NUEVO SALARIO MÍNIMO

El Gobierno español ha fijado para el año 2017 el Salario Minimo Interprofesional (SMI) en 707,60 euros al mes, en 14 pagas. Se trata de la retribución mínima que debe percibir el trabajador por la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, con contratos fijos o temporales.

La subida, que representa el 8% interanual, ha sido considerada por algunos grupos políticos como insuficiente. Su planteamiento era que alcanzase en 2017 los 800 euros y llegase al 60% del salario medio al finalizar la legislatura (950 euros en 2020), tal como establece la Carta Social Europea, suscrita por España.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del SMI en la última década, en euros mensuales, en 14 pagas:

Los sindicatos recuerdan que más de cinco millones y medio de trabajadores cobran en España el SMI, una retribución con la que las familias difícilmente pueden cubrir los gastos mensuales. La recuperación económica debería permitir a sus receptores ser compensados de los nulos o mínimos incrementos que han tenido en los últimos años, sobre todo a partir de 2012

El nuevo salario mínimo viene a representar el 50% de la mediana salarial, la que divide a los asalariados en dos grupos numéricamente iguales. La mayoría de los países europeos disponen de un salario mínimo más elevado en porcentaje de la mediana salarial. Por ejemplo, el porcentaje del 63,2% en Portugal, 59% en Francia, 52,8% en Reino Unido y 51,7% en Holanda. Tan solo Alemania tiene un salario mínimo similar al español en porcentaje de la mediana.

El aumento del SMI afectará sobre todo a los jóvenes, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y las mujeres. Por el efecto demostración que tiene, no hay duda que la subida será aprovechada por los sindicatos en sus negociaciones con las empresas para mejorar sus retribuciones.

La subida del salario mínimo influye también en algunas prestaciones sociales y exige dotar los presupuestos públicos para revalorizar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) u otros tipos de ayuda social que van indexadas al SMI (cambian a su ritmo).

Existe el riesgo de que un aumento del SMI por encima de los niveles de equilibrio en algunos submercados de trabajo malogre las oportunidades de empleo de algunos trabajadores de baja cualificación. Pero aunque algunos estudios realizados durante la Gran Recesión encuentran correlación entre subidas de salario mínimo y descenso de empleo, las evidencias indican que no hay causalidad entre ellos, es decir, que la pérdida de puestos de trabajo no viene ocasionada por el nuevo salario, sino que es provocada por la caída de demanda que conlleva la recesión. El nuevo salario mínimo puede compensar pérdidas de capacidad adquisitiva sin afectar necesariamente de forma negativa al nivel de empleo

El mercado laboral no es como el de cualquier producto, porque los trabajadores son personas y las relaciones con los empresarios son más complejas que una simple relación de demanda y oferta. Las empresas saben que la mejora salarial tiende a favorece el incremento de la aportación del trabajador y disminuye la necesidad de realizar sustituciones, con lo que puede reducir los costes y compensar los posibles efectos sobre el nivel de empleo.

A propósito de un planteamiento de Obama sobre el salario mínimo, el economista Paul Krugman escribió en 2013: “Es un tema que se sigue investigando, pero una constante en todas las explicaciones es que los trabajadores no son sacos de trigo y ni siquiera apartamentos de Manhattan; son seres humanos, y las relaciones humanas que intervienen en la contratación y en los despidos son inevitablemente más complejas que los mercados de meras materias primas”

“Y una consecuencia de esta complejidad humana parece ser que los aumentos moderados de los sueldos para los peor pagados no necesariamente reducen el número de puestos de trabajo. Lo que esto quiere decir, a su vez, es que el principal efecto de un aumento de los salarios mínimos es un aumento de las rentas de estadounidenses que trabajan mucho, pero cobran poco, lo cual es, naturalmente, lo que estamos tratando de conseguir”

Sea bienvenido el aumento del Salario Mínimo Interprofesional tanto para dignificar el trabajo y lograr mejores niveles de redistribución de la renta como también para incentivar el consumo y la demanda interna, favoreciendo así al proceso de recuperación económica.

ALTERNATIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Se entiende por Política Económica el conjunto de acciones sobre variables económicas que emprenden las Administraciones Públicas y otras instituciones de un país, incluyendo las orientaciones y las exigencias de los grandes organismos internacionales, particularmente en un caso como España, un país integrado en la Unión Europea.

Hay un tipo de políticas, denominadas intervencionistas, basadas en el análisis keynesiano, que defiende la conveniencia de la intervención pública en la vida económica, porque se considera que los mercados no son capaces de asegurar ni un crecimiento económico sostenido ni el pleno empleo en una sociedad. Fue una reacción al desastre económico que trajo la Gran Depresión de 1929. 

Pero a partir de la década de los 80, el planteamiento ha sido criticado por los seguidores del pensamiento neoliberal, defendiendo que son los agentes económicos privados los que deben decidir la orientación de la economía, aduciendo la excesiva burocratización y la tendencia inflacionaria de la actuación pública.

En la imagen se señalan los grandes objetivos y los principales tipos de política económica que suelen utilizar los Estados para intervenir en las economías de los países.

Pensemos en el impulso industrializador en España, que llegó más tarde que en otros países de su entorno. A falta de ahorro privado, la industrialización se debió fundamentalmente a la intervención del Estado y a la llegada de capital extranjero. Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y se paralizó con la Guerra Civil.

Posteriormente, tras dos décadas de autarquía, en los años 60 comenzó una época de crecimiento económico, con planes de desarrollo impulsados por autoridades públicas, al tiempo que se daba una emigración cuantiosa del campo a las ciudades, impulsada por la mecanización agrícola. Al faltar oportunidades de empleo en el país, varios millones de personas acabaron en el extranjero.

Las políticas económicas promovidas en la última década por la Unión Europea no parece que hayan sido muy acertadas para los países de la periferia, muy endeudados, como España, por tratarse en muchos casos de medidas de corte neoliberal que, en lugar de ayudar a reducir el peso de las deudas y transformar las estructuras económicas para aumentar la competitividad, han venido a incrementar la desigualdad y la pobreza.

La orientación de la política económica ha consistido en tratar de fomentar a toda costa el comercio exterior, pero el éxito del sector exportador tiene un limitado efecto en el conjunto de la economía, porque no representa más allá del 25% de toda la actividad económica. La vía alternativa para fortalecer la recuperación es aumentar la demanda interna para estimular la economía a través de medidas tales como el aumento de los salarios y de las inversiones públicas.

El presidente del Banco Central Europeo acaba de pedir un cambio de enfoque, recomendando que la política monetaria expansiva ceda el testigo a la política fiscal y especialmente a reformas estructurales, a fin de facilitar las inversiones.

Pero la Comisión Europea exige que los presupuestos anuales cuenten con su aprobación antes de presentarlos a los Parlamentos del país. Y a partir del 2020 no se podrá plantear prácticamente ningún déficit en los presupuestos, con lo cual se anula la capacidad de los gobiernos estatales para diseñar una política económica con cierta autonomía.

El Eurogrupo acaba de rechazar, a instancias de Alemania y Holanda, el plan de estímulo fiscal del comisario Moscovici, frustrando las expectativas de que cambie una política económica de austeridad que está obstaculizando el crecimiento económico y la creación de empleo.

Se comprende así que esté reduciéndose el número de ciudadanos que confíen en la Unión Europea y muchos se pregunten si no sería preferible seguir el camino que han emprendido los británicos con su Brexit, o bien, como alternativa, exigir a las instituciones europeas el avance decidido hacia una Europa más solidaria y con estructuras verdaderamente democráticas.

EL COSTE ENERGÉTICO

El descubrimiento de los combustibles fósiles, con gran cantidad de energía, supuso la posibilidad de acceder a mayores niveles de bienestar. El carbón, el petróleo y el gas natural, que por su características químicas se emplean como combustibles, han ido formándose a través de procesos bioquímicos durante millones de años y constituyen un recurso natural no renovable.

