INVERSIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Aunque en el lenguaje popular se utiliza la palabra “inversión” para referirse tanto a la compra de una vivienda como a  la de activos financieros (acciones, fondos de pensiones, etc.), en macroeconomía se denomina únicamente al  flujo de gasto que aumenta el volumen de capital físico (edificios, equipamientos, existencias…)

Conviene distinguir dos conceptos: volumen de inversión ya realizada (stock de capital) e inversión del período (flujo de inversión). Suele utilizarse la metáfora del embalse de agua para diferenciar el stock del flujo. El agua embalsada en un momento dado es el stock y el agua que entra en el embalse es el flujo. El tamaño del embalse (stock) suele ser muy grande en comparación con el movimiento de agua de un período (flujo). El stock de capital neto nominal será en España en torno a los 3,5 billones de euros y la inversión anual no alcanza en estos momentos los 200.000 millones.

La inversión es un sector muy variable de la demanda agregada. El flujo inversor influye poco en la producción total del país, pero a largo plazo es el que determina el volumen de stock total y, por tanto, fija la oferta de producción.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del PIB (columnas azules) y de la Inversión (columnas rojas) en España durante el período de crisis. Los datos están en miles de millones de euros:

 Las líneas de tendencias nos indican que la caída de la inversión es mucho más pronunciada que la del producto del país. Mientras que el PIB ha disminuido desde el máximo de 2008 el 6%, la inversión lo ha hecho desde el nivel más alto, en el 2007,  un 40%

El impacto de la crisis ha sido brutal en la inversión,  sobre todo en la pública, que se situó en torno a 20.300 millones de euros en 2012. La inversión total, privada y pública, suponía en 2007 el 30,7% del PIB y al final de 2012 se había reducido al 19,1%, una caída de 11,6 puntos en 5 años.

La economía española dejó de caer en el 2013 y se estima que este año el PIB puede aumentar en el entorno del 1%. Es posible que en el 2014 suba ligeramente el empleo, pero una salida auténtica de la crisis  requiere incrementos de inversión que hagan posible el crecimiento del PIB a ritmos suficientes para situar el desempleo del país a niveles razonables.

EL CONSUMO EN LA CRISIS

Desde el comienzo de la crisis, la parte de la renta disponible familiar dedicada al consumo de los bienes básicos (alimentos, entre otros) ha ganado importancia en el conjunto del gasto, debido al aumento de los precios que ha propiciado sobre todo la mayor carga de impuestos y la subida de algunas tarifas reguladas.

Como consecuencia, la parte de los bienes duraderos de consumo, tales como lavadoras, frigoríficos y demás utensilios del hogar, se ha reducido desde cerca del 10% hace una década al 6% actual. Ha influido también en este notable descenso el endurecimiento de las condiciones de financiación.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del consumo total de los hogares, en continuado descenso desde el tercer trimestre de  2010:

La línea azul representa, en porcentajes interanuales, los efectos de la segunda recesión de la actual crisis sobre el consumo familiar. Al descenso en el tercer trimestre de 2010, siguen pronunciadas caídas trimestrales hasta el primer trimestre de 2013. El ritmo de  disminución del consumo va cayendo, hasta que en el tercer trimestre (columna roja) se produce el primer aumento.

Dada la importancia del consumo familiar, que representa en España en torno al 60%, vamos a analizar el comportamiento de los bienes de consumo no duraderos y de los servicios, ya que los bienes duraderos son en gran parte una especie de inversión, aunque la contabilidad nacional los considera como consumo

En una primera aproximación, el análisis económico relaciona el consumo de los hogares con la renta disponible. Se supone que el consumo de un año y los ingresos de las familias de ese mismo año evolucionaban a la vez, sin distinguir entre variaciones temporales y permanentes de la renta.

El cociente entre el consumo y la renta se denomina propensión a consumir y como las opciones son únicamente gastar o ahorrar, si la familias consumieron el 91,8% de su renta disponible en el año 2012, es que dedicaron al ahorro el resto, el 8,2% (propensión a ahorrar).

El análisis económico moderno hace hincapié en las decisiones que se toman teniendo en cuenta los ingresos que se prevén a lo largo de toda la vida. El consumo y el ahorro se basan en la renta permanente, que es el consumo que podría mantener una persona durante toda su vida con el nivel actual de riqueza y la renta que percibirá en adelante.

Ante cualquier aumento de renta, el consumidor trata de averiguar si es temporal o permanente. Si lo considera permanente, puede dedicarla al consumo en su totalidad. En cambio, si es temporal,  apenas va a influir en el consumo, puesto que, para mantenerlo constante, debe repartirlo entre los años futuros. En consecuencia, la propensión al consumo del incremento  será muy baja. Cualquier aumento transitorio o temporal se dedicará a ahorro.

