EL ÁMBITO FINANCIERO DE LA ECONOMÍA

A medida que las sociedades van desarrollándose, algunas personas e instituciones gastan en un período dado más que la renta que ingresan, recurriendo al crédito. Es el caso de las familias para comprar una vivienda  y las empresas para adquirir equipamientos. Son los que denominamos inversores.

Hay otros que, en el mismo período, gastan menos que la renta que perciben. Son los ahorradores. Los defectos y excesos de recursos que se producen entre ambos grupos en un período se intercambian a través de los instrumentos financieros.

Los instrumentos incorporan un reconocimiento de deuda y constituyen activos financieros para el poseedor del título, que tiene derecho a recibir los fondos en las condiciones estipuladas. Al mismo tiempo, para el emisor de la deuda, el título es un pasivo financiero, puesto que debe realizar los pagos previstos.

Así, un crédito hipotecario es un activo financiero para el banco y un pasivo para la familia que lo ha contratado. Un título de deuda pública es un activo financiero para el comprador y un pasivo para el Estado que lo ha emitido.

Este es el ámbito financiero de la economía, que enlaza las cuentas de la economía real con la cuenta financiera. Al conjunto de activos, mercados e instituciones que lo conforman se denomina sistema financiero, que es el encargado de canalizar el ahorro hacia los inversores.

La cuenta financiera es un componente del sistema de cuentas que permite analizar la financiación neta obtenida u otorgada como diferencia entre la compra de activos financieros y la suscripción de pasivos financieros por cada sector (Hogares, Empresas, Administraciones Públicas, Instituciones Financieras y Resto del Mundo).

El saldo de cada sector viene a señalar, cuando es positivo, el excedente de ahorro, que se ha prestado, o los fondos recibidos, si es negativo. Se trata de la contrapartida financiera de la capacidad o necesidad de financiación que surge en la economía real.

En cada sector institucional de los arriba citados se cumple que la inversión más la variación de activos financieros se iguala con el ahorro más el cambio en los pasivos financieros. Es decir, Recursos = Empleos.

Por ejemplo, si el sector de instituciones o empresas financieras invierte 1.000 y además adquiere participación en empresas no financieras por 200, puede haberse financiado con ahorro del propio sector de 700 y, como no es suficiente para completar los 1.200 de dedicación  total (1.000+200), se ha endeudado por 500.

Los activos de la economía real (ahorro e inversión), se complementan con los del ámbito de la economía financiera (activos y pasivos financieros).

A través de las Cuentas Nacionales que publica el Instituto Nacional de Estadística podemos conocer la capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales de la economía española.

El sector Instituciones Financieras es el dedicado a la intermediación entre los inversores y los ahorradores. Tiene habitualmente capacidad de financiación. Al contrario, las sociedades no financieras constituyen un sector deficitario, que se financia a través de préstamos y emisión de acciones.

Las Administraciones Públicas presentan habitualmente déficit y, por tanto, tienen necesidad de financiación, que la cubren emitiendo deuda pública. Las familias disponen habitualmente de capacidad de financiación, pero en la adquisición de viviendas suelen precisar de préstamos de las entidades financieras.

Tal como se observa en el gráfico, como resultado de la actuación de todos los sectores institucionales, la economía española  presentó una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 7.051 millones de euros en el segundo trimestre de 2013, cuando en el mismo período del año anterior tenía una necesidad de financiación de 2.677 millones de euros. Representa una notable mejora, que ayudará a ir afrontando la reducción de la importante deuda externa del país.

TRAYECTORIA PREOCUPANTE DE LA DEUDA

Así califica Rouriel Rubini, profesor de la Universidad de New York, a la evolución de la deuda pública española,  consecuencia de la acumulación de los déficits anuales que comentábamos en la entrada anterior. Advierte, además, que si se recorta más el gasto público para forzar la reducción del déficit presupuestario, terminará fomentándose un proceso recesivo.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de la deuda en los últimos años, en porcentaje del PIB:

Aunque la deuda española es inferior a la del conjunto de la Eurozona, el crecimiento resulta mucho más rápido en la primera, de tal modo que los cerca de 24 puntos porcentuales de diferencia del 2010 han quedado reducidos a 4 a la altura del 2012.

Según los datos más recientes del Banco de España, en el tercer trimestre de este año, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 93,4% del PIB, al subir hasta 954.863 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,73% respecto al mismo trimestre de 2012.