El empleo de este tipo de combustibles a partir de la Revolución Industrial produjo un cambio muy importante en las tecnologías de producción y permitió un acelerado crecimiento económico, pero también dio lugar a un impacto negativo sobre el medio ambiente, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación del aire, el suelo y el agua.

Uno los consumos más importantes en la actualidad viene de no priorizar la producción y el comercio de proximidad. El proceso globalizador impulsa una tecnología logística que provoca consumos energéticos importantes, quizás por el bajo precio de los combustibles fósiles, que no han internalizado los costes de las infraestructuras ni lo costes medioambientales, a cargo de lo presupuestos generales del Estado.

Los procesos de automatización industrial y robótica están eliminando personal en las fábricas, pero incrementan el uso de energía. Al mismo tiempo, un planteamiento racional tiende a favorecer el cambio hacia la energías renovables, utilizando el viento, el agua, la radiación solar y otras fuentes.

Los procesos tecnológicos transforman la energía primaria (petróleo, carbón, sol, viento…) en electricidad, una energía secundaria que permite que llegue la luz a los hogares y se pongan en movimiento las máquinas de la empresas, entre otras aplicaciones.

No existe una fuente primaria energética que por sí sola pueda ser transformada en electricidad para abastecer toda la demanda. Se utilizan centrales térmicas (fuel, gas natural y carbón), que tienen el mayor coste de producción variable, así como energías renovable (solar, viento, fuerza hidráulica de los rios…) con el menor coste. En una posición intermedia se encuentran las centrales nucleares, con costes variables inferiores a los térmicos y superiores a las renovables.

Pero los costes variables no son los únicos que los inversores tienen que recuperar. Hay que tener en cuenta también los costes fijos (amortización de las inversiones en las centrales), que son distintos en cada tipo de central. Entre ambos conforman los costes totales.

Por tanto, no todos los costes de los Kwh son iguales, pero con el paradigma de la electricidad a un solo precio, éste resulta del encuentro de la demanda y la oferta total, aunque no se cubren los costes medios de las renovables y térmicas, que reciben como complemento unos ingresos regulados

Como observamos en los datos de Eurostat, España ha pasado de ser uno de los países europeos con la electricidad más barata a situarse, en el segundo semestre de 2015, en la quinta más elevada de Europa, lo cual dificulta la posición competitiva de las empresas, en particular las intensivas en energía.

El coste de la energía continúa subiendo por la evolución del mercado mayorista, en el que se negocian diariamente los precios de la electricidad que se produce en el país. Al mes de octubre, debido a la menor actividad de las centrales renovables, el aumento interanual era del 11%. En la factura no supone tal importe de incremento porque hay otros conceptos, tales como impuestos y subvenciones. El coste energético puro representa en torno al 30 o 40% del total a pagar.

En una comparación internacional, en el siguiente gráfico tenemos el precio del Kwh en euros (antes de impuestos) para las familias en los principales países europeos:


Como podemos observar en el gráfico, los precios  para los hogares en España también son más elevados que los de otros países europeos. El coste del Kwh supera a la media de la Eurozona en más del 30%, pero la diferencia en el total de la factura acaba siendo menor porque otros países cargan más por impuestos.

EL PRECIO DEL TRABAJO

Al igual que el Indice de Precios al Consumo (IPC) mide los cambios en el precio de una "cesta básica" estandarizada de bienes de consumo y servicios, el nuevo Indice de Precios de Trabajo (IPT), que ha preparado el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a una “cesta básica” estandarizada de puestos de trabajo, establece la variación salarial entre diferentes períodos. Cada puesto de trabajo está determinado por un conjunto de variables: rama de actividad, ocupación, antigüedad, tipo de contrato, edad, etc.

Por tanto, El IPT, de periodicidad anual, no está afectado por cambios en la calidad y cantidad de trabajo realizado, porque se han eliminado los efectos del “cambio de composición”, que se deben, entre otros factores, a la variación en el número de horas trabajadas, en el tipo de contrato, en las características de los asalariados, etc.).