En algunas ocasiones la decisión de consumir no responde al razonamiento de la renta permanente, debido a  la restricción de liquidez. Sucede cuando se prevé un continuado aumento de rentas pero, al ser futuras,  no se dispone de recursos líquidos o de acceso a un préstamo para convertirlas hoy en consumo. Es el caso de los jóvenes que acceden al primer empleo. Deberían consumir según la renta esperada a lo largo de toda su vida, que irá en ascenso, lo cual supondría gastar hoy más de lo que ganan, pero únicamente podrán hacerlo si consiguen acceder a préstamos.

Una aplicación de la teoría de la renta permanente a la política tributaria es el caso de la subida temporal de impuestos en EE.UU. en 1968 para contrarrestar el exceso de gasto que ocasionó la guerra de Vietnam. Como la subida era para un solo año, no tuvo ningún efecto. Al ser temporal la caída de la renta disponible, las familias continuaron realizando prácticamente el mismo nivel de consumo.

EL ÁMBITO FINANCIERO DE LA ECONOMÍA

A medida que las sociedades van desarrollándose, algunas personas e instituciones gastan en un período dado más que la renta que ingresan, recurriendo al crédito. Es el caso de las familias para comprar una vivienda  y las empresas para adquirir equipamientos. Son los que denominamos inversores.

Hay otros que, en el mismo período, gastan menos que la renta que perciben. Son los ahorradores. Los defectos y excesos de recursos que se producen entre ambos grupos en un período se intercambian a través de los instrumentos financieros.

Los instrumentos incorporan un reconocimiento de deuda y constituyen activos financieros para el poseedor del título, que tiene derecho a recibir los fondos en las condiciones estipuladas. Al mismo tiempo, para el emisor de la deuda, el título es un pasivo financiero, puesto que debe realizar los pagos previstos.

Así, un crédito hipotecario es un activo financiero para el banco y un pasivo para la familia que lo ha contratado. Un título de deuda pública es un activo financiero para el comprador y un pasivo para el Estado que lo ha emitido.

Este es el ámbito financiero de la economía, que enlaza las cuentas de la economía real con la cuenta financiera. Al conjunto de activos, mercados e instituciones que lo conforman se denomina sistema financiero, que es el encargado de canalizar el ahorro hacia los inversores.

La cuenta financiera es un componente del sistema de cuentas que permite analizar la financiación neta obtenida u otorgada como diferencia entre la compra de activos financieros y la suscripción de pasivos financieros por cada sector (Hogares, Empresas, Administraciones Públicas, Instituciones Financieras y Resto del Mundo).

El saldo de cada sector viene a señalar, cuando es positivo, el excedente de ahorro, que se ha prestado, o los fondos recibidos, si es negativo. Se trata de la contrapartida financiera de la capacidad o necesidad de financiación que surge en la economía real.

En cada sector institucional de los arriba citados se cumple que la inversión más la variación de activos financieros se iguala con el ahorro más el cambio en los pasivos financieros. Es decir, Recursos = Empleos.

Por ejemplo, si el sector de instituciones o empresas financieras invierte 1.000 y además adquiere participación en empresas no financieras por 200, puede haberse financiado con ahorro del propio sector de 700 y, como no es suficiente para completar los 1.200 de dedicación  total (1.000+200), se ha endeudado por 500.

Los activos de la economía real (ahorro e inversión), se complementan con los del ámbito de la economía financiera (activos y pasivos financieros).

A través de las Cuentas Nacionales que publica el Instituto Nacional de Estadística podemos conocer la capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales de la economía española.

El sector Instituciones Financieras es el dedicado a la intermediación entre los inversores y los ahorradores. Tiene habitualmente capacidad de financiación. Al contrario, las sociedades no financieras constituyen un sector deficitario, que se financia a través de préstamos y emisión de acciones.

Las Administraciones Públicas presentan habitualmente déficit y, por tanto, tienen necesidad de financiación, que la cubren emitiendo deuda pública. Las familias disponen habitualmente de capacidad de financiación, pero en la adquisición de viviendas suelen precisar de préstamos de las entidades financieras.

Tal como se observa en el gráfico, como resultado de la actuación de todos los sectores institucionales, la economía española  presentó una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 7.051 millones de euros en el segundo trimestre de 2013, cuando en el mismo período del año anterior tenía una necesidad de financiación de 2.677 millones de euros. Representa una notable mejora, que ayudará a ir afrontando la reducción de la importante deuda externa del país.

