LA FINANCIARIZACIÓN

Se denomina financiarización al aumento de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento de la economía. Es resultado de la evolución bancaria en el capitalismo que se ha desarrollado desde los años 1970, caracterizado por un elevado endeudamiento y el dominio de las finanzas sobre la economía real productiva.

La financiarización opera mediante la transformación de derechos de crédito en títulos financieros comercializables, emitidos por los mercados de capitales. En el gráfico tenemos el caso de la titulización hipotecaria, que nació en España por una disposición legal de 1992, en la que una entidad convierte los créditos hipotecarios en Bonos Titulizados para ser intercambiados en los mercados de renta fija. La consecuencia es que el banco vende a otros las hipotecas, traspasando los riesgos que conllevan junto con los beneficios

Observamos cómo se transfiere el préstamo hipotecario del activo del banco al Fondo de Titulización, donde se transforma en los bonos de titulización hipotecaria, y el banco ingresa el efectivo percibido por la venta del préstamo. El Fondo venderá esos bonos a terceros, bien inversores particulares, bien otros fondos. La consecuencia principal es que se elimina el riesgo del balance del banco vendedor y recibe a cambio liquidez.

El crecimiento extraordinario del sector financiero podemos observarlo con nitidez en EEUU, el país que mejor ejemplifica la financiarización. La participación del ámbito financiero en el Producto Interior Bruto se ha duplicado en las últimas cuatro décadas, ascendiendo del entorno del 4% en 1970 al 8% a mediados de la década actual.

La función tradicional del sistema financiero ha sido canalizar los recursos líquidos de la economía hacia las empresas y las familias que desean invertir, una tarea de intermediarios financieros, recogiendo los fondos ahorrados en depósitos y entregándolos en forma de préstamos para la inversión y el consumo.

Pero en 1970, EE.UU. pone punto final al sistema de Breetton Woods, que había ligado en cuatro décadas el valor de las monedas al oro a través del dólar. Cuando se pierde esa referencia surge un nuevo contexto internacional, en el que el sector financiero comienza a ganar importancia a costa del ámbito productivo.

La financiarización es un proceso muy inestable, porque las finanzas acaban desconectándose de la economía productiva. Se crean montañas de préstamos y deudas, sin soporte de verdadero valor, y los procesos terminan en bancarrota. Es lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria, que se fue hinchando y acabó con una enorme deuda de familias y empresas

El divorcio entre el ámbito financiero y el productivo no es sostenible en el tiempo: el crecimiento de las cotizaciones bursátiles necesita ser respaldado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de las empresas, del mismo modo que el continuo incremento de la deuda no puede mantenerse si no crecen los ingresos de las empresas y las familias. Dado su sesgo cortoplacista, la financiarizaión tampoco cumple con las exigencias de facilitar el desarrollo de la economía productiva e impulsar el crecimiento económico.

Los efectos macroeconómicos de la financiarización son la subordinación de la economía pública a los dictados de los poderes privados más dinámicos, especulativos y deslocalizados. El poder financiero subordina los derechos sociales e impone la reestructuración regresiva del Estado de bienestar, negando la viabilidad de cualquier alternativa de cambio.

EL ORDOLIBERALISMO ALEMÁN

El liberalismo sustenta la actividad económica en la iniciativa privada y afirma que son las fuerzas del mercado las que deben establecer los precios de los productos y servicios, así como las retribuciones al trabajo. Sostiene que la actividad del Estado ha de quedar reducida al mínimo imprescindible. 

El pensamiento liberal se sistematizó en el siglo XVIII con Adam Smith, al que se viene considerando como el padre de la economía. Su principal obra se centró en la riqueza de las naciones, en la que estudia el crecimiento económico, analizando la especialización en el trabajo, la productividad, la formación del capital y el ahorro.

El planteamiento liberal dominó hasta la crisis de 1929, cuando el derrumbe económico hizo que se desconfiara de las bondades del sistema de mercado. El economista inglés John Maynard Keynes demostró la importancia de la participación del Estado en la actividad económica, sobre todo para afrontar las oscilaciones económicas. 

El ordoliberalismo (del latin ordo, orden) es una vertiente del pensamiento liberal que formuló en los años 1930 el economista alemán Walter Eucken, profesor de la Universidad de Friburgo, quien señalaba que el Estado no tiene que intervenir en la economía, sino crear ciertas reglas y asegurar su cumplimiento. La preocupación social inicial de esta corriente de pensamiento desapareció con el planteamiento neoliberal, a partir de los años 1980, caracterizado por las privatizaciones, la desregularización y la austeridad laboral, entre otros aspecto. El ordoliberalismo no se preocupa por la redistribución de la riqueza y está a medio camino entre el liberalismo anglosajón y la planificación estatal del nazismo. Por todo ello se le llama también neoliberalismo alemán. 