Después de Japón y Reino Unido, España es la economía con mayor deuda pública y privada en el mundo desarrollado, una deuda excesiva que preocupa en la Comisión Europea. A final de año, la deuda pública podría estar cerca del 100% del PIB (límite autorizado 60%) y la privada por encima del 200% (límite, 160%)

El Pacto de Estabilidad contempla la posibilidad de llegar a un procedimiento sancionador al país que supere una deuda del 60% del PIB, si no reduce el exceso a un ritmo medio del 5% cada año.

Bajo la presión de los mercados financieros, España incorporó en el año 2011 a la Constitución la llamada “regla de oro fiscal”, estableciendo los límites del déficit y de la deuda, y dando prioridad al pago de los interés y a la devolución de los préstamos.

Aunque los países acreedores no admitan su parte de responsabilidad en el sobreendeudamiento  y quieran cobrar todo lo prestado de modo irresponsable, dadas las dificultades de reducir tanto la deuda pública como la privada, algunos economistas no descartan que se tenga que llegar a una reestructuración, quita o aplazamiento.

DEFICIT PUBLICO EXCESIVO

En la actualización de las previsiones para el final de 2013, la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) ha estimado el déficit de las Administraciones Públicas de España en el -6,8% del PIB (sin incluir la ayuda a la banca), superando la cifra comprometida con las autoridades europeas en 0,3%.

El saldo presupuestario (SP) es la diferencia entre los ingresos públicos (T), que son los impuestos y las cotizaciones sociales, y los gastos públicos totales, formados por las compras de bienes y servicios (G) y las trasferencias (TR), con pensiones y ayuda al desempleo como partidas más importantes.

En un planteamiento simplificado, partiendo de que existe únicamente una tasa proporcional (t) sobre la renta, los ingresos serán T = tY. Por lo tanto,

                         SP =  tY – G - TR

Una vez fijados t, G y TR, el saldo presupuestario es función del nivel de renta (Y). Con niveles bajos de renta, el saldo presupuestario será deficitario, puesto que los gastos y las transferencias del Estado superarán a la recaudación. En cambio, en niveles de renta alta el presupuesto tendrá superávit.

Como observamos en el gráfico, el déficit presupuestario no depende sólo de la política gubernamental, sino de todo lo que afecte al nivel de renta. Así, en las crisis suele ser muy importante el nivel de inversión privada, que puede impulsar la producción del país y aumentar los ingresos fiscales, haciendo mejorar el saldo presupuestario.

Desde el comienzo de la crisis actual, los efectos sobre los saldos presupuestarios anuales del Estado han sido devastadores. El déficit público alcanzó un máximo en 2009, con el 11,1% del PIB, y fue reduciéndose en los años siguientes.

En el siguiente gráfico observamos la evolución del déficit público español y del conjunto de la Eurozona, en porcentaje sobre el PIB,  en la última década:

Comprobamos la dispar evolución de los déficits español y europeo. En el año 2012, mientras la Eurozona redujo el déficit del -4,2% al -3,7%, España aumentó del -9,4% al 10,6%, (incluyendo la ayuda a la banca).

El país sigue sometido al “procedimiento de déficit excesivo” y ha de seguir las recomendaciones de la Comisión Europea que, en caso de incumplirlas, le pueden llevar a un expediente sancionador.

Haría falta cierto nivel de inflación y el crecimiento del PIB para incrementar la recaudación tributaria e ir reduciendo el déficit en los próximos años, además de rebajar el coste de los intereses de la deuda pública.

RECAUDACIÓN FISCAL EXIGUA

El gobernador del Banco de España ha manifestado que existen riesgos de incumplimiento del objetivo de déficit público del 6,5% del PIB comprometido para 2013, debido a la debilidad de los ingresos  fiscales.

Se va extendiendo la opinión de que el modelo fiscal español no funciona. Aunque los tipos  en vigor en algunos impuestos son de los más elevados de Europa, la recaudación, en proporción al PIB, se aleja de la media de los países europeos.

Los ingresos de las Administraciones Públicas españolas, que alcanzaron los 378.650 millones de euros  en 2011, se nutrieron en su mayor parte de tres partidas: Las cotizaciones sociales, que representaron el 36,8%; los impuestos directos, incluyendo el IRPF, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones, llegaron al 27,8%, y los impuestos indirectos, que engloban el IVA, Consumos específicos e Importaciones, supusieron el 27,6%.