Resulta sorprendente el dato de que en 2009, en el momento más intenso de la crisis, con una caída del 7% en el empleo, los salarios reales medios aumentaran un 4,5%. La explicación es que no se había tenido en cuenta que la crisis se estaba llevando por delante a cientos de miles de empleos con salarios bajos, principalmente temporales y del sector de la construcción, aumentando artificialmente los salarios medios (efecto composición).

El salario medio subió un 4,1%, no tanto por un aumento medio real de remuneraciones sino porque la destrucción de empleo modificó la composición del colectivo analizado. Al conservar su ocupación los trabajadores que más ganaban y perderla los que menos, el salario medio creció notablemente por el citado “efecto composición”. En realidad, en términos homogéneos, la subida salarial fue del 1,5%.

Según la información del INE, la variación acumulada en el período 2008-2014 fue del -0,7%, por tanto, el IPT indica que, al final del período de 6 años, los salarios eran inferiores a los iniciales.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución anual del IPT

Se puede observar que, pese a los aumentos de salario medio en tres años, las importantes caídas de los años 2011 y 2012 hacen que, en conjunto, el período de 6 años de crisis haya sido negativo para los trabajadores.

Pero estos salarios son nominales y no tienen en cuenta el incremento del IPC en el período. En el siguiente gráfico tenemos los salarios reales, resultado de añadir a la pérdida de salario nominal de 6 años (-0,7%) la pérdida de capacidad adquisitiva por incremento del IPC (8,5%).


El gráfico viene a mostrar la devaluación salarial sufrida realmente por los trabajadores durante la crisis. La capacidad adquisitiva descendió en un 9,2%, una caída media del 1,5% anual.

Estos datos explican que el trabajo no esté garantizando en muchos casos la salida de la pobreza y que, al afectar en mayor medida la pérdida salarial a la rentas más bajas, crezca la desigualdad entre las familias.

EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA

Últimamente han surgido dos declaraciones novedosas en la perspectiva sobre la función del Estado (Administraciones Públicas) en la economía de un país: los conservadores británicos, en contra de su tradicional ideario, están tratando ahora de incorporar la intervención pública al desarrollo industrial del Reino Unido, y en la Unión Europea, la Comisión Juncker, con mayoría también conservadora, prepara un Plan de Inversión, con fondos públicos y privados, para impulsar el crecimiento económico en lo países asociados.

En el desempeño económico de una sociedad moderna intervienen tanto el sector privado como el Estado. Entre ambos realizan la asignación y la distribución de los recursos de la sociedad. Pese a que prevalece la idea de vivir en una economía de mercado, los países cuentan con un sector público presente en muchas esferas de la actividad económica

Además de las transacciones económicas del ámbito del sector privado, en el desarrollo económico inciden los bienes y servicios, las leyes y normas, la educación, las infraestructuras y el bienestar social, facilitados por la actividad pública. Aunque diversas corriente de pensamiento económico han propugnado que la intervención del Estado debe limitarse a un mínimo, lo cierto es que sus funciones han ido ampliándose a lo largo de los dos últimos siglos en la mayoría de los países.

Una de sus funciones más importantes es la gestión del gasto público, estableciendo políticas que fijen las prioridades estratégicas del país y las áreas en las que se deben invertir los recursos aportados por los ciudadanos, tales como justicia, sanidad, educación y seguridad.

Una segunda función es la regulación y el seguimiento de la actividad económica, sirviéndose de la política monetaria, asignada al banco central, y la política fiscal, estableciendo los impuestos necesarios y recurriendo al endeudamiento cuando sea preciso para financiar la estructura pública y los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Además, la regulación estatal debe garantizar la libre competencia, con normas antimonopolio como defensa de los consumidores.

Vemos en el gráfico que el gasto público español en el año 2015 (43,8%) estaba por debajo de la media de los principales países europeos (47,7%)

En un sistema capitalista, la actuación del Estado trata de mantener el equilibrio entre dos objetivos, en muchos casos contradictorios: favorecer la reproducción del capital privado y proteger el ejercicio del poder ciudadano, ya que que en las democracias parlamentarias, el Estado es la instancia colectiva en la que los ciudadanos pueden tener cierto poder no derivado de su capacidad económica.