Al ordoliberalismo alemán ven algunos como una reacción al liberalismo desregulado de los primeros veinte años del siglo pasado, que provocó una hiperinflación en la República de Weimar (1918-1933) y dejó grabada en la sociedad alemana la obsesión por la estabilidad de los precios. 

En el año 2000, Alemania se acercó hasta el 10% de desempleo, considerado muy alto para el país, y estableció una reforma laboral con despido barato, “minijobs” y contratación temporal, modelo que se extendió más tarde a las economías periféricas europeas, entre ellas España.

En la última década, el ordoliberalismo ha ido incorporando al pensamiento original de la escuela de Friburgo otros principios, como el crecimiento a base de exportaciones y el recorte del gasto público. Entiende que la austeridad y la estabilidad de los precios son prioritarias al crecimiento económico. En mensajes repetidos por el Presidente de Gobierno español y algunos de sus ministros, “la austeridad da confianza e impulsa el crecimiento económico”.

Con la imposición del pensamiento económico alemán, parece que se aleja la visión de una construcción europea que trate de fomentar la cooperación entre los países de la Unión. Como algunos economistas vienen señalando, en lugar de austeridad se requiere un crecimiento apoyado por un fondo de solidaridad para ayudar a la estabilización de los países de la periferia europea.

Pero estamos viendo que Alemania impone su obsesión por el equilibrio presupuestario y no atiende a las voces que alertan de las deficiencias de consumo e inversión que padecen los países de la Eurozona.

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

Hay un consenso generalizado entre los economistas de que la educación y la calidad de las instituciones explican en torno al 90% de las diferencias en los niveles de rentas entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La mejora del potencial humano influye en la remuneración, empleabilidad y productividad de los trabajadores, puesto que favorece la innovación y el incremento de los capitales físico y tecnológico.

Por desgracia, España es líder europeo en abandono escolar temprano, es decir, en la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que han abandonado las aulas sin cursar Bachillerato ni Formación Profesional.

Vemos en el gráfico que, con datos de 2015, uno de cada cinco españoles (20%) de esas edades solo ha cursado el nivel de estudios obligatorios para afrontar la vida y enfrentarse a un mercado laboral que se está complicando. La media europea es del 11% y la Comunidad Autónoma Vasca se sitúa en el 9,7%

La evaluación PISA 2012 advertía que España ocupaba en las tres competencias analizadas (lectura, matemáticas y ciencias) los puestos 23, 25 y 21, respectivamente, entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), posiciones parecidas a las obtenidas en las cuatro ediciones realizadas desde el año 2000.

En cuanto a las habilidades prácticas, en los siguientes gráficos tenemos la posición que ocupa España:

Los alumnos de bajo nivel representan un 26,2% en España frente a la media del 17,6% en los países de la OCDE, y los de nivel excelente suponen el 3,4%, cuando en el conjunto de los países llegan al 8%. 

En España se tendrá que llegar a un gran acuerdo en educación entre todas las fuerzas políticas y sociales para conseguir una mejora sustancial de los resultados del sistema educativo. Expertos en educación señalan, entre otras, la necesidad de reducir a la mitad el abandono educativo temprano, mejorar la puntuación obtenida en la evaluación PISA, desarrollar nuevas habilidades y aumentar el gasto público en educación, que en el 2012 había descendido al 4,55% del PIB, hasta el 5%. La mejora del potencial humano puede ser una de las mejores estrategias para el progreso del país.

CONDICIONANTES DE LA INVERSIÓN

El desglose correspondiente a la Contabilidad Nacional española del segundo trimestre confirma la continuación de la fase expansiva, pero señala el descenso de la contribución de la demanda nacional o interna, que incluye el gasto en consumo y la formación bruta de capital (inversión). 

La inversión empresarial abarca dos componentes: la formación bruta de capital fijo (edificios, maquinaria, elementos de transporte, etc) y la variación de las existencias. Entre ambos conforman la parte del nuevo valor añadido de la economía que se invierte en lugar de consumirse. 

Por los datos que aporta el Banco de España, mientras que el avance del PIB del segundo trimestre desciende del 0,8% en el 2015 al 0,7% en el año actual, la contribución de la demanda interna cae de modo más pronunciado. España todavía no ha vuelto a alcanzar los niveles de renta per cápita de 2008, dado que en el conjunto del período 2008-2015, mientras los países de la Eurozona crecieron en promedio un 12,6%, el PIB de España cayó un 0,6%. 