En el siguiente gráfico recogemos la recaudación, en porcentaje sobre el PIB, según Eurostat, tanto en España como en la Eurozona en los últimos 10 años:

En el 2012, la Hacienda Pública española recaudó el 37,1% y, la media de la Eurozona alcanzó el 46,3%. Pese a las subidas fiscales  recientes, España ingresa hoy 51.000 millones de euros menos que antes de iniciarse la crisis económica. La atonía de la recaudación es tal que se ingresan 4 puntos porcentuales menos que Portugal y 7,5 menos que Grecia.

Por lo tanto, la presión fiscal en España, medida como la proporción del total de impuestos y cotizaciones sociales recaudados respecto del PIB,  que alcanzó el 41% en 2007,  con  la llegada de la crisis ha descendido 4 puntos porcentuales.

Había conseguido acercarse a los niveles medios europeos en los años 2006 y 2007, pero ahora ha aumentado la brecha, porque los otros países han conseguido mantener su presión fiscal y en España ha caído significativamente durante la crisis.

GASTO PÚBLICO Y ECONOMÍA DE BIENESTAR

La actuación del Estado en la economía se orienta a la configuración y el mantenimiento de un marco institucional para las transacciones de los agentes económicos, a la asignación de recursos a través de procesos políticos y, en concurrencia con el sector privado, a intervenir en el campo empresarial por medio de empresas públicas. 

La Hacienda Pública, a través de los ingresos y gastos públicos, interviene en la actividad económica para atender las demandas sociales, corrigiendo los resultados que se derivan de la actuación de los mercados, a fin de modificar la distribución de la renta o reducir las fluctuaciones de los ciclos económicos.

A tal orientación se denomina “Estado de bienestar”, una actuación solidaria de la sociedad que trata de garantizar un nivel de vida a los ciudadanos, poniendo una red protectora que aminore las desigualdades. La dedicación presupuestaria a tal finalidad supuso en España en 2011 el 65,3% de los gastos totales de las Administraciones Públicas. 

 

El gasto dedicado a protección social está formado por transferencias públicas, tanto monetarias como en especie. Las transferencias que se ofrecen fundamentalmente en especie son los servicios sanitarios (6,3% del PIB en 2011) y educativos (4,7%), además del gasto público en vivienda y en actividades culturales.

 En el siguiente gráfico se recogen las dedicaciones a educación de los países de la Unión Europea en porcentaje sobre el PIB:



Los datos corresponden al año 2009, antes de iniciar los recortes presupuestarios en los países europeos periféricos. En aquel año, España dedicaba el 5,1% del PIB a educación y ocupaba el sexto lugar por la cola. Para el 2011, la dedicación había caído al 4,7%.

En cuanto a las transferencias monetarias, las más importantes son las que corresponden a las pensiones (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente), con un 10,7% del PIB en 2011, y a la protección al desempleo (2,8%). También se transfieren fondos para la incapacidad laboral transitoria y los programas de lucha contra la pobreza.

 El sector púbico español cuenta con tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. Cada nivel tiene sus propias Administraciones y Empresas Públicas.  En el año 1985, el sector público central (Administración Central y Seguridad Social) suponía un 79% del gasto total, quedando para las Administraciones Territoriales un 21%, en tanto que en el 2012 (corregido de la ayuda financiera) la distribución fue del 55% frente al 45%, respectivamente.

La Administración Central atiende a los servicios públicos básicos (justicia, defensa, seguridad y servicios generales) y a la inversión en infraestructuras. La Seguridad Social está centrada en cubrir las necesidades de la vejez, el desempleo, la incapacidad y la exclusión social. Las Comunidades Autónomas son las competentes en la prestación de servicios tales como educación, sanidad, atención a la dependencia y a la discapacidad.

 En cuanto a las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos) dedican sus presupuestos a los transportes urbanos, gestión de residuos, abastecimiento y depuración de agua, urbanización y actividades culturales y deportivas.

Si nos fijamos en el ámbito europeo del estado del bienestar, observamos que, según Eurostat, que acaba de publicar los datos de 2011, el gasto medio de la Unión Europea en protección social fue del 29,1% del PIB, en tanto que en España no pasó del 26,1%.

 

 

 

DESCENSO DEL TIPO DE INTERÉS

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha rebajado el “tipo de intervención”, el interés de los préstamos que concede a las entidades de crédito, al 0,25% desde el 0,50% anterior. Con este descenso, el precio del dinero se sitúa en la zona euro en un nuevo mínimo histórico.

La reducción del tipo de interés es una medida de política monetaria que se adopta en situaciones de debilidad económica, a fin de impulsar el consumo y la inversión, los componentes de la demanda interna.