Aunque la teoría neoclásica considera que el Estado apenas debe intervenir en la vida económica, el mundo empresarial cuenta con las entidades públicas para desarrollar sus actividades tanto en épocas de expansión como de dificultades. En la crisis de 2007, todos los agentes económicos privados han considerado que corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para salir de la recesión. Los ejemplos más significativos han sido los millonarios rescates de algunos importantes bancos con dinero público.

No cabe duda de que el planteamiento de incrementar la intervención del Estado muestra cierto escepticismo respecto a la capacidad del mercado para solucionar los retos a los que se enfrentan las economías. Hay aspectos, como el estímulo a la innovación y el conocimiento, que requieren el apoyo decidido del sector público, así como la implementación de políticas sociales que garanticen el estado de bienestar.

En la búsqueda de la intervención estatal existe también cierta fascinación por las economías orientales, que incluyen participaciones públicas directas en el entramado productivo, con un control importante de las estrategias y resultados. Así, en países como China y Corea del Sur se impone un modelo de desarrollo industrial competitivo que amenaza el liderazgo de algunas grandes empresas occidentales.

CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL

El cambio normativo que introdujo el Gobierno español en el mercado laboral en el año 2012 ha deteriorado las reglas de contratación, las de despido, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva. Un síntoma de la inquietud suscitada es el aumento del “presentismo laboral”, un término que utilizan los médicos e investigadores sociales para referirse a las personas que trabajan estando enfermas, para no perder una parte del salario o evitar el riesgo de quedarse sin empleo.

El objetivo de la reforma laboral se ha centrado en provocar la caída de los salarios para mejorar la competitividad, como sustitución de la devaluación monetaria, que no es posible al pertenecer España a la Eurozona. Se ha tratado de abaratar productos y servicios para facilitar las exportaciones, a base de recortar costes, sobre todo laborales.

El planteamiento responde a la perspectiva dominante (economía neoclásica) sobre el mercado laboral, que considera el tiempo de trabajo como una mercancía más, sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda. El modelo concluye que, en un entorno plenamente competitivo, las fuerzas del mercado establecerán un equilibrio de los intereses opuestos de trabajadores asalariados y empleadores, tendiéndose al pleno empleo.

La realidad española es que para la quinta parte de la población activa el trabajo regular y permanente ha dejado de formar parte de sus expectativas y los que tienen empleo temen perderlo.

A nivel europeo, las reformas de los últimos años se han basado en esta idea del funcionamiento del mercado laboral, que ha propiciado el auge de los “minijobs” (jornada parcial) y el trabajo temporal. Ha mejorado el empleo, pero a base de incrementar el trabajo parcial involuntario y hundir en la pobreza a muchos trabajadores.

Observamos que la población activa española (ocupados más los que buscan empleo) ha descendido en las últimos cinco trimestres, lo cual está ayudando a que descienda el paro. La caída del número de activos es debida a la reducción de la población en edad de trabajar, el incremento de jóvenes menores de 25 años que cursan estudios y el aumento de los desanimados, personas que piensan que no van a encontrar empleo.

Tras la crisis de 1929, el economista británico J.M.Keynes, rebatiendo a los neoclásicos, estableció que el nivel de empleo depende fundamentalmente de las expectativas de los empleadores, que no serán buenas a medio plazo ante el descenso de consumo que origina la caída de los salarios, porque las retribuciones de los trabajadores son ingresos con los que se demandan bienes y servicios a las empresas, que pueden acabar vendiendo menos, con lo que acaban necesitando menos trabajadores.

A fin de corregir el paro elevado, Keynes planteó la intervención de los poderes públicos para aplicar políticas económicas coyunturales que incrementen la demanda, tales como las políticas presupuestaria, monetaria y de rentas. Así, una subida del salario mínimo aumentará el poder adquisitivo de los trabajadores, el planteamiento de obras públicas incrementará la inversión y las facilidades de crédito estimularán el consumo de los hogares, así como los proyectos empresariales.