En el conjunto de los países desarrollados, a pesar del extraordinario apoyo financiero de los bancos centrales con la masiva compra de bonos (flexibilización cuantitativa), la economía mundial no está en buen estado. Se constata que el sector empresarial ha reducido la inversión en relación con el PIB en los últimos años. 

Las causas pueden ser el envejecimiento de la población, la reducción del potencial de crecimiento, la innovación tecnológica, que reduce la necesidad de capital, y la forma de retribuir a los directivos, que muchas veces ya no depende del esfuerzo inversor realizado sino del precio de las acciones. 

Como el bajo nivel de inversión puede lastrar la recuperación económica, el Banco Central Europeo ha realizado una encuesta entre grandes empresas para conocer sobre el terreno los motivos del descenso en las inversiones.

En el siguiente gráfico se recogen las respuestas de los empresarios:

Las empresas responden que la falta de inversión obedece en primer lugar a la ausencia de demanda, seguido de las expectativas no muy favorables y la sobrecapacidad productiva de las instalaciones empresariales.

La preocupación por la incidencia de los costes laborales en las decisiones de inversión, un argumento que ha sido utilizado para provocar la devaluación salarial y los ajustes en los gastos sociales, aparece situada en la posición séptima, y el cambio en la regulación del mercado laboral queda relegado al décimo lugar.

RENTA MÍNIMA

Los secretarios generales de los dos grandes sindicatos españoles (UGT y CC.OO) han presentado recientemente al Congreso de los Diputados para su tramitación como Iniciativa Legislativa Popular las cerca de 700.000 firmas que se han conseguido para reclamar una renta mínima para los desempleados que carecen de ingresos. 

La iniciativa busca establecer un nuevo derecho subjetivo, vinculado a la Seguridad Social y financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado, que permita dotar a los beneficiarios con una cuota mensual de 426 euros. No sería una renta básica de ciudadanía, sino una renta mínima para desempleados, por lo que la percepción estaría vinculada a la búsqueda de un puesto de trabajo o la participación en programas de inserción laboral.

El desempleo es uno de los mayores estigmas de la sociedad española. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre de 2016 había 4.574.700 parados (20%) y la prestación de desempleo está cubriendo únicamente en torno al 53% de los parados. Los hogares que tenían a todos sus miembros activos en desempleo en ese trimestre alcanzaban los 1.493.800

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de los desempleados, desglosado por el tiempo de paro:

Observamos que, a medida que va reduciéndose, el paro se cronifica, incrementándose ligeramente la proporción de desempleados de larga duración (más de 1 año), que en el segundo trimestre de 2016 alcanza el 58% del desempleo total, en tanto que los correspondientes a muy larga duración (más de 2 años) se sitúa en el 43% 

Esta preocupante situación en la mitad de los desempleados está relacionada con la escasa efectividad de los recursos dedicados a las Políticas Activas de Empleo, que impide mejorar la empleabilidad y facilitar la salida del paro a los desempleados de larga duración. 

Un reciente informe de la Fundación Foessa analiza la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los estudios muestran una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos. Se constata la dificultad de una generación que ha vivido sus primeros pasos en una familia en situación de pobreza, para generar un cambio en el nivel socioeconómico con relación a la generación anterior. No resulta extraño que los centros de servicios sociales están asistiendo a nietos de aquellos que atendieron hace 30 años, previo paso de los padres.

La iniciativa de los sindicatos puede ser un primer paso hacia la Renta Básica Universal. Dado el desequilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo, va a ser necesario garantizar un ingreso mínimo a toda la población de forma individualizada e incondicional, como un pilar de la igualdad de oportunidades, que rompa la cadena de transmisión intergeneracional de la pobreza y sea un instrumento para defender el deterioro de las condiciones de vida.

EL RETO DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA

La economía colaborativa es una tendencia tecnológica que supone un cambio de paradigma, porque plantea que los ciudadanos dejen de ser únicamente consumidores de bienes y servicios para compartir sus recursos con otros usuarios a cambio de una remuneración. La innovación técnica que utiliza no es más que una aplicación informática de web y móvil.

En los últimos años, la popularización de internet ha ido cambiando la forma de aprender, comunicarnos o entretenernos, accediendo a recursos tales como Wikipedia, YouTube y Android. Se está digitalizando el mundo físico y crecen las interconexiones, tanto entre personas como entre aparatos.

Posiblemente la mayoría de las necesidades actuales se podrían atender sin recurrir a mayor producción. Las primeras acciones del modelo colaborativo están siendo compartir coche y alojarse en casas ajenas. Pero, dada la infrautilización de otros muchos recursos, no son más que los primeros pasos para un uso más racional de los mismos.