TRAYECTORIA PREOCUPANTE DE LA DEUDA

Así califica Rouriel Rubini, profesor de la Universidad de New York, a la evolución de la deuda pública española,  consecuencia de la acumulación de los déficits anuales que comentábamos en la entrada anterior. Advierte, además, que si se recorta más el gasto público para forzar la reducción del déficit presupuestario, terminará fomentándose un proceso recesivo.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de la deuda en los últimos años, en porcentaje del PIB:

Aunque la deuda española es inferior a la del conjunto de la Eurozona, el crecimiento resulta mucho más rápido en la primera, de tal modo que los cerca de 24 puntos porcentuales de diferencia del 2010 han quedado reducidos a 4 a la altura del 2012.

Según los datos más recientes del Banco de España, en el tercer trimestre de este año, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 93,4% del PIB, al subir hasta 954.863 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,73% respecto al mismo trimestre de 2012.

Después de Japón y Reino Unido, España es la economía con mayor deuda pública y privada en el mundo desarrollado, una deuda excesiva que preocupa en la Comisión Europea. A final de año, la deuda pública podría estar cerca del 100% del PIB (límite autorizado 60%) y la privada por encima del 200% (límite, 160%)

El Pacto de Estabilidad contempla la posibilidad de llegar a un procedimiento sancionador al país que supere una deuda del 60% del PIB, si no reduce el exceso a un ritmo medio del 5% cada año.

Bajo la presión de los mercados financieros, España incorporó en el año 2011 a la Constitución la llamada “regla de oro fiscal”, estableciendo los límites del déficit y de la deuda, y dando prioridad al pago de los interés y a la devolución de los préstamos.

Aunque los países acreedores no admitan su parte de responsabilidad en el sobreendeudamiento  y quieran cobrar todo lo prestado de modo irresponsable, dadas las dificultades de reducir tanto la deuda pública como la privada, algunos economistas no descartan que se tenga que llegar a una reestructuración, quita o aplazamiento.

DEFICIT PUBLICO EXCESIVO

En la actualización de las previsiones para el final de 2013, la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) ha estimado el déficit de las Administraciones Públicas de España en el -6,8% del PIB (sin incluir la ayuda a la banca), superando la cifra comprometida con las autoridades europeas en 0,3%.

El saldo presupuestario (SP) es la diferencia entre los ingresos públicos (T), que son los impuestos y las cotizaciones sociales, y los gastos públicos totales, formados por las compras de bienes y servicios (G) y las trasferencias (TR), con pensiones y ayuda al desempleo como partidas más importantes.

En un planteamiento simplificado, partiendo de que existe únicamente una tasa proporcional (t) sobre la renta, los ingresos serán T = tY. Por lo tanto,

                         SP =  tY – G - TR

Una vez fijados t, G y TR, el saldo presupuestario es función del nivel de renta (Y). Con niveles bajos de renta, el saldo presupuestario será deficitario, puesto que los gastos y las transferencias del Estado superarán a la recaudación. En cambio, en niveles de renta alta el presupuesto tendrá superávit.

Como observamos en el gráfico, el déficit presupuestario no depende sólo de la política gubernamental, sino de todo lo que afecte al nivel de renta. Así, en las crisis suele ser muy importante el nivel de inversión privada, que puede impulsar la producción del país y aumentar los ingresos fiscales, haciendo mejorar el saldo presupuestario.

Desde el comienzo de la crisis actual, los efectos sobre los saldos presupuestarios anuales del Estado han sido devastadores. El déficit público alcanzó un máximo en 2009, con el 11,1% del PIB, y fue reduciéndose en los años siguientes.

En el siguiente gráfico observamos la evolución del déficit público español y del conjunto de la Eurozona, en porcentaje sobre el PIB,  en la última década:

Comprobamos la dispar evolución de los déficits español y europeo. En el año 2012, mientras la Eurozona redujo el déficit del -4,2% al -3,7%, España aumentó del -9,4% al 10,6%, (incluyendo la ayuda a la banca).

El país sigue sometido al “procedimiento de déficit excesivo” y ha de seguir las recomendaciones de la Comisión Europea que, en caso de incumplirlas, le pueden llevar a un expediente sancionador.

Haría falta cierto nivel de inflación y el crecimiento del PIB para incrementar la recaudación tributaria e ir reduciendo el déficit en los próximos años, además de rebajar el coste de los intereses de la deuda pública.

RECAUDACIÓN FISCAL EXIGUA

El gobernador del Banco de España ha manifestado que existen riesgos de incumplimiento del objetivo de déficit público del 6,5% del PIB comprometido para 2013, debido a la debilidad de los ingresos  fiscales.