En esta línea de actuación, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para aumentar la tasa de crecimiento y crear más empleo, planteó recientemente impulsar las inversiones en la Unión Europea, con el objetivo de que lleguen a 630.000 millones de euros de aquí a 2022, según la hoja de ruta expuesta ante el pleno del Parlamento Europeo, durante su discurso del Estado de la Unión.

Por el momento, los datos disponibles sobre el mercado de trabajo ponen de manifiesto que, pese a la recuperación económica, el descenso del paro está siguiendo una estrategia de creación de empleo precario y el desempleo se hace cada vez más crónico y está menos protegido.

ECONOMÍA DEL "EFECTO GOTEO"

La teoría del “efecto goteo” surgió en el siglo XX en el mundo de la moda, al considerar que la forma de vestir de las clases más altas llega a las más bajas en forma de “goteo”, de arriba hacia abajo, por imitación

Hacia los años 80, la teoría fue adoptada por la económica neoliberal y dio fundamento a las políticas fiscales del presidente norteamericano Ronald Reagan, El “efecto goteo”viene a decir que las generosas prerrogativas fiscales proporcionadas a las grandes empresas y las rebajas de impuestos en favor de los más ricos generan beneficios que, cayendo hacia abajo como gotas, se transforman en ventaja para todos.

También se llama “teoria del derrame” porque recoge la imagen de unos vasos colocados en pirámide. Vertiendo un líquido al vaso que se encuentra en la cúspide se observa que, al llenarse el vaso, el líquido restante gotea o salpica a los de abajo.

Así sucede el fenómeno físico, pero es porque no cambia el tamaño de ningún vaso. Trasladado a la economía, si los que están en la parte superior absorben cada vez más riqueza (aumento del tamaño de los vasos), acaban recogiendo gran parte del aumento de PIB (el nuevo liquido que se vierte), tal como se observa en la siguiente figura



La economía del goteo o del lado de la oferta hace referencia a las políticas económicas que favorecen a los llamados “generadores de riqueza”. Se pregona que beneficiar a los empresarios ayudará a crear empleo y mejorará las condiciones de vida de todos los ciudadanos. En los discursos de John F.Kennedy se encuentra el aforismo que se repite continuamente: “una marea alta levanta todos los barcos”

Esta forma de ver la economía dice que las políticas públicas deben centrarse exclusivamente en potenciar los crecimientos de los países, porque esa riqueza que se genera se va repartiendo por sí misma, goteando a todas las capas sociales

La agenda económica actual sigue dominada por esta teoría, que ha sido respaldada por organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Sin embargo, parece que hay cierto cambio en la dirección de los vientos. Hasta el FMI, que está teniendo que considerar a la distribución de la renta como un asunto importante de la estabilidad macroeconómica, en sus jornadas de otoño, ha señalado que el mundo se recupera lento y frágil de la crisis más dura desde la Gran Depresión, un declive brutal que ha empobrecido a las clases trabajadoras hasta en los países más ricos.

Admite que la riqueza no se reparte sola, es decir, que la economía del goteo es insuficiente y que ha aumentado la desigualdad en las últimas décadas. Reconoce que la distribución de la renta afecta al crecimiento, porque si la proporción de los ingresos del 20% más rico se incrementa, el crecimiento del PIB decrece en el medio plazo.

Los datos muestran que una insignificante minoría de la población mundial acumula la quinta parte de la riqueza del planeta. Recientemente, la ONG Oxfam daba a conocer que 62 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones, un símbolo muy claro de la injusticia del sistema económico neoliberal. Es evidente que la riqueza no está goteando hacia abajo para penetrar en las capas sociales más bajas.

Como afirman algunos economistas, las herramientas con las que se trabaja han tendido a centrarse en el crecimiento del PIB, pero el problema es que si ese crecimiento va al 2% de la población y el 98% pierde, además de ser injusto, se genera un problema sociopolítico.