La curva de oferta agregada a corto plazo (OAcp), con salarios no totalmente flexibles, tiene pendiente positiva. Los precios (P) suben al aumentar la producción (Y), ya que aumenta el empleo y tienden a subir los costes laborables.

En cambio, la demanda agregada (DA) tiene pendiente negativa: aumenta con el descenso de los precios. El banco central puede influir en la demanda modificando el tipo de interés (i), que tiene por objetivo cambiar el volumen de dinero en circulación.

El descenso del tipo de interés básico (i₀ a i₁) tiende a mover la demanda agregada de DAi₀ a DAi₁ (flecha negra),  con lo que el equilibrio se desplaza de E₀ a E₁, aumentando el nivel de producción (Y₀ a Y₁) y el nivel de precios (P₀ a P₁). Este es el efecto expansivo que puede buscar el descenso del tipo de interés (0,50% a 0,25%)  del BCE que, para lograrlo,  debe influir en las tasas de interés que cobran las entidades de crédito a los préstamos concedidos a las familias y empresas.

Una consecuencia directa de que baje el precio de dinero es que puede reducir las cuotas que pagan los hipotecados, dado que existe una relación directa entre la evolución de los tipos de interés y el Euribor (0,534% a mediados de noviembre), la tasa que se utiliza para calcular las hipotecas. La reducción del tipo de interés disminuye también el coste de financiación de las empresas, cuando están referenciados al Euribor.

Por otro lado, la rebaja del precio de dinero viene a depreciar el euro, rompiendo la tendencia al alza de los dos últimos años frente al dólar, lo cual favorece la competitividad de las empresas exportadoras españolas.

Todas estas mejoras potenciales están condicionadas por la posibilidad de acceso al crédito de familias y empresas, puesto que la mitad de las PYMES españolas se están quedando sin el crédito que necesitan. El crédito que disponen los bancos se está dedicando a comprar deuda pública, es decir, a atender la necesidad de financiar el sector público.

Como observamos en el siguiente gráfico, la tendencia en la concesión de créditos es claramente descendente.

 Parece acertado que se tienda a reducir el coste de los préstamos, pero no se debe olvidar que el 23% de las PYMES españolas afirma que el acceder a la financiación es su problema más urgente.

CAMBIOS EN EL SISTEMA BANCARIO

La función del sistema bancario es canalizar el ahorro, fundamentalmente de las familias, hacia la demanda originada por el consumo y las inversiones de las empresas.

En España está formado por tres tipos de entidades: los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Dada la diferente configuración jurídica de bancos y cajas, han tenido que recurrir a distintas vías para conseguir los recursos propios necesarios para su desarrollo.

Los bancos son sociedades anónimas y elevan su patrimonio  mediante ampliaciones de capital. Las cajas de ahorros, por su naturaleza fundacional, sólo podían aumentar sus recursos reduciendo las obras benéfico-sociales y emitiendo cuotas participativas (títulos sin derechos políticos), pero la  bancarización aprobada en el año 2010 les permite captar recursos en el mercado. En cuanto a las cooperativas de crédito, el incremento de sus recursos propios viene de las aportaciones de los socios y de la capitalización de los resultados.

El reciente proceso de saneamiento del sistema bancario español parece que se cierra tras la aportación realizada por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un organismo intergubernamental del Consejo Europeo para gestionar las crisis y salvaguardar la estabilidad financiera en la zona Euro.

El coste de la crisis bancaria actual, entre inyecciones de capital y compras de activos,  es del orden de 67.000 millones de euros y la cifra final será seguramente más elevada. Dado el origen de los fondos, serán los contribuyentes quienes lo soporten en su mayor parte.

El proceso de saneamiento de la banca ha reducido notablemente el número de entidades de crédito. En 8 años ha descendido casi a la mitad. La caída más drástica ha sido la de las Cajas de Ahorro, un 72%, tal como se puede comprobar en el cuadro siguiente

Tipos de entidades	1995	2005	2013
Bancos	112	74	54
Cajas	51	47	13
Cooperativas de Crédito	97	83	41
Total	260	204	108

Como algunas entidades supervivientes están controladas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el número disminuirá todavía más próximamente.

La reducción ha provocado el aumento en la concentración del sistema bancario. Las seis primeras por tamaño (Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular) suponen el 70% de los  activos totales del sistema bancario.

Por tanto, estamos ante una transformación del sistema bancario, uno de cuyos resultados está siendo reducir la competencia y elevar el poder de mercado en sus relaciones con los usuarios.