son los más importantes. Aunque su volumen ha descendido con la reciente crisis, en años anteriores al 2007 llegaron a representar más de un billón de dólares al año.

Salvo el dinero invertido en activos inmobiliarios, en metales preciosos o en arte, la inversión se realiza en activos financieros, que van desde los más sencillos, como acciones o deuda pública, hasta los más sofisticados, como son los contratos "derivados". Aunque estos últimos fueron ideados para proteger a los inversores de la inestabilidad de lo mercados, hoy día concentran el grueso de la especulación financiera y hacen que cada día cambien los precios, los tipos de interés, las tasas de cambio y los índices bursátiles.

Los mercados internacionales, que incorporan respecto a las operaciones realizadas en los mercados domésticos riesgos específicos derivados de la moneda utilizada y de la implantación de controles de cambio, se han convertido en importantes fuentes de financiación para todas las economías. Las empresas acuden a los mercados para colocar sus títulos de deuda o sus acciones. Y los Estados realizan subastas cada semana entre inversores nacionales e internacionales para cubrir los déficits públicos o refinanciar sus deudas.

UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPIO

Los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma del País Vasco han puesto fin a una década de litigio por el Cupo derivado del Concierto Económico, que es la aportación vasca al Estado por los servicios no transferidos, sellando así un acuerdo para los próximos cinco años.

En España coexisten desde 1981 dos sistemas de financiación diferentes, ambos con respaldo constitucional y legal: el común, que se aplica en 15 Comunidades Autónomas, y el foral, con concierto económico en el País Vasco y convenio en Navarra.

El concierto económico, poco conocido por los ciudadanos, es un sistema de financiación propio del País Vasco que regula las relaciones financieras y tributarias con el Estado español. En virtud del sistema concertado, la Constitución Española de 1978 establece que las instituciones forales vascas pueden mantener, establecer y regular su régimen tributario.

Los Territorios Históricos del País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba), a través de sus Juntas Generales, deciden los impuestos que deben pagar los ciudadanos y las Diputaciones Forales se encargan de recaudarlos y gestionarlos. Una parte de esa recaudación, que se denomina Cupo, va al Estado como contribución al sostenimiento de las cargas generales no asumidas por la Comunidad Autónoma.

Se trata de competencias no transferidas (Exteriores, Defensa, intereses y cuotas de amortización de la deuda pública, etc.), cuyo valor se fijó en el 6,24%, (proporción que representaba el PIB del País Vasco respecto del español) de los gastos que realice el Estado en lugar de asumirlos directamente la Comunidad Autónoma Vasca.

Por tanto, el Cupo no cubre directamente los gastos del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca, sino que viene a compensar una parte porcentual predeterminada de los gastos que realiza el Estado español en el desarrollo de sus propias competencias en el conjunto del Estado.

Si las restantes Comunidades Autónomas de España (salvo Navarra, que tiene Convenio), se rigen por el criterio de necesidad y reciben financiación del Estado para atender las competencias transferidas, el País Vasco se basa en un criterio de capacidad y se financia con un sistema propio de impuestos y aporta a los gastos comunes del Estado en función de su riqueza relativa.

El concierto es un régimen pactado, en el que las decisiones se toman en comisiones de composición paritaria de representantes del País Vasco y del Estado español, elevándose los resultados de la negociación a leyes que el Parlamento español aprueba o rechaza, pero no puede modificar su contenido.

El carácter solidario del Concierto se manifiesta tanto en la contribución del País Vasco a los gastos comunes en proporción a su PIB, no a su población, como en su aportación a la financiación del Fondo de Compensación Interterritorial, el instrumento previsto en la Constitución para reducir las diferencias entre las Comunidades Autónomas.

Pero el rasgo netamente diferenciador del Concierto respecto del sistema tributario del resto del Estado es que se trata de un régimen de responsabilidad o de riesgo unilateral. El País Vasco debe contribuir a los gastos comunes con independencia del resultado de la diferencia entre los ingresos recaudados y los gastos, ya que su aportación o Cupo se calcula con variables que fija la administración del Estado.

Se reconoce a las instituciones competentes de los Territorios Históricos Vascos las facultades de diseñar y aplicar su propio sistema tributario, respetando la armonización fiscal en la elaboración de la normativa tributaria, mantenimiento siempre una presión fiscal similar a la del resto del Estado y garantizando la libertad de circulación de personas, bienes y capitales.

DESCENSO DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2017, en España ha descendido el número de personas ocupadas respecto al trimestre anterior en un -0,38%, pero una vez desestacionalizado, que supone en este caso eliminar el efecto de la Semana Santa, la variación es positiva en un 0,70%. En los último 12 meses, el empleo ha aumentado en 453.100 personas en el sector privado y ha disminuido en 44.400 en el público.

El número de parados del trimestre sube en 17.200 personas y se sitúa en 4.255.000, aunque en términos desestacionalizados se ha reducido en un -3,02%. En los últimos 12 meses el paro ha disminuido en 536.400 personas.

La tasa de empleo, que es la proporción de personas ocupadas respecto de la población en edad de trabajar (16 a 64 años), indica la capacidad para crear empleo y volumen de producción. En España está en torno al 60%, una de las tasas más bajas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La media de los países asociados alcanza el 67%, con valores extremos en Islandia (87,5%) y Turquía (50,7%)

Hay que distinguir entre tasa de actividad y tasa de empleo o de ocupación. Mientras la primera mide la situación en el país con la población activa total (ocupados más desocupados), la tasa de empleo solamente incluye al hacer el cálculo la población ocupada.

Un dato interesante de esta EPA es que el número de personas activas desciende de nuevo en el primer trimestre en 52.600 y la tasa de actividad queda en el 58,78%.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de la población activa española a partir de 2005, en miles de personas



Como observamos en el gráfico, en los últimos cinco años, el número de personas en edad de trabajar y dispuestas a hacerlo ha descendido en 747.000 personas, lo cual representa un 3,1% del colectivo.

Esta tendencia se debe, en parte, a la salida del país de los inmigrantes que vinieron en la etapa expansiva anterior y regresan por las dificultades para hallar un puesto de trabajo. La falta de expectativas puede ser otra razón para la reducción del colectivo de personas activas, porque desanima a muchos trabajadores potenciales a seguir buscando empleo y se convierten en inactivos.

Y una tercera razón tiene que ver con el envejecimiento de la población, un problema que afecta a todos los países desarrollados. No se producen suficientes nacimientos como para asegurar el reemplazo de generaciones, con lo que disminuye la población a largo plazo. Además, está aumentando la esperanza de vida.

En una sociedad como la española, en la que las tasas de fecundidad y de mortalidad llevan tiempo siendo estables, un nuevo flujo inmigratorio podría convertirse en rejuvenecedor de la estructura de edad de la población, no sólo por la recepción de población joven como tal, sino también porque es un colectivo en edad reproductiva y con pautas de elevada fecundidad, que puede al menos suavizar las consecuencias del envejecimiento demográfico.