Se va extendiendo la opinión de que el modelo fiscal español no funciona. Aunque los tipos  en vigor en algunos impuestos son de los más elevados de Europa, la recaudación, en proporción al PIB, se aleja de la media de los países europeos.

Los ingresos de las Administraciones Públicas españolas, que alcanzaron los 378.650 millones de euros  en 2011, se nutrieron en su mayor parte de tres partidas: Las cotizaciones sociales, que representaron el 36,8%; los impuestos directos, incluyendo el IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones, llegaron al 27,8%, y los impuestos indirectos, que engloban el IVA, Consumos específicos e Importaciones, supusieron el 27,6%.

En el siguiente gráfico recogemos la recaudación, en porcentaje sobre el PIB, según Eurostat, tanto en España como en la Eurozona en los últimos 10 años:

En el 2012, la Hacienda Pública española recaudó el 37,1% y, la media de la Eurozona alcanzó el 46,3%. Pese a las subidas fiscales  recientes, España ingresa hoy 51.000 millones de euros menos que antes de iniciarse la crisis económica. La atonía de la recaudación es tal que se ingresan 4 puntos porcentuales menos que Portugal y 7,5 menos que Grecia.

Por lo tanto, la presión fiscal en España, medida como la proporción del total de impuestos y cotizaciones sociales recaudados respecto del PIB,  que alcanzó el 41% en 2007,  con  la llegada de la crisis ha descendido 4 puntos porcentuales.

Había conseguido acercarse a los niveles medios europeos en los años 2006 y 2007, pero ahora ha aumentado la brecha, porque los otros países han conseguido mantener su presión fiscal y en España ha caído significativamente durante la crisis.

GASTO PÚBLICO Y ECONOMÍA DE BIENESTAR

La actuación del Estado en la economía se orienta a la configuración y el mantenimiento de un marco institucional para las transacciones de los agentes económicos, a la asignación de recursos a través de procesos políticos y, en concurrencia con el sector privado, a intervenir en el campo empresarial por medio de empresas públicas. 

La Hacienda Pública, a través de los ingresos y gastos públicos, interviene en la actividad económica para atender las demandas sociales, corrigiendo los resultados que se derivan de la actuación de los mercados, a fin de modificar la distribución de la renta o reducir las fluctuaciones de los ciclos económicos.

A tal orientación se denomina “Estado de bienestar”, una actuación solidaria de la sociedad que trata de garantizar un nivel de vida a los ciudadanos, poniendo una red protectora que aminore las desigualdades. La dedicación presupuestaria a tal finalidad supuso en España en 2011 el 65,3% de los gastos totales de las Administraciones Públicas. 

 

El gasto dedicado a protección social está formado por transferencias públicas, tanto monetarias como en especie. Las transferencias que se ofrecen fundamentalmente en especie son los servicios sanitarios (6,3% del PIB en 2011) y educativos (4,7%), además del gasto público en vivienda y en actividades culturales.

 En el siguiente gráfico se recogen las dedicaciones a educación de los países de la Unión Europea en porcentaje sobre el PIB:



Los datos corresponden al año 2009, antes de iniciar los recortes presupuestarios en los países europeos periféricos. En aquel año, España dedicaba el 5,1% del PIB a educación y ocupaba el sexto lugar por la cola. Para el 2011, la dedicación había caído al 4,7%.

En cuanto a las transferencias monetarias, las más importantes son las que corresponden a las pensiones (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente), con un 10,7% del PIB en 2011, y a la protección al desempleo (2,8%). También se transfieren fondos para la incapacidad laboral transitoria y los programas de lucha contra la pobreza.

 El sector púbico español cuenta con tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. Cada nivel tiene sus propias Administraciones y Empresas Públicas.  En el año 1985, el sector público central (Administración Central y Seguridad Social) suponía un 79% del gasto total, quedando para las Administraciones Territoriales un 21%, en tanto que en el 2012 (corregido de la ayuda financiera) la distribución fue del 55% frente al 45%, respectivamente.

La Administración Central atiende a los servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad y servicios generales) y a la inversión en infraestructuras. La Seguridad Social está centrada en cubrir las necesidades de la vejez, el desempleo, la incapacidad y la exclusión social. Las Comunidades Autónomas son las competentes en la prestación de servicios tales como educación, sanidad, atención a la dependencia y a la discapacidad.

 En cuanto a las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos) dedican sus presupuestos a los transportes urbanos, gestión de residuos, abastecimiento y depuración de agua, urbanización y actividades culturales y deportivas.

Si nos fijamos en el ámbito europeo del estado del bienestar, observamos que, según Eurostat, que acaba de publicar los datos de 2011, el gasto medio de la Unión Europea en protección social fue del 29,1% del PIB, en tanto que en España no pasó del 26,1%.