Se estima que el sector industrial puede tener más del 20% de su capacidad infrautilizada, un porcentaje similar de los puestos de trabajo de las oficinas están sin ocupar y una cuarta parte de los camiones viajan vacíos cada día. La infrautilización de la capacidad productiva afecta negativamente a las cuentas de resultados de las empresas 

Por ello, aparte de que los ciudadanos puedan obtener unos ingresos extra prestando servicios puntuales, la alternativa colaborativa está siendo desarrollada por empresas que ofrecen este tipo de servicios o que sirven de punto de apoyo entre usuarios utilizando plataformas digitales que crean lo que se denominan “mercados de múltiples lados”, en los que diferentes tipos de agentes intercambian servicios

Algunas de las empresas más conocidas del modelo colaborativo son Airbnb, líder mundial en alojamiento; Rentalia, un portal de alquiler vacacional, Uber y Blablacar, que conectan conductores con plazas disponibles con pasajeros interesados en un mismo recorrido, y plataformas como Instacart o Delivery Hero en el sector de la distribución.

La evolución de la economía colaborativa puede ser muy rápida y, aunque no vaya a destacar en la creación de empleo, tendrá notables efectos socioeconómicos, porque a su novedad tecnológica se une la percepción cada vez mayor de su necesidad en un planeta con recursos limitados. 

Está claro que las plataformas digitales permiten crear nuevos y mejores servicios, que utilizan los recursos, a menudo escasos, de una manera más eficiente, y pueden llegar a mayor cantidad de usuarios, así como soportar más proveedores, mejorando la productividad y creando más riqueza.

Pero como la Unión Europea exige que se cumplan las normas establecidas para asegurar que todos los agentes compiten en condiciones de igualdad, el reto para las instituciones es decidir el tratamiento que se debe dar a un nuevo actor que se quiere introducir en el mercado con un modelo diferente, usando tecnologías que dejan obsoletas las reglas establecidas. La respuesta que se dé a este planteamiento va a ser una de las claves para el desarrollo de la economía colaborativa

TRANSFERENCIAS DE RENTAS

Aunque se estima que el desempleo explica un 80% de la desigualdad en España, también tienen importancia otros factores que agrandan la inequidad social, tales como el abandono escolar temprano,  la falta de igualdad de oportunidades y la ineficiencia en los mercados de trabajo

En la preocupación por la lentitud en el descenso del alto nivel de paro está presente la idea  de que el proceso de automatización incide de manera significativa en la destrucción de empleo. Sin embargo, hay que recordar que ha habido progreso tecnológico desde el comienzo de la revolución industrial y las tasas de paro no han sido crecientes en el conjunto de los países.

Es cierto que las nuevas tecnologías hacen inviables algunas actividades empresariales, pero afloran también oportunidades para desarrollar otras. Aunque se piensa que los principales afectados son los trabajadores menos cualificados, lo cierto es que la automatización incide sobre el empleo de las actividades con tareas más rutinarias. Por ejemplo, pueden verse afectados trabajadores de cualificación intermedia, como los contables, sustituidos por programas de ordenador.

La economía española se enfrenta a la necesidad de incorporar a la recuperación en curso a la parte de la población que ha ido quedándose excluida, bien por encontrarse en paro, o bien, por tener contratos precarios.  Para ello tendrá que disminuir el fracaso escolar, aumentar la formación técnica y ofrecer una alternativa al colectivo de desempleados.

Pero mientras surtan efecto las políticas activas de empleo hará falta que continúe funcionando el sistema de las transferencias sociales de las Administraciones Públicas, el instrumento corrector de desigualdades, que toma renta de una parte de la sociedad para dársela a los colectivos en situación precaria. Existen la prestación de desempleo, la renta de garantía de ingresos y otros subsidios, pero la cobertura resulta escasa en el conjunto del Estado español.

En el siguiente gráfico, tomado de BBVA Research, tenemos los efectos de las transferencias de renta en la reducción de la desigualdad de la distribución de la renta:

En términos del índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad en el reparto de la renta (entre 0 y 100, a medida que aumenta crece la desigualdad), vemos que las transferencias e impuestos reducen la desigualdad de nivel 54 a 35, y con la imputación del gasto público en sanidad y educación llega a disminuir hasta 29, lo que supone una reducción de la desigualdad inicial en un 46%.

Es evidente, por tanto, que el Estado de Bienestar tiene potencial para realizar ajustes en la distribución de la renta. Confiemos en que las propuestas de rentas mínimas y rentas complementarias publicitadas por los partidos políticos españoles acaben en leyes y se transformen en políticas efectivas que mejoren la cobertura social.